Fin del sistema político

Ya no hay vuelta atrás. Anoche el Tribunal Constitucional impidió, por primera vez en la historia democrática, por corta que sea la nuestra, que las Cortes Generales gocen de autonomía y puedan desempeñar libremente sus funciones constitucionales. El Alto Tribunal lo hizo antes de cualquier promulgación legislativa, impidió precisamente la mera tramitación parlamentaria en la sede donde reside la soberanía nacional. Medidas cautelares y medidas cautelarísimas las puede haber en los juzgados y en el tráfico jurídico ordinario, pero afectan a personas físicas y jurídicas, también a la Administración como tal, al poder ejecutivo con sus derivaciones por ámbitos de descentralización, pero nunca al poder legislativo.

Esto es lo que diferencia al Derecho Constitucional de las demás ramas del ordenamiento jurídico. Ante una crisis en el seno del Derecho Constitucional, acaba imperando las autocracias o los vacíos de poder. Si el Derecho Civil, el Derecho Penal o el Derecho Laboral tuvieran laguna o fallo en su arquitectura jurídica desplegada, en última instancia el Derecho Constitucional (las reglas del Estado de Derecho) permiten subsanarlo armonizándolo con el principio de igualdad, con el principio de legitimidad que es el que garantiza la estabilización del sistema democrático. Y esto se ha roto ayer.

¿Y ahora? Las tres comparecencias de urgencia de los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, así como la del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dejaron constancia expresa de que se acatará la decisión del Tribunal Constitucional. Fueron unas declaraciones institucionales muy medidas, acertadas y democráticas. Y debe ser así.

Pero la dinámica política sigue su curso, más acelerada tras esta crisis de caballo, y el que peor lo tiene es el PSOE. La inercia que ahora empieza (aunque lleva tiempo tras el atrincheramiento del PP en aras de no renovar el Consejo General del Poder Judicial) irá rebajando las opciones gubernamentales futuras del PSOE. Dicho en plata, no habrá ya renovación en los próximos meses. Y si el PSOE no hace nada, por cumplir con su rol de partido dinástico y sistémico, está abocado a la pérdida progresiva de votos y escaños. Al PSOE le ha llegado la hora de dilucidar si, realmente, está dispuesto a inmolarse o no por atarse al sistema del 78.

La Segunda Restauración borbónica ya no da más de sí. Irá a peor. La degradación proseguirá. Y el asunto territorial (léase Catalunya) empeorará pues el Tribunal Constitucional podrá volver a hacer esto una vez más, si se tercia un recurso de amparo. Es un precedente peligroso. Se dibuja un Ejecutivo central con el PP y Vox yendo de la mano. Justo en 2023, el año del centenario del golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, España se asoma al abismo. La crisis constitucional tiene difícil remedio pues queda patente que el sistema del 78 operaba para un bipartidismo dinástico que no hace su labor esperada. La guerra judicial como golpe de Estado ha llegado a España. No es cosa de Suramérica. La convulsión política aumentará considerablemente. No sabemos qué salida tendrá. Pinta mal.