TELDEACTUALIDAD
Telde.- El Ayuntamiento ha advertido la existencia de obras ilegales en la parte de la Casa de la Condesa, en Jinámar, que ha sido ocupada por el colectivo vecinal Thenesor. Las vincula a la necesidad de la asociación de dotarse de depósitos de agua. El consistorio ultima una denuncia ante la Policía Nacional.
No mejoran las relaciones entre el Ayuntamiento de Telde y uno de los colectivos que ocupa parte de las instalaciones de la casona, abandonada por la institución desde hace años. Este jueves hicieron llegar al gobierno municipal la denuncia de que la asociación Thenesor ha ejecutado obras ilegales en el complejo. Aseguran que tienen que ver con la instalación de varios depósitos de agua y añaden que el lugar en el que están colocados podría no resistir el peso de esa carga, según publica Canarias7.
Por lo pronto, este argumento podría formar parte del expediente que para ejecutar el desahucio judicial ha instado la Concejalía de Desarrollo Local, solicitud que deberá ser tramitada, en todo caso, por la de Patrimonio. No obstante, y dado que un desalojo así requiere de tiempo, el Ayuntamiento ultima una denuncia ante la Policía Nacional contra el colectivo, al que considera un okupa en instalaciones que son municipales. ¿El motivo? Que desde este miércoles su presidente, Francisco Suárez, impide el acceso a los baños de la casona a los profesores y alumnos de un proyecto de formación para trabajadores en paro que promueve el consistorio en la Casa de la Condesa.
Por su parte, Suárez asegura que las obras ejecutadas solo tienen que ver con la salubridad del inmueble y que no ha alterado la estructura de la edificación. El gobierno local califica las obras de ilegales porque ni han contado con el visto bueno del propietario del complejo, que es el Ayuntamiento, ni con licencia de Urbanismo. Además, es un edificio histórico y no es viable cualquier obra.
El colectivo Thenesor alega varios permisos
La asociación Thenesor ocupaba un local desde 1993 en un margen de la Casa de la Condesa, junto al portón principal de entrada al complejo. Se lo cedió el Gobierno canario. Sin embargo, desde hace tres o cuatro años extendió su ámbito de acción hasta el patio principal de la vieja casona, a varios locales que dan a este espacio amplio y a los dos aseos. Los ocupó justo en la etapa en la que este inmueble estaba siendo víctima de reiterados e impunes asaltos y saqueos, de ahí que el Ayuntamiento, que llevaba años mirando para otro lado, llegó a considerar su presencia como un mal menor.
Pero ahora la institución y el colectivo han terminado chocando. El Consistorio ha ubicado en instalaciones anexas de la casona un proyecto de formación del Servicio Canario de Empleo que precisa de los baños que está ocupando el colectivo. Y Francisco Suárez les ha impedido el acceso porque asegura que el agua de esos aseos la pone él, de ahí que exija al Consistorio que sea la institución la que ponga el suministro.
En todo caso, asegura contar con un permiso de uso del patio y de esos aseos emitido por el edil de Participación, Marcos Monzón, entre 2007 y 2011. Y desde el gobierno
le responden: una cosa es un permiso de uso y otra hacerse el dueño.
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