Menos de un mes para evitar el desahucio de una familia con dos niños en Gran Canaria

Teresa, su marido enfermo y sus dos niños, de 13 y 8 años de edad, pueden verse en la calle en menos de 30 días. La familia, vecina de Las Palmas de Gran Canaria, apenas percibe 700 euros de una mutua (por una enfermedad que incapacita al marido de Teresa para trabajar). Esos son los únicos ingresos de la unidad familiar. Sin poder hacer frente al alquiler de forma regular, los impagos se han ido acumulado.

Ahora se enfrentan a una orden de lanzamiento en firme que supondrá, si no lo evitamos, que el próximo 7 de octubre a las 10:00 de la mañana la policía se personará en su único hogar para expulsarlos violentamente, incluyendo a los niños.

Cuando quien desahucia es un particular, entendemos, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que la pelota está en el tejado de las instituciones. Hemos contactado con todas ellas, desde el Ayuntamiento capitalino, al Cabildo Insular y el Gobierno de Canaria, para poner en su conocimiento el caso de Teresa. Hemos de reconocer que la respuesta desde Ayuntamiento y Gobierno ha sido inusitadamente rápida y han manifestado estar dispuestos a encontrar una solución. Sin embargo, la fecha del desahucio se acerca y esa solución aún no se ha materializado.

Teresa y su familia viven una constante angustia. Como miles de familias, son prisioneros en el “corredor del desahucio”, sabiendo que cada día que pasa está más cerca el fatídico día del lanzamiento. Esto no es un caso aislado ni un hecho fortuito fruto de la mala suerte de Teresa. Esto es responsabilidad directa de nuestro modelo económico, político y social. Las instituciones tienen que explicarnos por qué la media del alquiler en una provincia como Las Palmas ronda los 1.000 euros, cuando tenemos oficialmente los salarios más bajos del Estado. Tienen que explicarnos por qué habiendo 150.000 casas abandonadas en el archipiélago, más de 300 familias como la de Teresa son desahuciadas cada trimestre. Tienen que explicarnos, en definitiva, si van a permitir que Teresa, su marido enfermo y sus dos hijos sean arrojados a la calle.

Necesitamos actos y resultados, no propaganda. Si no hay una respuesta institucional tendrá que haber una respuesta popular y callejera para evitar que una familia con menores sea lanzada a la intemperie.