Carmen Hernández propone que la nueva ley estatal de universidades impulse a la mujer en la carrera rectoral

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Telde.- La vicepresidenta primera y portavoz parlamentaria de Nueva Canarias (NC) en materia educativa, Carmen Hernández, propuso ayer jueves al Ministerio de Universidades que la nueva norma, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en la concesión de las becas garantice la equidad e igualdad de oportunidades e incentive el rendimiento académico.

La dirigente de los nacionalistas progresistas defendió ante el departamento ministerial de Manuel Castells el aumento de la participación del alumnado en el Consejo de Gobierno, la promoción de la mujer en la carrera rectoral, los medios para evitar la fuga del talento y para impulsar el trasvase del conocimiento de estas instituciones académicas al tejido productivo, social e institucional de todo el Estado. Hernández abogó por establecer una política financiera en la que el Estado se implique para asegurar una inversión por alumno similar en todos los territorios mediante un sistema de compensación para las comunidades con menor riqueza.

Estas iniciativas fueron planteadas por la vicepresidenta primera de NC en la reunión convocada en Madrid por el Ministerio de Universidades en la ronda de contactos abierta para actualizar, después de dos décadas, la norma reguladora de las instituciones de enseñanza superiores.

Una cita “productiva, positiva y extensa” en la que Nueva Canarias, según Carmen Hernández, ofreció medidas para cada uno de los cinco ejes planteados en el documento de trabajo remitido por el departamento de Castells.

Relacionado con el estatuto de los estudiantes, hizo hincapié en que el sistema de becas debe cumplir una doble misión vinculada con el incentivo del rendimiento académico y la garantía de la equidad y la igualdad de oportunidades.

Hernández planteó que se prioricen los criterios socioeconómicos y que no se tengan que devolver las ayudas cuando se acredite la presentación a los exámenes o la existencia de circunstancias personales que afecten al rendimiento. De esta manera, según la portavoz nacionalista, se evita el endeudamiento del estudiante y su entorno personal o el abandono de la universidad.

También que se prioricen las becas en las universidades públicas, rebajar el precio de los másteres para su equiparación con los grados, aplicar el criterio de la progresividad (nivel de renta familiar) en las tasas y precios públicos así como evitar la precariedad e impulsar la fidelización de los investigadores jóvenes.

Vinculado con la gobernanza, NC apuesta porque los jóvenes aumenten su participación en el Consejo de Gobierno para promover su vinculación en la toma de decisiones y una modificación, en el sistema de elección del Rectorado, para “avanzar hacia un modelo que fomente la igualdad de oportunidades” para las mujeres.

Hernández planteó que el acceso a la carrera rectoral se abra a todos los profesores titulares funcionarios con contrastada trayectoria docente o investigadora y que los dos procesos de responsabilidad gestora de cuatro años se limite a una sola elección con seis años de mandato, “suficiente” para desarrollar un proyecto.

Sobre los consejos sociales, subrayó la necesidad de aumentar la representación de la sociedad, su financiación y recursos humanos y materiales.

Con respecto a la financiación, para Nueva Canarias el Estado se tiene que implicar para garantizar el principio de la cohesión territorial. La inversión por alumno, según Carmen Hernández, tiene que ser similar en todas las comunidades. La Administración estatal debe compensar a las comunidades con un PIB más bajo, según explicó.

Sobre el estatuto del personal docente, el Profesor Docente Investigador (PDI), se centró en la necesidad de prever una solución al envejecimiento y la precarización de las plantillas mediante el impulso de nuevas contrataciones, la dignificación salarial y su estabilidad.

En relación a la investigación y la transferencia de conocimiento, la portavoz parlamentaria de NC en la materia defendió la revisión de los baremos de asignación de fondos a los proyectos, priorizando la calidad, eludir el sesgo de género en la asignación de las becas y la revisión de los méritos en las actividades investigadoras para evitar primar el ámbito internacional sobre el local.

Como “interesante” acogió también el ministerio, añadió, la iniciativa destinada a priorizar los encargos realizados a estas instituciones públicas para la realización de informes y estudios sin que estén sometidas a las leyes del mercado. Estas universidades son “patrimonio” de la sociedad y “deben estar a su servicio”, recalcó.

Carmen Hernández, al margen de los ejes de análisis planteados por el Ministerio de Universidades, propuso la conveniencia de que esta reforma “no pierda de vista el momento que vivimos”, es decir, las modificaciones sociales y económicas impuestas por la pandemia y el relevante proceso de recuperación puesto en marcha con los fondos de la Unión Europea.