No he escondido mis simpatías con el sistema de monarquía parlamentaria que rige en España, así que, dada esta premisa, no descubro nada si confieso que me chocan el tono de algunas de las duras críticas que estos días está recibiendo la Corona.
Y es que aunque tampoco he disimulado mi malestar por el comportamiento nada ejemplarizante, por decirlo de forma un tanto eufemística, del rey emérito, no soy nada partidario de las palabras gruesas ni mucho menos del insulto, en el contexto de este debate ni en otros.
Pero, dicho esto, por encima de estas consideraciones, pongo por delante la defensa de las libertades constitucionales, entre las que figura, en un lugar destacado, la libertad de expresión.
Por eso no me parece bien que la Fiscalía haya iniciado un procedimiento para indagar si Pere Aragonés, de ERC, Ana Pontón, del BNG, o Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, han incurrido en un posible delito de injurias a la Corona. No cuestiono siquiera el trabajo de la Fiscalía.
No soy abogado ni entiendo mucho de procedimientos judiciales, así que puede que se esté limitando a actuar conforme debe, en la medida en que está dando trámite a una denuncia, más allá del recorrido que pueda o no tener. Lo que sí creo que podría discutirse es la existencia de determinados corsés legales que le restan algo de democrático a nuestro sistema.
La Corona ha de estar sometida a la crítica, incluso a la crítica dura. Es el peaje de todo el que ocupa un papel en el Estado. Ahora bien, también creo que ya va siendo hora de que nuestros políticos reflexionen sobre hasta dónde piensan llegar.
Compiten a ver quién suelta la barbaridad más grande. Deberían preguntarse qué persiguen. Nada de lo que consigan así es bueno. Ni siquiera para ellos.
Gaumet Florido Medina es periodista y redactor de Canarias7 en Telde.



























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