La ciudad limpia el 85% de su deuda

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Telde.- El Ayuntamiento deja atrás el acoso de los números rojos. Después de una dura travesía económica marcada por la falta de liquidez, la elevada deuda y las colas de proveedores a la puerta pidiendo el pago de sus facturas, se abre una senda despejada que le permitirá afrontar la próxima década con mejores cimientos.

Telde está a punto de limpiar su deuda. La habrá bajado en cuatro años en un 85%. Pero también ha logrado quedarse al día en el pago de las certificaciones mensuales de sus servicios básicos y ha reducido de forma exponencial un indicador, el del Periodo Medio de Pago a Proveedores, que el Ministerio de Hacienda usa como baremo para retener o no parte de los recursos del Estado que corresponden a cada municipio, según relata el periodista Gaumet Florido en una información que publica este domingo el diario Canarias7.

Quizá el dato que mejor refleje el fruto del saneamiento de estos años sea la evolución de la deuda del Ayuntamiento. En 2015 era de casi dos veces su presupuesto anual, 153 millones de euros, a 31 de diciembre de 2018 había bajado 100 millones, hasta los 55 millones, y ahora la previsión anunciada por el gobierno local es que, con los 26,6 millones de los remanentes del año pasado, al cierre del ejercicio del 2019 la deuda se habrá reducido a los 22,1 millones, una cuantía que los especialistas del área económica municipal entienden asumible en apenas un año, durante 2020. Y para que esto haya sido posible ha sido vital que el Ayuntamiento haya cerrado tres años seguidos con superávit.

¿Y qué consecuencias tendrá saldarla? La posibilidad de que Telde se libere del plan de ajuste al que ha vivido sometido desde 2012. El gobierno de entonces, acosado por las deudas, se acogió a una línea de ayudas que abrió el Gobierno de España, pero era un salvavidas económico con condiciones. Tenía su peaje. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), un organismo del Estado, avaló al Ayuntamiento un préstamo con varias entidades bancarias de 72 millones de euros. La letra pequeña de aquel contrato obligaba a la ciudad a un duro plan de recortes que implicó subir todos los impuestos, cerrar las tres escuelas infantiles y ajustar al mínimo los contratos de servicios básicos como el de la basura o parques y jardines, que tuvieron que echar personal a la calle, de ahí que los ciudadanos se quejen hoy de calles sucias o jardines mal cuidados.

Telde se apretaba el cinturón, se cosió los bolsillos y vio limitada su capacidad de gasto. Ese contrato tiene que estar en vigor hasta que se salde el último céntimo de esa deuda. Estaba previsto que eso pasara en 2032. El gobierno local (NC-CC- CCD) ya logró en 2018 pagar 17 de aquellos créditos, adelantar 14 años de cuotas bancarias y ahorrarse 2 millones de euros en intereses. Ahora asegura que en 2020 el Ayuntamiento estará en condiciones de quitarse de encima ese plan de ajuste. Solo le quedan 22 millones. La alcaldesa, Carmen Hernández, lo subraya. «Entonces la ciudad tendrá libertad para mejorar sus servicios, invertir en la mejora de sus barrios y contratar personal». Y no hace ni un mes que el pleno aprobó por unanimidad el compromiso de bajar los impuestos, eso sí, una vez desaparezca la losa del plan de ajuste.

El ejecutivo municipal saca pecho y atribuye esta mejora de la economía municipal a una gestión «seria y rigurosa», comprometida con el saneamiento de la corporación. «No solo porque quien paga descansa, como dice el dicho popular, sino porque los intereses bancarios nos estaban comiendo». Pero también subraya en negrita lo que de su parte han puesto los ciudadanos, que llevan años pagando impuestos altos por servicios que no llegan a todos. Y hay un tercer factor, que no ha sido baladí: la mejora de la situación económica en general. Hay más movimiento en la calle y entran más ingresos en el Ayuntamiento. Eso se nota.

"Telde ha restituido la seriedad y ahora podemos culminar su recuperación"

La alcaldesa atribuye al esfuerzo de todos los teldenses el saneamiento económico y señala la preocupación que le trasladan muchos «de que algunos puedan volver a meter a la ciudad en el pozo». «Liberados de la losa económica mucho antes de lo previsto, tenemos delante la oportunidad de recuperar el nivel de los servicios públicos que nos merecemos».

Dinero que sobra, dinero para pagar

Obligación legal. La alcaldesa, Carmen Hernández, subraya que el Ayuntamiento ya lleva tres ejercicios presupuestarios seguidos cerrándolos con superávit frente a los 34 millones de déficit de la liquidación del presupuesto de 2015. Sin ir más lejos, 2017 se cerró con 22,9 millones de superávit y 59,1 millones de remanentes de tesorería. Y 2018, con 19,4 millones de superávit y 26,6 millones de remanentes. En principio, y a bote pronto, cualquier ciudadano podría preguntarse por qué al menos parte de esas millonarias cuantías no ha podido destinarse, por ejemplo, a asfaltar las maltrechas calles de Telde, o a mejorar el contrato de la basura. La alcaldesa lo explica. Porque la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, aprobada en 2012, obliga a destinar todo ese dinero fruto de superávit y remanentes al saneamiento económico de la institución. «Lo dice la ley, y la interventora de la corporación, que es una habilitada nacional que trabaja en realidad para el Gobierno del Estado, es la que ha de velar para que esa obligación legal se cumpla». Es decir, dicho de otra manera, dinero que sobra, dinero que se usa para pagar deuda.

El pago de las expropiaciones, liquidado cinco años antes

A fecha de hoy parece un capítulo lejano, como en color sepia, porque ha desaparecido de la escala de preocupaciones de Telde, pero durante años la cuantiosa deuda generada por numerosas sentencias firmes de expropiaciones de suelo que condenaban al consistorio y la insistencia de las resoluciones judiciales instando a que fueran saldadas marcaron la actualidad informativa del municipio y hasta hicieron temer por la sostenibilidad económica del Ayuntamiento. En esa agonía se vivía desde el mandato

2007-2011 y hasta mediados de 2016.

Para tratar de poner fin a este calvario, el gobierno propuso un plan de pagos al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en abril de 2016 para hacer frente al pago de 30 millones de euros en ocho años, para lo que se comprometía a reservar cuatro millones de euros en cada presupuesto anual. Poco después, en octubre de 2017, tuvo que añadir tres sentencias más, que sumaban 3,9 millones de euros, por lo que al final la cuantía total ascendía a 34 millones. Eran 21 expedientes de expropiaciones, algunas de las cuales se habían originado en 1996 y que tenían sentencia firme, las más antiguas, desde 2009. Nada menos.

Sin embargo, no hizo falta esperar tanto. A mediados de 2018 la alcaldesa, Carmen Hernández, y la edil de Hacienda, Celeste López, anunciaron públicamente que tras la liquidación de los presupuestos de 2017, que se cerró con un superávit de 22,9 millones de euros y 59,1 millones de remanentes de tesorería, el Ayuntamiento podría usar parte de ese dinero para adelantar en cinco años el plan de pago a expropiados y liquidar de una vez la deuda que estaba en vigor de ese tipo de sentencias. Y así se hizo.

Faltan los intereses

¿Está todo saldado? Lo que se pactó con el TSJC sí. Pero este capitulo no se puede dar por cerrado, porque aún quedan por pagar todos los intereses de esos expedientes, que es justo para lo que el gobierno destina ahora esos 4 millones que tenía reservados en los presupuestos para las expropiaciones. Y porque pueden seguir dictándose sentencias nuevas que generen nuevas obligaciones de pago por culpa de expropiaciones derivadas del PGO.

Lo que sí se ha acabado es el agobio que deparaba este impago. Ya el gobierno anterior de PP, Ciuca y CC, liderado por Mari Carmen Castellano, había intentado sin éxito pactar con los tribunales un pago aplazado a 30 años de una deuda que, según se aprobó en el pleno de junio de 2013, ascendía a 62 millones de euros. El TSJC se lo anuló en marzo de 2014.

Dos años después lo intentó otra vez el gobierno que le cogió el testigo en Telde, el que preside Carmen Hernández, y que al inicio estaba formado por el pacto NC, Más por Telde, POSE y CCD. Entonces la cuantía (30, primero, y luego 34) y el plazo (8 años) de su plan fueron menores. ¿Por qué? Porque el equipo que dirigía el entonces edil de Urbanismo, Juan Francisco Artiles, de Más por Telde, bajo la dirección técnica de la jefa del departamento, la actual interventora Eloísa Gil, hizo una exhaustiva criba y redujo la cuantía. En los 62 millones que había presentado el gobierno anterior había expedientes por sentencias ya pagados, otros de casos que aún no eran firmes... Más por Telde dejó el gobierno en marzo, el expediente lo culminó Hacienda, y en abril se presentó el plan de pagos al TSJC. Poco a poco fueron llegando las resoluciones aceptándolo y se levantó una losa de asfixia económica y permanente incertidumbre judicial que lastraba la gestión del consistorio.