Pacto Canario por la igualdad: pasar de formalismos a la acción

POLI SUÁREZ

No tenemos excusas. No existe justificación posible a que todavía hoy, finalizando el año 2019, no abordemos con la firmeza y urgencia que requieren las situaciones de desigualdad y discriminación por cuestión de género patentes en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Es cierto que en España, y particularmente en Canarias, el reconocimiento jurídico, normativo y formal de la igualdad entre las mujeres y hombres nunca antes ha sido tan amplio y garantista. Sin embargo, sigue siendo insuficiente y seguimos lejos de vivir en una sociedad que otorgue las mismas oportunidades y que trate de manera igualitaria a mujeres y hombres. 

Persisten las brechas de género en el ámbito de la salud; en el ámbito de la educación y la formación; en el mercado laboral; en la corresponsabilidad de las tareas domésticas y el cuidado de personas dependientes; en el acceso a los recursos materiales; también en los derechos y libertades; en situación de vulnerabilidad o riesgo social. Y especialmente grave es la persistencia de la violencia hacia las mujeres, con datos tan escalofriantes como los más de mil asesinatos desde 2003, medio centenar solo en los diez meses de este año; el reparto de poder desigual o la pervivencia de modos sociales y culturales sexistas. En su conjunto, hacen pertinente dejar a un lado de una vez las disputas partidistas y que adoptemos cuantas medidas sean necesarias para solucionar las inconcebibles deficiencias que todavía padecemos.

Esta semana en el Parlamento de Canarias hemos dado un paso muy importante en esa misión de transformar los formalismos y buenas intenciones en hechos, en acciones eficaces. A propuesta del Grupo Popular y defendida por quien suscribe estas líneas, la Cámara aprobó por unanimidad instar al Gobierno de Canarias a promover un gran Pacto Canario por la igualdad, en el que se impliquen todos los estamentos de las administraciones públicas y agentes sociales, económicos, culturales y deportivos de las Islas, así como movimientos asociativos y, en general, el conjunto de la sociedad. Pues llevamos demasiados años hablando de desigualdad y de brechas de género y los avances siguen siendo insuficientes. Los han sufrido las mujeres en el pasado, las padecen las mujeres en el presente y, sin decisión y convicción, las seguirán sufriendo quienes hoy son niñas y serán las mujeres del futuro. Y no podemos permitir por más tiempo la normalización de estas conductas, por lo que, si realmente somos una sociedad avanzada, ya va siendo hora de demostrarlo.

Pero esa necesidad de acción por parte del Ejecutivo regional no solo responde a una cuestión moral o a la corrección política de realizar manifestaciones públicas proigualitarias. Aquí, en Canarias, el marco jurídico viene otorgado de manera específica y sectorial por los textos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo y la ocupación o la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad, donde se añade la prohibición expresa de la discriminación por razón de sexo y género. Y, por supuesto, el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias recoge de manera decidida en varios de sus artículos el derecho a la igualdad de las personas, en particular en materia de empleo, trabajo y retribución.

Y emplaza a los poderes públicos de nuestro Archipiélago a asumir la igualdad como principio rector de nuestras políticas, así como a garantizar la transversalidad en la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, la erradicación de la sociedad de actitudes sexistas, xenófobas, racistas, homófobas, bélicas o de cualquier otra naturaleza que atenten contra la igualdad y dignidad de las personas y la promoción de medidas y políticas activas dirigidas a obtener la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres.

En concreto, el artículo 145 de nuestro Estatuto de Autonomía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de políticas de género; la promoción de la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales, económicos o representativos; la planificación y ejecución de normas y planes en materia de políticas para la mujer y para la erradicación de la discriminación por razón de sexo; y la promoción del asociacionismo de las mujeres. Por tanto, más allá de las buenas intenciones y de los propósitos a largo plazo, el Gobierno de Canarias tiene la obligación de intervenir de manera contundente y de adoptar las acciones necesarias para resolver y erradicar la desigualdad y discriminación de nuestro Archipiélago. No se puede seguir mirando hacia otro lado.

Si tenemos la convicción de que mujeres y hombres debemos gozar de igualdad de derechos, oportunidades y trato; si tenemos la convicción de que debemos erradicar de nuestra sociedad toda muestra de discriminación, demostrémoslo con hechos no solo con palabras y buenas intenciones. Tenemos la legislación y las competencias y, reitero, no tenemos excusas para, entre todos, hacer realidad este Pacto Canario por la Igualdad que aúne todo el esfuerzo posible por una causa que no podemos seguir postergando.

Poli Suárez es diputado regional y presidente del PP de Gran Canaria.