El caso Reparos atañe por completo a Fernando Clavijo en un procedimiento judicial que ya acumula suficiente transcurso en el tiempo. Ahora se entiende mejor por qué el exalcalde lagunero quiso irse al Senado en busca de un aforamiento que en esta tierra como diputado autonómico ya no tenía. Necesitaba darle carpetazo al caso Grúas y su letrado José Antonio Choclán (que ha prestado servicios a Miguel Ángel Ramírez, Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes y a famosos por doquier) debió aconsejarle que mejor marchar a la capital del Estado en vez de que la instrucción y el juicio se quedase en sede judicial isleña.
Desde luego, la enjundia del caso Reparos es mucho mayor que la del caso Grúas. Con diferencia. El segundo viene a ser para el primero un mero aperitivo. El caso Reparos es el plato fuerte. El lagunero levantó alrededor de un centenar de decretos a son de los reparos que el funcionario (habilitado estatal) le establecía cuando este era regidor lagunero (2008-2015) por CC y tras suceder a Ana Oramas que abandonó el consistorio al calor de un horizonte que la Gran Recesión de 2008 y los recortes dibujaban negativo para las arcas públicas. No obstante, siendo Clavijo presidente del Gobierno de Canarias (2015-2019) nunca interiorizó la problemática: es llamativo que ni él ni ninguno de su círculo presidencial no advirtiera que la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía (2018) implicase que sus asuntos pendientes con la justicia debían ventilarse, por tanto, ante el juez ordinario predeterminado por la ley. Es decir, que recibiese un tratamiento procesal como cualquier otro ciudadano.
Ahora la Fiscalía Anticorrupción señala a Clavijo un posible delito continuado de prevaricación administrativa que, dada su condición de aforado, debe ser dirimido en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La fiscal María Farnés Martínez solicita a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna, Ana Serrano-Jover, que eleve la pieza separada al Alto Tribunal. Farnés este documento ha tenido que amarrarlo bien tras el auto de archivo del Tribunal Supremo del caso Grúas en junio de 2020. La exposición razonada del caso Reparos es otra y, así las cosas, Farnés sabe que su criterio jurídico en cuanto a lo que concierne a Clavijo debe estar argumentado de forma minuciosa.
Al margen de las consecuencias jurídicas que pueda tener el caso Reparos, que no solo irán en función de su desenlace sino a la par de lo que tarde en zanjarse el periplo judicial, están las secuelas estrictamente políticas. Y no es solo a tenor de la candidatura de CC en 2023 a la Presidencia del Gobierno de Canarias, una vía que Clavijo (asesorado jurídicamente) habrá probablemente desechado hace mucho en cuanto le conviene seguir de senador autonómico por aquello del aforamiento, por lo que la opción de Oramas gana enteros, sino que la organización (libremente) en su congreso decidió atar su futuro político al de Clavijo. Y esto es harina de otro costal en cuanto que refleja la ausencia de margen de maniobra real de los partidos en general para distanciarse del que ostenta en cada instante el mando en plaza. Clavijo, y CC, confían sus posibles en Choclán.



























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