El aumento de la delincuencia en Telde lleva al sindicato CEP a reiterar la necesidad de más polícías nacionales

La Confederación Española de Policía (CEP) asegura que el aumento de la delincuencia que se registró en 2022 en la provincia de Las Palmas -y de manera muy destacada, en su capital- avala la reclamación que desde hace tiempo plantea este colectivo sobre la urgente necesidad de aumentar el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional, tanto en la Jefatura Superior como en las comisarías locales.

En este sentido, 2022 se ha cerrado, según las cifras oficiales de criminalidad elaboradas por el Ministerio del Interior, con un aumento del 17,9% de los delitos en Las Palmas de Gran Canaria respecto a los registrados el año pasado. Este empeoramiento de los indicadores estadísticos es igualmente negativo si se compara con las cifras de 2019 -año en el que el impacto de la pandemia por la Covid- 19 en la comisión de delitos no existía- suponiendo en ese caso un repunte del 10,7%.

Tendencia al alza en Telde
Con este escenario, tanto la capital como el conjunto de la provincia de Las Palmas han registrado la mayor cifra de infracciones penales en los últimos siete años. Así, en Las Palmas de Gran Canaria se produjeron hasta 19.313 hechos de esta naturaleza, muy por encima de los 17.453 de 2019, segundo año con peores indicadores en el citado periodo. En cuanto al conjunto de Las Palmas, los 52.954 delitos constituyen igualmente el peor resultado en siete años, ligeramente por encima de los de 2019. Por otra parte, los municipios de Puerto del Rosario y Telde mantienen una tendencia al alza que hace prever que en 2023 se pueda superar la mayor cifra de delitos registrada hasta ahora, alcanzada en 2019 y 2020, respectivamente.

"En CEP ya demandamos en su día una apuesta real y efectiva del Ministerio del Interior por la seguridad de Las Palmas. Entre otros motivos, además del de la presión de la delincuencia, porque aunque el impacto de los flujos migratorios por mar se haya reducido un 29,7% en 2022 no es menos cierto que el número de inmigrantes ilegales llegados al conjunto del archipiélago el año pasado representa el 54,2% del total de los que alcanzaron las costas de España por esa vía, cifra similar a la de 2021 (con un 55,65%)", advierten.

Y esta apuesta que reclama CEP pasa por el aumento del catálogo de puestos de las plantillas de Policía Nacional en Las Palmas. En este sentido, Interior ha impulsado en marzo un aumento de esa dotación potencial de efectivos policiales que en el caso de esta provincia ha supuesto un incremento poco más que testimonial de sólo un 4,42% sobre el total de efectivos. Ese aumento ha sido sólo de un 3,47% en el caso de la Jefatura Superior de Policía, con sede en la capital. Esta medida es claramente insuficiente y pone de manifiesto que el actual catálogo, diseñado y aprobado hace más de quince años, no es una herramienta válida en el actual contexto de delincuencia y presión de los flujos migratorios.

Mientras eso ocurre, los efectivos de las unidades de prevención de la delincuencia y auxilio al ciudadano se asignan a otros cometidos -custodias hospitalarias, llegada de pateras, puntos fijos de seguridad, eventos de ocio- y eso resiente las capacidades de anticipación frente a la comisión de delitos. Y es que mientras se producía esa detracción de policías de las calles para asignarlos a otras funciones por déficit de efectivos, Las Palmas de Gran Canaria vivía en 2022 un aumento del 30,7% en delitos de tráfico de drogas, del 26,9% en robos con violencia e intimidación, del 25% en agresiones sexuales con penetración, del 22,5% en hurtos y del 14,9% en sustracciones de vehículos.

En otras plantillas, como la comisaría local de Arrecife, la asignación de policías a la custodia del CATE, del hospital o al traslado de migrantes ejerce ese mismo impacto negativo sobre la disponibilidad de vehículos patrulla para las funciones propias de protección de la seguridad ciudadana.

Para hacer frente a esta situación, CEP ha propuesto tanto a la Delegación del Gobierno como a la Dirección General de la Policía dos tipos de medidas. Una, que es la que resolvería el problema de raíz, la ampliación del catálogo de puestos para tener más policías en las calles de Las Palmas de Gran Canaria y en las comisarías de Arrecife, Puerto del Rosario y Telde.

Otra, más a corto plazo y de carácter urgente, consiste en recurrir a una fórmula de refuerzo temporal, denominada atribución temporal de funciones (ATF). Con esta última posibilidad se puede disponer de policías de manera inmediata, aunque con carácter coyuntural. En cualquier caso, la mejor prueba de que esta demanda de CEP ha sido tenida en cuenta es la reciente convocatoria de una ATF con 7 plazas para la isla de Gran Canaria y 6 para Lanzarote, todas ellas para el refuerzo de las plantillas policiales.

Finalmente, CEP ha venido proponiendo otra medida que liberaría policías ahora hipotecados en custodias hospitalarias y reforzaría la propia seguridad de los que se dedicasen a esos cometidos: la creación de módulo hospitalario especialmente preparado para atender a ese tipo de pacientes procedentes de detenciones y/o centros penitenciarios. La iniciativa es perfectamente asumible en el orden presupuestario y tendría un impacto considerable en la mayor disponibilidad de efectivos para las funciones de patrullaje de las calles de la ciudad.