La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas pide al Estado una excepcionalidad para Canarias

El presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), a la que pertenecen los afectados de los barrios teldenses de Tufia y Ojos de Garza, José Luis Langa González, se dirigirá a la directora general de la Costa y el Mar del Estado, Ana María Oñoro Valenciano, para pedir que "la Ley de Costas recoja una excepcionalidad para Canarias dada la singularidad del territorio", igual que se aplica a Baleares y a otras zonas de la Península.

Según explicó Langa González en rueda de prensa, "llevamos más de seis años esperando que la comisión mixta que se firmó entre la Plataforma y el Gobierno de Canarias se active, y no recibimos más que largas por parte del gobierno autonómico, por lo que no nos queda más remedio que subir una estancia más en nuestras peticiones".

En este sentido, el presidente de la Pcalc indicó que "queremos saber por qué se parado el proceso de las transferencias en Costas del Estado a Canarias; también solicitamos a la Dirección General de la Costa la suspensión de los desalojos hasta que se resuelvan las transferencias y reclamamos que la comisión mixta, firmada en 2016, sea operativa".

Langa González indicó que se está produciendo una "aceleración de los desalojos por parte de Costas en todos los municipios de Canarias afectados, más de 60 núcleos, y muchos de ellos están parados porque hemos tenido que recurrir a los tribunales, pero este es un proceso que en un momento terminará". Además, recuerda el también letrado, "no se puede judicializar un tema que es político, y que se debe resolver desde la Administración".

Es por ello que Langa González también pedirá reunirse con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Para el presidente de la Pcalc, "es incomprensible que Canarias no goce de una excepcionalidad en la Ley de Costas, pues somos una isla cuya tradición y economía está vinculada al mar".

Paralelamente, desde la Plataforma, se seguirá reclamando que el protocolo de cooperación entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y la Asociación Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas se lleve a efecto, pues "nunca se han reunido las partes implicadas que son el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, la Fecai, la Fecam y la propia Plataforma", añade Langa González.