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Telde.- Un equipo de especialistas externo, contratado por 10.700 euros, evaluará el impacto económico que acarreará al Ayuntamiento de Telde la ejecución de la sentencia del 17 de octubre de 2014 que dio la razón a las empresas SUFI SA y Hermanos Santana Cazorla en el pleito por el contrato del servicio de recogida de la basura y de la limpieza viaria.
Según publica Canarias7, aquel fallo que dictó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria declaró nulo el acto administrativo con el que, el 15 de junio de 2009, el Gobierno local dejó sin efecto otro decreto anterior, del 9 de junio de ese mismo año, que elevaba a definitiva la adjudicación de la recogida de la basura a SUFI y a Santana Cazorla.
Como resultado de ese decreto luego anulado, el contrato recayó en la siguiente mejor colocada en el concurso, FCC, que ha estado prestando este servicio durante estos nueve años y que sigue en activo.
Si para ejecutar ese fallo judicial de 2014, la Corporación local ha de asumir el abono a las dos entidades afectadas de una indemnización por daños y perjuicios, el impacto económico en la administración municipal podría ser muy gravoso, dado que el contrato del que se vieron privadas y que la Justicia dice que les correspondió firmar a ellas asciende a unos 520.000 euros al mes, en torno a 7 millones al año.
El Ayuntamiento ha intentado hasta en dos ocasiones, ambas sin éxito, promover ante ese mismo juzgado de lo contencioso sendos incidentes por la «imposibilidad material» de ejecutar la sentencia.
Entre otras cosas, ha alegado que cuenta con otra sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, de mayo de 2012, anterior a la que ahora hay que ejecutar, que daba por buena la adjudicación definitiva del contrato a FCC. Pero el juzgado número 6 no ha variado su posición. Uno de esos incidentes lo presentó Telde el 13 de diciembre de 2016 y fue desestimado el 31 de julio de 2017. Poco después el Consistorio probó por segunda vez y el juzgado reiteró su negativa en un auto más reciente, dictado por la magistrada Sagrario Tovar de la Fe el 17 de septiembre de 2018.
Complicado escenario
Dado este complicado escenario, y ante la reiterada posición del juzgado de que Telde ha de ejecutar aquella sentencia de 2014, el Gobierno local encargó un informe jurídico que propone, primero, que la Junta de Gobierno tome conocimiento de ese último auto del 17 de septiembre pasado, con imposición de costas al consistorio; segundo, elaborar un informe económico sobre la ejecución de aquella sentencia de 2014 y, tercero, notificar el acuerdo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6.
Así las cosas, el Ayuntamiento ha decidido que ese informe se lo realice un equipo de economistas especializado. Con ese fin, ha tramitado un expediente de contrato menor para adjudicarle la tarea a la entidad mercantil Coecan Coop. Economistas Canarios. Estos expertos tendrán un año para redactar el informe que habrá de determinar el impacto económico que traerá consigo hacer cumplir esa sentencia si ello pasase por pagarle a las entidades afectadas una indemnización que, a priori, se antoja millonaria.
El edil portavoz de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, reprochó este jueves al gobierno que preside Carmen Hernández (NC) su «oscurantismo» con este asunto. «Y lo puedo entender porque este pufo tiene su origen en una decisión que tomó un gobierno en el que estaban también la alcaldesa (entonces como edil de Educación), Celeste López y Agustín Arencibia». Se queja de que «solo hablan de lo que les conviene». «Si no fiscalizo, los vecinos no nos enteramos». Y teme que las consecuencias económicas de este entuerto sean muy elevadas.
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