El PSOE acerca a Telde los retos de la nueva Ley de Contratos en el sector público

TELDEACTUALIDAD

Telde.- La diputada del Partido Socialista, Patricia Hernández, junto a Antonio Olivera y Mauricio Roque, participó en Telde en el Foro de Encuentro y Debate organizado por la Agrupación Juan Negrín sobre Retos para la nueva Ley de Contratos para la gestión en el sector público.

En torno a un centenar de personas siguieron en la sala de exposición de la Sociedad La Fraternidad las intervenciones y el posterior coloquio, que estuvo moderado por el secretario general local y concejal en el Ayuntamiento de Telde, Alejandro Ramos.

El reto de la nueva ley de contratos para la gestión del sector público

por Jesús Ruiz Mesa

Una interesante e informativa conferencia enmarcada en el Foro de Encuentro y Debate Juan Negrín de Telde, sobre la nueva Ley de Contratos: “El Reto de la Nueva Ley de Contratos para la Gestión del Sector Público”, se impartió la tarde del jueves 26 de abril con la intervención del Doctor en Economía y CEO de Focus Deployment Hub (FDH), D. Antonio José Olivera Herrera, el abogado Mauricio Roque González, Socio de Rojas Roque Bordallo Abogados SP, preside la mesa de presentación el Secretario General del PSOE Agrupación Socialista Juan Negrín de Telde, D. Alejandro Guerra, Concejal Portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Telde, y la presencia de Da. Patricia Hernández Gutiérrez, Ex Vicepresidenta y Parlamentaria en la Cámara regional de Canarias.

Alejandro Guerra expresa el agradecimiento por la asistencia a este acto dando la bienvenida a los ponentes y al numeroso público asistente que llenaron la sala de exposiciones de la Sociedad La Fraternidad de Telde. Toma la palabra el Economista, D. Antonio José Olivera, que con la exposición de algunos textos en los que se sintetiza le Nueva Ley de Contratos para mejor comprensión del público, Olivera desarrolla a lo largo de cada uno de los segmentos el desarrollo de los aspectos y características, modelos de aplicación, articulado y el complejo ámbito de leyes y normativas que median entre la administración, el sector público, empresas, contrataciones y actuaciones ante los diferentes medios de relaciones contractuales, conceptos y procedimientos, etc.

En el contexto de esta Ley 9/17 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, expone los Principios de la Ley del Contrato: principales y más destacados principios contenidos en el cuerpo normativo en su preámbulo. Transparencia, contratos menores (Art.118), procedimientos de contratación, publicidad del contrato. Mejor calidad-precio (Art.145 requisitos y adjudicación de contratos. Clausulas sociales. Precio o Coste. Oferta anormalmente baja. Criterios de desempate. Reserva de Mercado. Otros principios: Simplificación Administrativa. La PYMES, pasan a tener mayor cabida en la Ley.

Problemas de la aplicación de la Ley. Escasez de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas. Dificultades de carácter interpretativo (Contratos Menores Art. 118). Sugerencias de Estrategia Empresarial para la aplicación de la Ley. Análisis de las ventajas competitivas de la empresa. Preparación de pliegos partiendo de dichas ventajas que faciliten la labor a las Administraciones Públicas AAPP. Supuestos prácticos: Contrato Menor (Art. 118). Procedimiento abierto simplificado (Art.159). Contrato de concesión de obra (Arts. 247-249)”.

Interviene el abogado D. Mauricio Roque González que expone el agradecimiento por la invitación que inicia con el preámbulo de la aplicación de esta Ley y combinada con el articulado ya expresado en la intervención anterior: “Esta Ley como objetivo propuesto, aparte de cumplir con las directivas europeas, trata de incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas. Esta es una de las novedades importantes que tiene esta Ley, y la que más se desarrolla a través de todo su articulado. También dentro de este mismo marco, lo que se intenta es permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. Esto es una novedad, también, porque hablamos a través de la contratación para dar servicios públicos, dentro de las novedades que tiene, en el ámbito subjetivo, y el objetivo. En el primero se recoge la regulación de los poderes adjudicadores no Administración Pública. Es decir, habrá entidades que no son Administraciones Públicas, que tendrán que aplicar esta Ley en su contratación. Para este tipo de Contratos será el Consejo de Estado quién dará la autorización para cualquier modificación que supere el 20% para este tipo de contratos.

En este contexto legal su aplicación conduce al marco de la transparencia y evitar la corrupción, porque será el Consejo de Estado quién tendrá que dar la autorización para este tipo de contratos. Una de las novedades que son los poderes adjudicadores no Administración Pública, se incluyen los Partidos Políticos, las Organizaciones Sindicales y Empresariales, así como las Fundaciones y Asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos siempre que cumplan determinadas circunstancias, entre ellas, que su financiación sea mayoritariamente pública y respecto de los contratos sometidos a regulación armonizada, con todos los umbrales que se establecen en la Ley para todos los contratos. Se han adaptado la tipología de las entidades incluidas en el ámbito subjetivo conforme a Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 40/2015 de 1 de octubre.

Con el ámbito objetivo de aplicación se han estructurado de forma más definida los supuestos de contratos y negocios jurídicos no incluidos en la legislación contractual, aclarándose algunos supuestos como los contratos patrimoniales y añadiéndose algún otro caso nuevo, como los contratos que tengan por objeto, en este caso, conforme tanto a los Sindicatos como los Partidos Políticos, la realización de campañas políticas, que no se regirán por esta Ley. Partidos Políticos y Sindicatos tendrán que hacer toda su contratación de servicios o utilidades a través de los contratos que establece la Ley, excepto las Campañas, tanto de los Sindicatos en su momento de elección y de las elecciones con los Partidos Políticos. En la ley se mantiene la existencia de los tres niveles: Sector Público, Administración Pública y Poderes Adjudicadores”.

Patricia Hernández Gutiérrez, Ex Vicepresidenta y Parlamentaria del Gobierno de Canarias, en su intervención expone: “Esta Ley en toda su extensión y comprensión, necesitaría unas jornadas para conocer en profundidad la Ley y hablar de los diferentes aspectos. Pero, creo que hay que hablar de algo tan importante como las clausulas sociales, que, por cierto, llevamos como compromiso con la ciudadanía, y que desde el marco de la Vicepresidencia y no desde la Consejería lo llevamos a cabo con el comisionado de Inclusión Social y lucha contra la pobreza. El mensaje está claro, tenemos responsabilidades como Administraciones Públicas, tenemos potencia de fuego suficiente para condicionar como mayor licitador del estado de condicionar los pliegos y que no vayan a la baja.

Discrepo de que la baja temeraria podría condicionar el incumplimiento de los convenios colectivos, no es una garantía, que el precio sea alto para que incumplamos los convenios colectivos. El convenio colectivo no se puede incumplir, incluso con unas ofertas altas y un amplio margen de beneficio para las empresas. Me dirijo a los responsables de sacar estos concursos y, hay que ponerse las pilas, si nosotros queremos, y no queremos ver a los trabajadores y trabajadoras de nuestras administraciones, o los que nos prestan algún servicio, en los servicios sociales de los Ayuntamientos, porque son trabajadores o trabajadoras que prestan un servicio a la Administración Pública.

Tenemos los instrumentos suficientes para hacerlo, los tenemos en la Ley, pero los tenemos en una orden que sacó el gobierno del que yo formaba parte unos meses antes de cesarnos, que es obligatorio incluir cláusulas sociales en los pliegos. Y en el caso de que no se pueda, habrá que motivar la causa por la cual no procede. Esto se ha saltado y la cuestión es que no se le ha dado suficiente conocimiento en la realidad de incumplir lo pactado en los pliegos.

Desde luego hablamos de sueldo, esto está claro, pero hablamos también de igualdad salarial, de conciliación y tiempos, de huella ecológica, hablamos de empresas de inserción, hablar de una reserva para economía social en unos contratos, o en un 15% para puntuar determinados aspectos según la contratación y la Administración que quisiera potenciar, porque entendemos que tampoco podríamos cerrarlo. La realidad es que esta Ley habla de todo esto. Hay que puntualizar, antes no hablaba pero se permitía. Dividíamos en tres partes el proceso. Una primera parte en la que con las leyes que estaban se formaban a los técnicos que tenían que sacar los pliegos de contratación para explicarles qué medios tenían a su alcance para influir en las condiciones de vida, primar los compromisos y actuación, como fórmula de mejoras. Formar e informar. Un segundo paso, sacar estos compromisos que fueron llevados a Gobierno, y un tercer paso la Ley. Habrá que tratar, pensando que es una Ley muy tensionada, no solo pensar en el servicio exclusivo que se presta sino en lo que se quiere conseguir, que está en los principios de la Ley, los objetivos comunes que se persiguen como Comunidad Autónoma, Islas, Ayuntamientos, Estado, y que se puede desarrollar contratando.

hablamos del poder que tiene el consumidor a la hora de elegir y se ha venido hablando poco del poder que tiene como licitador público. Las cláusulas sociales hacen imposible a veces los cumplimientos, es necesario que se establezcan mejoras con respecto a los convenios, y hay que dejar bien claro que en causa de incumplimientos laborales, y no con la Administración, incumplimientos laborales con los trabajadores y trabajadoras en el contrato, hay que pensar en el proceso con algunas empresas que siguen cobrando de la Administración Pública, pero que no pagan a sus trabajadores y trabajadoras durante meses, y cuando, a veces, van a la Administración las empresas no pueden hacer nada, y probablemente sea verdad en ese momento, pero esto hay que pensarlo antes. La ley de cláusulas sociales es necesario que se lleven adelante y creo que es necesario ese salto cualitativo del que habla la Ley. Está en la Ley que se valore el coste de mantenimiento del producto, no solo qué es lo que se ha hecho sino qué medios tenemos que poner a ese producto para su mantenimiento. Los contratos que regulan las actividades de los grupos laborales, hombres y mujeres, la necesidad de regular los complementos salariales en igualdad entre los mismos, y sometidos a la Ley que habla de esto, y responsabilidad del que licita, por ejemplo, que en nuestros hospitales se paguen complementos diferentes a hombres y mujeres. Necesario mejorar para ir con los objetivos que queremos como sociedad”.

Cierra las intervenciones Alejandro Ramos Guerra agradeciendo a los ponentes y exvicepresidenta Patricia Hernández sus exposiciones, haciendo hincapié y destacando la importancia de la norma, de los pliegos, concursos, lentitud de su elaboración, conocimiento por parte del ciudadano del proceso administrativo, y su cumplimento en las relaciones administración, Corporación y empresas, norma y licitación y presentación en los Plenos y actos oficiales.

Abre una interesante rueda de preguntas ante la complejidad de lo tratado, pero, que en lo expuesto, hay un propósito de empezar a dar a conocer en un lenguaje más cercano y sencillo una Ley y su aplicación, en un reto en la que los resultados finales y la buena praxis de las mismas revierte directamente en la ciudadanía en el camino de la Ley de Contratos y la Gestión del Sector Público. Enhorabuena a los ponentes y la iniciativa del Foro de Encuentro y Debate Juan Negrín de Telde. Muchas gracias.

Jesús Ruiz Mesa es colaborador cultural de TELDEACTUALIDAD.