El Ayuntamiento de Telde y la empresa AMMAP Parking velarán armas ante el Tribunal Supremo para resolver el conflicto que les enfrenta sobre el importe de la indemnización por la rescisión del contrato de concesión y explotación del parquin subterráneo de San Juan, cerrado desde mayo de 2021.
Tanto el Consistorio como la citada compañía, que adquirió en 2012 los derechos de la concesión a la empresa Calvican, adjudicataria del proyecto de construcción y explotación tras su quiebra económica, han anunciado en esta jornada que han preparado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canaria recursos de casación contra la sentencia de 3 de octubre pasado que no ha contentado ni al Ayuntamiento de Telde y a AMMAP Parking por motivos bien diferentes.
De admitirse a trámite los recursos ya planteados, las actuaciones se elevarían al Supremo para que se resuelva definitivamente el litigio que enfrenta a ambas partes desde hace unos 10 años cuando gobernaba en Telde el pacto PP, Ciuca y CC que sentó en la Alcaldía a Mari Carmen Castellano, del Partido Popular.
AMMAP Parking, tras hacerse con la concesión, invirtió 3,2 millones de euros para reabrir en 2012 las dos plantas del aparcamiento con 269 nuevas plazas que llevaba en obras y sin terminar desde 2000, cuando el Ayuntamiento lo adjudicó. Entonces se anunció que estaría en servicio las 24 horas y que la empresa asumiría también la finalización de la plaza pública que estaba prevista en la cubierta del edificio, pero al final nunca empezaron las obras.
El acuerdo suscrito entonces entre AMMAP Parking y el Ayuntamiento, tutelado el tripartito PP, Ciuca y CC, contemplaba no sólo la culminación del aparcamiento bajo rasante, sino también la ejecución de un edificio de dos plantas en la superficie con su correspondiente plaza. Sin embargo, esta parte del proyecto no se pudo llevar a cabo por la fuerte contestación ciudadana a la construcción de un inmueble moderno junto a la trasera de la histórica Basílica de San Juan, que se vio avalada con un informe desfavorable del Cabildo de Gran Canaria. A ello hay que unir la decisión municipal de abrir solares para el estacionamiento en zonas próximas al parquin subterráneo.
La empresa se sintió agraviada al no cumplir el Gobierno de la popular Castellano los acuerdos pactado y formuló una reclamación el 11 de marzo de 2014 contra el Ayuntamiento solicitando una indemnización patrimonial de más de 3 millones de euros y la resolución del contrato de concesión del equipamiento por causa no imputable a la empresa. Reclamación que llegaría el 12 de mayo de 2015 a la vía contencioso-administrativa, es decir, semanas antes de celebrarse las elecciones locales que llevarían a los partidos integrantes del pacto PP, Ciuca y CC a la oposición y colocarían en el poder a otro tripartito dirigido por Nueva Canarias y conformado también por PSOE y Más por Telde.
En febrero de 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó el recurso de la empresa y la condena al pago de las costas de oficio.
Sin embargo, en octubre de 2019, el mismo órgano jurisdiccional admite un recurso de apelación planteada por AMMAP Parking y declara resuelto el contrato por causa imputable al Ayuntamiento, a la vez que le reconoce el derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios dimanantes, cuya cuantía tendría que ser fijada en la fase de ejecución de la sentencia.
Tras pedir la empresa la ejecución del fallo, en octubre de 2020, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa número 2 se pronuncia en un auto de fecha 16 de diciembre de 2020 ordenando a la Institución municipal su aplicación forzosa y cuantifica el importe total de la indemnización en 4,1 millones, 3,2 de ellos en concepto de reclamación económica y el resto por la actualización de la indemnización.
El Consistorio se opuso a la demanda de ejecución al rechazar los conceptos e importes de la indemnización y AMMAP rechazó la impugnación. Finalmente, el 30 de julio del pasado año, un nuevo auto judicial, declara el derecho de la compañía a ser indemnizada por el Ayuntamiento por daños y perjuicios causados en la cantidad de 4,2 millones, más los intereses legales hasta su completo pago.
Sin embargo, esta resolución judicial no satisface ni a la Institución municipal ni a la empresa y deciden recurrirla en apelación ante el TSJ de Canarias por motivos bien distintos.
El Ayuntamiento pide que se anule y se deje sin afecto y que las actuaciones se retrotraigan al momento anterior al auto dictado para que el Juzgado concluya la tramitación del procedimiento para la determinación de la indemnización. AMMAP, por su parte, plantea su disgusto con la cuantificación fijada de la indemnización por parte del magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo al no contemplar, en su opinión, el pago de intereses moratorios y procesionales y la devolución de la garantía constituida en su momento a favor del Ayuntamiento,
El TSJC desestima mediante sentencia de fecha 7 de marzo de 2022 la apelación de la empresa, pero no resuelve el del Ayuntamiento, por lo que desde la Institución local se interpone un incidente de nulidad de las actuaciones que el Juzgado atiende en un auto dictado el 16 de julio pasado que ordena la retroacción de las actuaciones hasta el momento de dictar sentencia.
Finalmente, el pasado 3 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Canaria emitió sentencia desestimando los recursos de apelación de las dos partes y declarando ajustado a derecho el auto dictado el 30 de julio de 2021.
Un nuevo fallo sigue sin atender las pretensiones de las partes pública y privada. Ambas han preparado ya un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que será en última instancia el que tome una resolución definitiva sobre este equipamiento de titularidad municipal y que permanece cerrado al público desde mayo de 2021, fecha en la que AMMAP Parking entregó sus llaves cuando solicitó la ejecución de sentencia.
Fuentes del Gobierno de Telde sostienen que este pleito con AMMAP Parking es un “asunto heredado” del pacto firmado en 2011 por PP, Ciuca y CC y que la Institución municipal lo único que ha hecho desde entonces es “defender los intereses públicos”. Sobre las críticas vertidas por Ciuca, consideraron “lamentable” que este partido intente ahora “sacar pecho” de un asunto que ellos dejaron sin resolver y judicializado.

























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