TELDEACTUALIDAD
Telde.- Una de las principales medidas que aplicó el Gobierno de Telde durante el mandato anterior, presidido por el PP, en el marco del polémico Plan de Ajuste, la subida del Impuesto de Actividades Económicas, ha sido tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La importante subida del IAE fue una medida que originó desde el momento en que se supo las pretensiones del pacto integrado por PP, Ciuca y CC, con Mari Carmen Castellano como alcaldesa, una gran contestación de empresarios y partidos políticos del municipio que llegaron a solicitar, sin éxito, la revocación de la subida generalizada de impuestos como el IBI, IAE que en algunos casos conllevaba incrementos que quintuplicaba el importe de los recibos.
Las nuevas tablas que manejaban entonces el Consistorio hicieron que las empresas que pagaban hasta la fecha del orden de 500 euros al año (el mínimo dentro de la categoría más baja) tuviesen que abonar unos 2.700 en 2013.
Según el reciente fallo judicial, conocido en esta jornada, estima que el Consistorio debió explicar su decisión de subir este impuesto y no ampararse únicamente en su política fiscal.
El IAE es un tributo por el que cada año se expiden del orden de 5.000 recibos en el municipio, ya que solo están obligados a él aquellas empresas cuya facturación supere el millón de euros al año. De esta cantidad, unas 1.800 son las que hacen efectivo algún tipo de cobro porque el resto goza -o gozaba, hasta la fecha- de exenciones que dejaban en cero euros su carta de pago.
Sin embargo, esta petición chocó de frente con un informe del entonces interventor del Ayuntamiento de Telde, Enrique Orts, quien la rechazó porque la subida de estos impuestos se enmarcaba en las medidas que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas requería para garantizar la sostenibilidad financiera de la operación de endeudamiento a largo plazo a la cual se acogió el Consistorio teldense dentro del denominado Plan de Ajuste.
Un crédito que permitió financiar el pago de una deuda pendiente de 72.509.605 euros a las empresas públicas Fomentas SL y Gestel SL y proveedores municipales, que se materializó a través de la Agencia Tributaria dentro del mismo ejercicio 2012.
Argumentaba entonces Ortes que la revocación planteada desde Nueva Canarias-Centro Canario Nacionalista obligaría al Ayuntamiento de Telde a amortizar de forma anticipada el préstamo suscrito y a la devolución de su importe a la Agencia Tributaria, todo ello sin perjuicio de los intereses devengados. Alternativamente, el interventor también contempla que Fomentas, Gestel y los proveedores municipales reintegren los pagos efectuado a través de esta operación con amortizaciones parciales al préstamo.
Ante tales consecuencias, y dada la complicada situación de la maltrecha tesorería municipal, el alto funcionario municipal, hoy jubilado, no consideraba la posibilidad de que con fondos propios el Ayuntamiento de Telde afronte la amortización de dicho préstamo.































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