TELDEACTUALIDAD
Telde.- La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación contra varios presuntos casos de fraude a la Seguridad Social, por un importe superior a los 11 millones de euros, que ha dejado un saldo de 19 detenidos y otras 23 personas investigadas en Gran Canaria y Tenerife. El operativo se ha desarrollado en Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Arona.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gran Canaria y Tenerife a 19 personas, a las que hay que sumar otras 23 en calidad de investigadas que no han sido arrestadas, en el marco de una investigación sobre 53 empresas y en la que se han esclarecido 15 delitos de fraude a la Seguridad Social y 11 de alzamiento de bienes.
El volumen total de lo defraudado asciende a 11.116.522,68 euros, cantidad que se habría visto incrementada sustancialmente de no haberse actuado conjuntamente tanto policial como administrativamente. Las empresas que han sido objetos de la operación, cuyos nombres aún no han trascendido, cuentan con sedes en Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Arona y San Cristóbal de La Laguna.
Las pesquisas, según relata la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, comenzaron tras la recepción de varios escritos emitidos por el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y las Direcciones Provinciales en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Después de un estudio detallado de la documentación proporcionada, se pudo concluir la existencia de indicios racionales de distintos delitos relacionados con las empresas objeto de estos informes.
Algunos impagos sobrepasaban los 120.000 euros por ejercicio
Al detectarse un incremento en los últimos años de impagos sistemáticos de seguros sociales por parte de los responsables de las empresas investigadas, que en algunos de los ejercicios fiscales sobrepasaban los 120.000 euros, se comprobó que existía un claro ánimo defraudatorio. Los empresarios, explican las fuentes policiales, utilizaban ardides fiscales, constituían sucesiones empresariales, complejos entramados mercantiles y realizaban maniobras de ocultación para llevar a cabo los delitos.
El análisis de los informes y de la documentación relacionada con los ilícitos, sumado a las actuaciones administrativas llevadas a cabo y a la consulta de los registros públicos de los que se obtuvieron datos patrimoniales sobre las empresas y personas investigadas, permitió esclarecer los 26 delitos cometidos por las empresas analizadas (todas ellas radicadas en Canarias), detener a 19 personas como presuntas autoras de los hechos y la toma de declaración de otras 23 en calidad de investigados no detenidos.


























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