El grupo político de la oposición Cicua sostiene que “un informe elaborado por un técnico de la concejalía de Urbanismo de Telde certifica que se han producido vertidos ilegales en una finca privada, en concreto en el lindero sur del vertedero de Hoya Caldereta, con una ocupación aproximada de 2500 metros cuadrados.
La explotación del espacio público la realiza la UTE Reciclaje de Escombros Canarias.
Recuerda que desde hace meses viene denunciado por medio de su concejal Juan Antonio Peña “los vertidos ilegales que se están produciendo en el lugar, una actividad empresarial que se ubica entre los términos de Hoya Niebla y la Sima de Jinámar”. De hecho, indica, “el edil presentó denuncia directa en la Guardia Civil, en el departamento del Seprona, y en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Desde ese entonces, el departamento de Urbanismo abrió el expediente en disciplina urbanística”.
Añade Ciuca que “a la suma de la denuncia de Peña, fueron varios los particulares de la zona que denunciaron la ocupación de vertidos en sus propiedades privadas. En concreto, el lindero sur presentó varios escritos dirigidos a la alcaldesa, Carmen Hernández, y al departamento de Urbanismo. A raíz de estas denuncias, el técnico de disciplina urbanística solicitó la colaboración de la Policía Local para el desplazamiento de la Unidad de Drones e instó al levantamiento topográfico de las fincas afectadas”.
Ciuca comunica finalmente que en la mañana de este lunes han presentado varios escritos mediante el Registro Municipal relatando los hechos y aportado el informe técnico topográfico a la alcaldesa, Carmen Hernández, y a los ediles de Urbanismo, Héctor Suárez, y Medio Ambiente, Álvaro Monzón. Asegura que con esta formalidad “ya son conocedores desde el día de hoy de los informes técnicos y de los vertidos, por lo que tienen que actuar”. De no ser así, “la omisión de sus responsabilidades tiene nombre y apellidos”.
Siempre según Ciuca, “el informe topográfico determina que se han producido vertidos más allá de los limites de la parcela municipal entregada por concesión administrativa – ya caducada – a la UTE Reciclaje de Escombros Canarias”. Una invasión de más de 2500 metros cuadrados, en el que según Ciuca, “se han vertido toneladas de escombros y otros materiales”. La formación política subraya que “se trata de un espacio natural protegido y que los hechos han ocasionado la eliminación de la flora del lugar”.
Vallado sin autorización municipal
“Además del pronunciamiento técnico de los vertidos ilegales en terrenos privados, se desprende la aseveración del nuevo vallado que se ha producido en el lugar, limitando el acceso de las propiedades ajenas, por lo que sus titulares tampoco pueden acceder a lo que es suyo”, añade la formación política.
Es por todo ello, y ante lo que Juan Antonio Peña considera como “pasividad y omisión de sus responsabilidades” de los ediles responsables, Héctor Suárez y Álvaro Monzón, como titulares de Urbanismo y Medio Ambiente, que solicita a la alcaldesa, Carmen Hernández, poner en conocimiento del Ministerio Fiscal y del Seprona los vertidos en terrenos particulares por parte de la entidad explotadora del vertedero. De no ser así, Ciuca adelanta que “serán ellos quienes tomen las vías administrativas y judiciales para denunciar los hechos”.
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