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Martes, 16 de Diciembre de 2025

Actualizada Martes, 16 de Diciembre de 2025 a las 21:59:07 horas

El exalcalde de Telde, Francisco Valido, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria (Foto Efe) El exalcalde de Telde, Francisco Valido, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria (Foto Efe)

Alba sostiene que los ingresos de Valido son "lícitos" y que Castellano está "huérfana de toda prueba"

El magistrado también critica la tardanza y los errores del sistema

dojeda Miércoles, 01 de Agosto de 2018 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD

Telde.- La sentencia del Caso Faycán, y el magistrado Salvador Alba también con su voto particular, absuelve al exalcalde Francisco Valido de un delito continuado de prevaricación y otro de cohecho. Ya el fiscal le había rebajado bastante la petición de pena al acabar el juicio.

 

Tal y como señala el diario Canarias7, de 6 años de cárcel, pasó a 2, de 22 de inhabilitación, a 12, y de 1,2 millones de euros de multa, a 640.000 euros. Sin embargo, al menos en primera instancia, Valido es eximido de toda responsabilidad. ¿La razón? La falta de pruebas, según el voto de Alba.

 

Por partes: respecto al delito de prevaricación, subraya que «no consta probada una voluntad, una acción deliberada tendente a la no elaboración del plan de disposición de fondos con una finalidad torticera, ilícita, con intención de retorcer la legalidad».

 

Dice que ni se ha probado que tuviera conocimiento del «ilícito actuar» del resto de acusados que han confesado. Se le acusaba de no aprobar un plan de pagos que garantizase un orden legal en los abonos para así poder favorecer a las empresas que pagaban comisiones. «Pero esa elaboración corresponde al tesorero; aunque la aprobación corresponde al alcalde, no puede aprobar algo que no se ha elaborado».

 

Según Alba, tampoco se ha probado nada del cohecho. El indicio al que se agarraba el fiscal era el informe de la Agencia Tributaria que alertaba de ingresos dudosos. Pero Alba no lo comparte. «La conclusión de los peritos y del Ministerio Fiscal parece ser que si lo que se gasta no se corresponde con el ingreso por nómina laboral es un claro indicio de cohecho».

 

La Sala discrepa, según Alba, por «lógica pura racional y por obvias razones jurídicas». Recuerda el importante patrimonio inmobiliario en explotación de Valido y su mujer, y da otro detalle: «No es lógico que si una persona pública está percibiendo comisiones ilegales vaya a ingresarlas en su cuenta bancaria y a tributar por ellas». Tiene claro que el origen de sus ingresos era «lícito». Alba también desmonta la prueba de la libreta con anotaciones de Toñi Torres sobre las supuestas comisiones asociadas a siglas. La instrucción atribuye la inicial Alc al alcalde. Dice que no se puede presumir ni que las siglas se refirieran a concejales ni que las cifras fueran comisiones.

 

Y concluye: que Torres y Gordillo montaran una trama para cobrar comisiones, no implica que el alcalde lo hiciera ni lo supiera.

 

«No está probado que Catellano estuviera al tanto de la trama»

La sentencia y el voto de Alba absuelven a la exalcaldesa Mari Carmen Castellano –en aquel entonces concejala de Desarrollo Loca– de los delitos continuados de falsedad en documento oficial y mercantil, continuado de malversación y continuado de fraude.

 

El fiscal Del Río también ya le había rebajado de forma sensible la petición de condena, pues pasó de pedirle 5 años de prisión a 1 año y tres meses, de 14 de inhabilitación, a 8, y de una multa de 9.000 euros, a quitársela. Pero el fallo la deja libre de cargos porque «de la prueba practicada no se deduce responsabilidad penal alguna o implicación en los hechos» de esta acusada.

 

Advierte Alba en su propuesta de sentencia de que el fiscal se aferra a unas conversaciones telefónicas en las que no interviene Castellano, pero que para el magistrado no demuestran «que estuviera al tanto de la trama de comisiones ilegales». Luis del Río la acusaba de haber pactado, con la edil Torres –ya fallecida– y con Gordillo, financiar la reforma de la sede del PP con dinero municipal falseando facturas de la ferretería de Felipe y Nicolás Ojeda. Alba es contundente: «La implicación de Castellano está huérfana de toda prueba», por mucho que Gordillo reconociese los hechos. ¿Por qué? Porque no está acreditado que la entonces edil lo supiera ni tampoco el PP de Telde, del que Castellano era presidenta local.

 

La exalcaldesa Mari Carmen Castellano llegando a sede judicial el primer edil del juicio del Caso Faycán (Foto Efe)

 

El magistrado tilda de «meras especulaciones carentes de prueba» la «especulación», así la llama, de un informe de la policía sobre el posible destino para la sede del PP de unos fondos que, en principio, eran para talleres, cursos y demás. No consta, insiste, que ninguno de los acusados, y menos aún los vinculados al PP, desviaran fondos municipales para sufragar los gastos de reforma de la que entonces era la sede del partido en Telde, «lo que excluye evidentemente la responsabilidad» de Castellano y del partido en su condición de responsable civil subsidiario.

 

Como con Valido, la policía interpretó que las siglas de la edila estaban en la libreta de Toñi Torres. Pero otra vez el magistrado es contundente: «No existe indicio corroborado, ni siquiera periféricamente, para concluir que el alcalde o la concejal Castellano cobraran comisiones ilegales». Califica las deducciones policiales sobre las cifras y operaciones de esa libreta de conjeturas, y de «conjeturas no puede construirse una condena penal».

 

Críticas por la tardanza

El texto redactado por Alba como sentencia del caso Faycán incluye un apartado específico para reconocer los errores del sistema en este caso. Subraya que no ha debido durar 10 años. «Diez años de publicación en medios de comunicación, de calificativos hacia todos los implicados, y de evidente intención de crear una corriente de opinión». Por eso, dice compartir la decisión del fiscal de aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, lo que prueba, dice, su sensibilidad.

 

Quizás también por ello Alba entendió la decisión de Valido de no declarar en el plenario. Los acusados «han sufrido un envite de los medios de comunicación difícil de soportar y un juicio público que ha durado varios meses, con cámaras de televisión y periodistas presentes en la sala».

 

De ahí que interprete su negativa a declarar como un deseo de «no ser sometido a nuevas imágenes y un nuevo escarnio mediático». Así las cosas, explica también Alba en su voto, «este tribunal no puede tomar el silencio» de Valido como indicio de su culpabilidad.

 

Fuente:  Texto de Gaumet Florido y Francisco José Fajardo/C7.

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