Daño constitucional

Las veces que en los últimos días los medios de comunicación editorialmente de derechas persisten en negar que la intervención del Tribunal Constitucional ante las Cortes Generales no fue un golpe de Estado, negar y negar, es un síntoma más de la gravedad de los hechos ocurridos y que aún no somos capaces de otear sus consecuencias de largo recorrido en el sistema del 78.

Porque lo grave ya no es, que también, y mucho, que el Alto Tribunal impidiese la natural tramitación parlamentaria en el Senado, usurpando su autonomía, la del poder legislativo, esencial para la democracia representativa y, por tanto, para el Estado de Derecho, sino que sienta un precedente muy peligroso de cara al futuro. Los golpes de Estado hoy ya no son como en el Chile de Pinochet en 1973. La guerra judicial protagoniza los nuevos movimientos golpistas. Al menos, parece ser, no se mata en otras latitudes. Pero se emplea de manera torticera el golpismo judicial en democracias débiles, no asentadas o en fase de descomposición.

Por consiguiente, los parámetros constitucionales están dañados. Esa es la herencia que nos deja para el 2023 la última actuación del Alto Tribunal que, al final, el tercio pendiente será renovado casi por casualidad, para sorpresa de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial que no esperaban que sus correligionarios progresistas aceptasen sus nombres propuestos.

2023 será electoral. Suele decirse que la campaña electoral que se vive en ese momento es decisiva, y ha sido así, pero ahora lo será todavía más. En función del resultado electoral que arroje las urnas, se definirá el sistema de partidos en España a medio plazo. Que repita la coalición de izquierdas en el poder o, sin embargo, alcance La Moncloa el PP atado al neofascismo, se antoja como una disyuntiva de calado histórico para el sistema del 78. Ni el PSOE, de no gobernar, será capaz por sí mismo de retornar al Gobierno central ni el PP, de aliarse con la extrema derecha, saldrá impoluto de semejante pacto. Esto no se observa ya, pero pronunciado el veredicto popular, inclinará al bipartidismo dinástico en un sentido u otro. El neoturnismo está roto.

Sin un Tribunal Constitucional repleto de prestigio, no hay democracia viable tal como la entendemos. Este órgano constitucional es un legislador negativo (tiene la potestad de expulsar una norma del ordenamiento jurídico) pero siempre, y digo siempre, después de que el poder legislativo haya podido libremente cumplir con su tarea constitucionalmente asignada. La intervención a destiempo (antes de) perpetrada por el Alto Tribunal implica un daño constitucional enorme. Insisto, aún no calculamos la onda expansiva del mismo. Pero ya está hecho. De manera recurrente no acordaremos de lo que aconteció en diciembre de 2022. Estará presente en el debate público. Y que estas jornadas los medios de comunicación conservadores y liberales prosigan en negar lo sucedido, es tan solo una muestra más de lo indefendible que fue la actuación. Un punto de no retorno democrático. Casi nada.