TELDEACTUALIDAD
Telde.- El Gobierno local y la Red de Solidaridad Popular de Jinámar abrieron este lunes vías de diálogo tras una reunión que duró dos horas y media celebrada en la Alcaldía de Telde.
A su término, tanto la alcaldesa Carmen Hernández como Manuel Rodríguez, portavoz de la RSPJ, colectivo que se manifestó el pasado jueves en la plaza de San Juan para exigir mejoras en las prestaciones del área municipal de Servicios Sociales, saludaron el acercamiento entre las partes y los compromisos pactados en el encuentro para fijar líneas de comunicación y corregir las deficiencias que la asociación sin ánimo de lucro de Jinámar ha venido aireando en las últimas fechas.
Rodríguez no dudó en calificar de “positivo” el desarrollo de la cita y la disposición de la primera mandataria municipal “a cambiar la actitud mantenida hasta ahora y de atender nuestras quejas”, si bien lamentó que se haya tenido que llegar a esta situación después de la medida de presión del pasado martes en San Juan.
El representante de la RSPJ, que estuvo acompañado de varios miembros de este colectivo en el encuentro al que asistió también por parte del Ayuntamiento el concejal Diego Ojeda, responsable de Servicios Sociales, anunció que tras la reunión se abre un periodo de dos semanas para que el Consistorio cumpla con sus compromisos y, de forma especial, agilice la entrega de los informes sociales que necesitan familias empobrecidas de Jinámar para poder acogerse a las ayudas del bono bus y eléctrico.
Bonos bus
Desde el Ejecutivo local, por boca de su alcaldesa, se puso de manifiesto que la mayoría de los informes que tienen que ver con el bono de transporte ya obran en poder de sus solicitantes y que sólo 9 no han podido ser emitidos porque los peticionarios no figuran como usuarios de Servicios Sociales de Telde.
Bono social eléctrico
Respecto a las certificaciones sobre la situación de pobreza de las familias para solicitar el bono social eléctrico, el Ayuntamiento está a la espera de que se clarifique a qué institución corresponde su emisión, toda vez que las grandes ciudades canarias, el denominado G-4, sostienen que es competencia del Gobierno regional y no de los Consistorios.
Sobre la queja de la RSPJ del trato inadecuado que reciben por parte del departamento de Servicios Sociales, Hernández defendió el “alto nivel profesional” del personal municipal adscrito a esta concejalía, aunque admitió que se puedan haber dado “situaciones que no tenían que haber ocurrido”, por lo que se mostró abierta a estudiar los casos que han motivado la denuncia del colectivo jinámero.
Unidad Alimentaria, desacuerdo
En lo que no hubo acuerdo entre las partes, y así se volvió a poner de manifiesto en la reunión que comenzó pasadas las 12 del mediodía, es en la decisión del Consistorio de suprimir la Unidad Alimentaria y de derivar los usuarios a varias ONGs con las que ha convenido el reparto de comida, una tarea que, a juicio de la alcaldesa, no entra dentro de las responsabilidades de los Ayuntamientos.
Al respecto, insistió en la tesis que defiende su gobierno de que la Institución local está más para poner en marcha políticas y recursos que dignifiquen a las familias y “esto se ha conseguido en este mandato con el aumento del importe de las ayudas y en la respuesta a los usuarios, que ha pasado de seis meses a menos de dos”, un avance que reconoció Manuel Rodríguez pero que señaló que siguen habiendo familias con ayudas aprobadas que llevan seis meses después sin recibirlas.
Rodríguez apuntó que la RSPJ coincide con el Ejecutivo local en que hay desterrar las políticas sociales de corte asistencialista, pero entiende que la unidad suprimida es un recurso de primer orden para paliar la situación alimentaria de muchas familias y que en el uso de ONGs como agentes mediadores para la distribución de comida se deben evitar “humillaciones” a los usuarios de este servicio.
La alcaldesa ofreció a la RSPJ que se incorpore a las mesas de trabajo de coordinación que el Ayuntamiento mantiene periódicamente con estas organizaciones no gubernamentales para exponer allí sus quejas.
Invitación a participar en el Plan Integral de Jinámar
También se le invitó a participar de forma activa en la mesa de recursos del Plan Integral de Jinámar, “para que no se quede sólo en la crítica sino que realice también acciones de mejora”, una propuesta que la RSPJ anunció que tendría en cuenta “en la medida que haya un cambio de actitud del Ayuntamiento hacia nuestro colectivo”, manifestó Rodríguez, para quien las intervenciones en esta zona deprimida, a caballo entre Telde y Jinámar, deben incidir especialmente en las personas. “En Jinámar hay un grave problema de desarraigo social, de cultura de pertenencia al barrio y a Telde”, añadió.
Convenios de reinserción laboral
Otra de las cuestiones puestas sobre la mesa por la RSPJ fue su disconformidad con el sistema de selección de los beneficiarios de los convenios de empleo promovidos por el Gobierno de Canarias, una reprobación que el Ejecutivo tripartito que preside Hernández asegura compartir pero que escapa a sus competencias.
“Es mejorable y desde el Ayuntamiento se ha planteado al Servicio Canario de Empleo la necesidad de modificar la metodología de selección, pero no hemos tenido éxito”, explicó la presidenta de la Corporación.
Según Rodríguez, la alcaldesa también se comprometió a facilitarles un encuentro con la concejala de Mercado, Marta Hernández, para hacer posible que la RSP vuelva a contar con un puesto en el mercadillo de Jinámar para autofinanciarse.
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