Gobierno y Ciuca aprueban el pago de facturas por 8 millones y reducir la deuda bancaria en 23

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Telde.- El Ayuntamiento de Telde aprobó este lunes, en un Pleno extraordinario y monográfico, y con los votos favorables del grupo de gobierno (NC, CC y CCD) y Ciuca, en contra de Más por Telde y la abstención del resto de fuerzas políticas (PSOE y PP); el expediente para destinar parte del superávit y del remanente de tesorería con los que se liquidó el presupuesto de 2017 al pago de 13.824 facturas antiguas por importe de 8,2 millones de euros y a la amortización de la deuda bancaria en 22,9 millones.

Última sesión plenaria del curso político en Telde, una reunión que se resolvió en poco menos de una hora, con un único punto en el orden del día, convocada expresamente para someter a votación una modificación de crédito sobre el presupuesto 2018 de cara a emplear parte del superávit y del remanente de tesorería con los que se liquidaron las cuentas del pasado ejercicio al pago de 13.824 facturas antiguas correspondientes a 123 proveedores diferentes y a amortizar la deuda bancaria que el Ayuntamiento mantiene con las entidades bancarias.

La sesión, también la última antes del parón veraniego, se desarrolló según lo previsto, sin mayores contratiempos. Los posicionamientos de los grupos políticos poco o nada variaron con respecto a la comisión previa al Pleno, y por lo tanto la votación y el debate transcurrió sin novedades, más allá de la ausencia de cinco concejales de la oposición: los socialistas Gregorio Viera y Saraiba Leal, el portavoz de Ciuca-Unidos por Gran Canaria Juan Antonio Peña, y los ediles no adscritos Esther González y José Hernández.

Los diez votos del grupo de gobierno, sumado a los tres que aportó Ciuca, bastaron para superar a los cuatro ediles de Más por Telde -única fuerza que se pronunció en contra-. El resto de partidos, PSOE y PP (con dos y tres ediles presentes en la sesión, respectivamente), se mantuvieron en la abstención.

Más por Telde insiste en que se incumple lo acordado con el TSJC
En el debate, Juan Francisco Artiles (hoy portavoz de su grupo Más por Telde) y la alcaldesa Carmen Hernández coparon el protagonismo, aunque también hubo breves intervenciones por parte de los representantes del resto.

Artiles insistió en su tesis de que con este expediente el Ayuntamiento de Telde estaría incumpliendo lo acordado con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plan de pagos a expropiados, al entender que según lo pactado con el órgano judicial los remanentes de tesorería tendrían que destinarse a incrementar las cuotas de las anualidades. Argumento que ha sido rechazado por el departamento de Intervención en base a un informe sobre la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Económica que concluye que el superávit debe destinarse íntegramente a reducir el nivel de endeudamiento neto. También puso en duda que por imperativo legal las entidades bancarias tengan máxima prioridad.

Asimismo, cuestionó la antigüedad de algunas de las facturas que se abonarán que, según sus cálculos, de las 13.824 facturas anunciadas por el grupo de gobierno se reducen por el momento a 2.400, las que hasta ahora se han fiscalizado. Y advirtió que salvo un millón de euros el resto de esta deuda corresponde al actual mandato, y que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) es el principal acreedor con 5,4 millones de euros (alrededor de un 70 % del listado), lo que considera “incomprensible”. El líder de Más por Telde dijo también no compartir la “alegría” con la que el grupo de gobierno manifiesta en los medios de comunicación sus logros en materia económica y aseveró que va a mantener y ampliar la alegación que ha presentado su grupo.

A este planteamiento respondió la alcaldesa Carmen Hernández, quien refutó que no se estuviera cumpliendo lo acordado con el TSJC en el plan de pagos. Según la mandataria, se está pagando “a raja tabla” y de manera “sobrada”, incluso con meses de adelanto, alcanzando los doce millones de euros. Y lo que lo que pactó fue destinar los remanentes al pago de intereses, lo cual será la próxima tarea que se acometa.

De hecho, Celeste López (NC) anunció que se está trabajando en un expediente, que ya está bastante avanzado, para liquidar al máximo el principal de esta deuda, con lo cual irán a menos los intereses.

Por otro lado, Sonsoles Martín (PP) criticó la “política de hechos consumados”, del Gobierno local, afeando que su grupo de enterara de este expediente por la prensa, lo cual posteriormente negó Celeste López, quien recordó ya se había aprobado en Junta de Gobierno Local, trasladado a la oposición en una junta de portavoces, sometido a un periodo de alegaciones y luego a una comisión extraordinaria, antes de llegar al Pleno de este lunes.

En cuanto a Ciuca, su hoy portavoz Guillermo Reyes dijo que la tarea de decidir en qué gasta el dinero el Ayuntamiento le corresponde al grupo de gobierno, aunque se tratara de un escenario excepcional al estar en minoría el Ejecutivo. En todo caso, manifestó que su fuerza política querían formar parte de este acuerdo, que viene respaldado por informes jurídicos y técnicos, y que por tanto lo iban a apoyar. También secundó la idea de que por imperativo legal es obligación pagar a los bancos y recalcó la importancia de hacer frente al plan de pagos a expropiados por la sangría que este asunto supone a las arcas municipales, fundamentalmente por los intereses millonarios que está generando la Institución.

Por último, el socialista Alejandro Ramos quiso reconocer el trabajo que el área de Economía había realzado en torno a este “complejo” expediente. Y señaló que él creía que con los créditos ICO ya se había limpiado toda la deuda a proveedores pero que luego, al llegar al Gobierno, descubrió que no era así al encontrarse muchas facturas en los cajones. También subrayó que es primordial liquidar la cuenta 413 “cuanto antes”.