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Imagen de archivo de una protesta de trabajadores de Grecasa/TA. Imagen de archivo de una protesta de trabajadores de Grecasa/TA.

Denuncia de irregularidades con los trabajdores de Asista Canarias

direojed Sábado, 08 de Octubre de 2022 Tiempo de lectura:

La empresa pública Asista Canarias (antigua Grecasa), empresa dedicada a la Recaudación ejecutiva del Gobierno de Canarias y participada en el 100 por ciento de sus acciones por la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, hace frente al pago de intereses, costas y sobrecostes asociados al pago de las condenas judiciales por los procedimientos judiciales que los trabajadores han promovido. Dicho importe asciende, a día de hoy, a 500.000 euros.


Con ocasión del recorte ilegal de complementos reconocidos en su convenio colectivo, los trabajadores y trabajadoras, después de intentar negociar el fin del recorte por vía pacífica y, habiendo alcanzado un principio de acuerdo con la gerencia de la empresa , por el cual se renunciaba a la mitad de lo adeudado al personal laboral y, a todos los intereses devengados de dichas cantidades, el Consejo de Administración de Asista Canarias (antigua Grecasa) decidió no aprobar definitivamente dicho principio de acuerdo, obligando a la tramitación de procedimientos judiciales, que fueron vencidos todos, por los trabajadores.


Todo ello ha sido puesto en conocimiento del vicepresidente del Gobierno de Canarias y a su vez, presidente de la Junta General de Asista Canarias, Don Román Rodríguez Rodríguez, mediante escrito presentado por los representantes de los trabajadores y trabajadoras sin obtener, a día de hoy, respuesta alguna.

A pesar de las insistentes solicitudes de explicación sobre la forma de proceder con los trabajadores y de las reiteradas advertencias sobre el coste adicional que supone las condenas en costas, unido todo ello, al pago de intereses de demora, los responsables de la empresa utilizan el silencio por respuesta.


Desde CSIF Canarias se anuncia que se tomarán las medidas oportunas para poner los hechos en conocimiento de la Administración pública competente.

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