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Telde.- El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a 14 entidades locales, entre ellas Telde, advirtiéndoles de que, o corrigen el elevado nivel de morosidad en que incurrieron en 2017, o intervendrá sus ingresos para pagar directamente a los proveedores.
Según El País, son 13 Ayuntamientos y a la Diputación de Cádiz que arrastran un largo historial de incumplimientos por su delicada situación financiera. Están altamente endeudados y durante todo el año pasado han tardado en pagar a sus proveedores más de 60 días —30 días que empiezan a contar al mes de recibir la factura—. Hacienda les exige antes del 20 de abril un nuevo plan de ajuste.
Se trata de nueve entidades locales andaluzas: Jaén, Jerez, Granada, Huelva, Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Algeciras, Vélez-Málaga y la Diputación de Cádiz. Y otros tres Ayuntamientos madrileños: Alcorcón, Leganés y Parla. También han recibido el ultimátum Gandía y Telde (Las Palmas).
Por eso, Hacienda ha enviado cartas esta semana a 14 entidades locales que incumplieron durante todo el año pasado el plazo legal de pago. Tanto la Ley de Estabilidad —una norma creada en 2012 para consagrar la austeridad en las cuentas públicas— como la Ley contra la morosidad establecen que las administraciones públicas deben pagar en un plazo inferior a 30 días, que empieza a contar al mes de recibir las facturas. Si incumplen ese plazo legal durante más de dos meses, las administraciones infractoras tienen que elaborar un plan de tesorería con ajustes para enderezar la situación.
Hacienda recuerda en la misiva, enviada a los alcaldes e interventores, como estos Ayuntamientos ya tuvieron que presentar un plan de ajuste en el tercer trimestre del año pasado. Y aún así no han enmendado su situación. Jerez, Gandía, Parla, Algeciras, Telde o Jaén tardan más de nueve meses en pagar a sus proveedores. El periodo medio de pago de Jaén asciende, incluso, a 540 días: más de un año y medio, según los datos de Hacienda.
"A pesar de la actualización de su plan de tesorería y de su aplicación durante noviembre y diciembre de 2017 (publicado en marzo) el periodo medio de pago siguió incurso en el supuesto de morosidad de la Ley de Estabilidad al ser superior en más de 30 días", explica Belén Navarro la secretaria general de financiación autonómica y local en la carta remitida por Hacienda.
El ministerio obliga al interventor a que en el plazo de 15 días envíe una alerta al órgano de tutela competente —la Junta de Andalucía para los Ayuntamientos andaluces y Hacienda para los Consistorios madrileños y canarios—. Se trata de un paso imprescindible para obligar a estos municipios que presenten otro plan de ajuste para corregir su morosidad. Los alcaldes tendrán de plazo hasta el próximo 20 de abril. En caso de que no lo hagan, advierte el ministerio, se procederá a la intervención de sus recursos para que Hacienda pague directamente a los proveedores a cuenta de los fondos que les correspondan a esas ciudades por la financiación local. Además, se les obligará a adherirse al fondo de ordenación, unas líneas de crédito del Gobierno que exigen unos requisitos de información y ajustes adicionales.


























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