¿Caerá la ministra?

Cuando las problemáticas políticas se judicializan, todo se complica, se torna más arduo de canalizar. Es lo que hizo Mariano Rajoy como respuesta al ‘procés’, primero, activando el Tribunal Constitucional y, después, el Tribunal Supremo. De hecho, ahora la Sala Segunda del Alto Tribunal está pendiente de la justicia europea que tendrá la última palabra sobre los independentistas catalanes.

Precisamente esa judicialización de la política, nada más y nada menos que de la cuestión territorial a son de la plurinacionalidad, no fue una respuesta únicamente del PP sino que al calor del ‘Catalangate’ se vislumbra que también es compartida por el PSOE. Lo que, por otro lado, casaría perfectamente con el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 en el que la monarquía parlamentaria quedó, cuando menos, desdibujada y bendijo la aplicación del 155. Aquella tarde, la Casa Real cometió un grave error al renunciar a su posición de árbitro institucional (digámoslo así) y ejercer de poder ejecutivo (impropio en una monarquía parlamentaria, de verdad, seria) en una alocución que excluyó a una gran parte de Catalunya.

Las declaraciones de Margarita Robles en las últimas horas reflejan que ha pasado al ataque gubernamental contra los socios parlamentarios que sostienen al Gabinete de coalición. Pere Aragonès pide su dimisión. Queda mucho por saber, muchísimo, pero Robles deja entrever que el espionaje existió y que este pudo cumplir con el formalismo de la autorización judicial. Se atrinchera en eso la ministra de Defensa.

Dicho en plata, según su relato, cuando la unidad de España corre el riesgo de romperse (la jerga de Vox…) todo vale. Incluso, la vulneración de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Es una ofensiva preventiva: el espionaje masivo que, no olvidemos, asimismo afectó (y afecta seguramente) a abogados y periodistas. Acontecemos a una crisis sistémica. Las señales de rotura de los cimientos constitucionales (jamás reformados como se merecen) es cada vez más evidente. Catalunya, como en otras crisis constitucionales en la Historia, pone en jaque a Felipe VI. La Segunda Restauración borbónica decae progresivamente y en vez de apostar por la regeneración, el bipartidismo dinástico se encastilla. Ya advirtió José Ortega y Gasset en el Parlamento de la Segunda República que lo de Catalunya no tenía solución.

El dilema de Pedro Sánchez de optar entre sacrificar a la ministra de Defensa o ver peligrar la legislatura, que ya es decir, en realidad va mucho más allá. En la medida que el PSOE no asuma la plurinacionalidad y se aferre (al precio que sea) a la preservación del orden borbónico, pone en peligro su futuro como organización de cara al siglo XXI. El PSOE no nació para custodiarle el trono a la princesa Leonor. Irrumpe el neoespañolismo mesetario que concierne a una parte del PSOE del interior que no desea romper amarras con el sistema del 78. El PSOE no tiene una posición clara, compartida por la generalidad del aparato, acerca del asunto territorial. Catalunya (y otros factores) zarandean a la Segunda Restauración y la ministra de Defensa es un símbolo más de ese PSOE que se hipoteca a Felipe VI, aunque eso implique ahondar en la ruptura con la sociedad catalana y carcomer el crédito de la democracia representativa. El ‘Catalangate’ es una dificultad morrocotuda. Urge adoptar medidas.