Plurinacionalidad

Es alarmante cuando los políticos descuartizan la Historia de España. Así como cuando, parcos en argumentos, tratan de experimentar o de sacar a flote ocurrencias para salir al paso de situaciones de urgencias que, fruto del desconocimiento mencionado, no saben cómo abordar en realidad. El tiempo pone las cosas en su sitio y ahora Ciudadanos propone lo que siempre quiso: eliminar del artículo 2 de la Constitución la distinción entre “nacionalidades y regiones”. Un artificio más del neoespañolismo mesetario que dinamita los consensos del 78.

El constituyente del 78 tenía dos retos que encarar. Primero, la democratización desde la dictadura franquista llamada a desarmar. Se logró, sin duda, y ahí radica el éxito de la Transición. Segundo, el encaje de las nacionalidades. Un ejercicio que pasaba inexcusablemente por entender el proceso de las denominadas nacionalidades históricas durante la Segunda República; donde cabe destacar, no siendo menos, el inicio estatutario, bien como borrador, bien como proyecto, de Canarias de la mano del tinerfeño Ramón Gil Roldán y que el golpe de Estado de 1936 abortó. En función de cómo arrostrara el constituyente el dilema territorial, estaba en juego la operatividad o no del sistema del 78. Había que pasar de un Estado fuertemente centralizado a otro descentralizado y en muy poco tiempo. Y, desde luego, lo que tenía en mente el constituyente era Catalunya.

Fue Jordi Solé Tura, ‘padre’ de la Constitución por el PSUC, que estrictamente no era el PCE, el que tuvo el bendito acierto de introducir la fórmula de “nacionalidades y regiones” en el texto constitucional para desagrado de Manuel Fraga. Una distinción expresa, negro sobre blanco, que obedecía a una lógica histórica. El constituyente podía no haber dicho nada, podía no haber hecho diferenciaciones y podía haber expresado que todas eran regiones. Pero no lo hizo. Y fue por algo. Y, sobre todo, desde el convencimiento de que si no hacía lo que hizo, la Transición fracasaría. La ambigüedad del Título VIII no es casual, porque no tuvieran ganas de trabajar, sino porque era la única manera de poner en marcha la democratización y ya se iría encauzando la sempiterna cuestión territorial.

Cuando Inés Arrimadas, y otros, salen con semejantes ocurrencias es para activar el botón de alarma. Juegan con fuego. Y llevan a España a 1975 o, incluso, si me apuran, a 1936. Pero este es el problema que denota tener el elenco de representantes políticos que tenemos que, muchos, no cumplen con las expectativas porque los propios partidos (donde afloran el cainismo y la selección negativa promovida por los egos y envidias por doquier) se descapitalizan a marchas forzadas. Se atestigua que tenemos una generalidad de siglas que son superadas por la magnitud de las problemáticas políticas que tocan afrontar, por la indudable crisis sistémica. Si renunciamos a la diferenciación del artículo 2 de la Constitución, a las “nacionalidades y regiones”, todo se habrá acabado. España será inviable. Y retornarán las voces regeneracionistas posteriores a 1898 mientras los ánimos protogolpistas insuflados desde la meseta invocan arreglos autoritarios justo a las puertas de que en 2023 se cumpla el centenario de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Casi nada.