Si de Ángel Víctor Torres depende, no cabe duda que reeditaría el Pacto de las Flores en 2023. Si depende de él, insisto. Otra cosa bien diferente es que no esté en su margen de maniobra que, por descontado, se le escapa de las manos.
De ahí el interés que despierta los comicios del domingo próximo en Andalucía pues arrojará numerosas claves de cara al ciclo electoral que se avecina. Hasta ahora solo tenemos un ramillete de encuestas, que no es poco, para ir escrutando el horizonte político que se dibuja en lontananza. Y precisamente por eso desde esta columna he proyectado diferentes escenarios para el PSOE en las islas en función de si en Andalucía, encuestas en ristre, es verdad que el PSOE se estanca, desciende levemente o lo hace con intensidad. Ninguno de los tres últimos supuestos implica las mismas consecuencias. Pero si el retroceso es palpable cabe especular, y con razón, sobre el caso de Canarias en 2023.
La opción que he puesto sobre la mesa de unos días a esta parte a son de un acuerdo tácito o expreso entre el PSOE y el PP en aras de impedir a toda costa que la extrema derecha alcance el poder ejecutivo, tiene (a todas luces) su derivada canaria. Vox, consolidado, implementado en el sistema de partidos con fuerza, trastoca por completo los planes de todos (y digo todos) los actores políticos. Unos lo asumen y otros se resisten. Unos van despertando y maniobrando poco a poco y otros piensan que aún estamos en la estabilidad sistémica de antaño de la Segunda Restauración borbónica.
Alberto Núñez Feijóo, según expuso ayer ‘El Confidencial’, diario escorado editorialmente a la derecha, está por la labor de explorar esta vía descrita en Andalucía que tendría su contraprestación en otras comunidades autónomas donde el PSOE fuese la lista más votada. Y en Canarias, demoscópicamente hablando, hoy por hoy lo es. Es más, al PP aislar a CC cuatro años más en la oposición le permitiría afianzarse en Tenerife y reemplazar a su principal competidor (ATI). Lo que podría traducirse a efectos prácticos en nuevas gobernanza tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es más, La Palma ya ha servido de antesala.
El PSOE tiene el deber histórico de hacer todo lo posible para evitar que Vox tenga acceso a los distintos boletines oficiales. La ultraderecha es una amenaza para la democracia y para la descentralización territorial, a partes iguales pues la historia constitucional en España demuestra que sin descentralización no hay democracia viable. Evidentemente, esto supondría un coste electoral para el PSOE y que Pedro Sánchez renegase de su máxima del “no es no”. Pero Sánchez no ha querido cortar con Felipe VI y propulsar el republicanismo, lo que conlleva su precio. Por lo que estamos mentando los cimientos de la democracia representativa que está en peligro de plano por la irrupción del neofascismo. Son palabras mayores y, por ende, el PSOE debe hacerse cargo de la situación. Si es así, si el 19J se cumple lo oteado demoscópicamente, que está por ver, cabe la sorpresa de la izquierda a última hora en su feudo de siempre, Vox no puede entrar en la Administración autonómica ni central. El PSOE debe abstenerse. Y en Canarias apelar a un acuerdo entre socialistas y populares. No será la prioridad de Torres. Pero la realidad política no la determina uno solo.


























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