Ampliación: El fiscal rebaja las penas a los acusados del Caso Faycán y las deja por debajo de los 2 años, con lo que evitarían la cárcel

TELDEACTUALIDAD

Telde (Efe/TA).- El fiscal Anticorrupción Luis del Río ha solicitado este jueves aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a los ocho acusados –Francisco Valido, Mari Carmen Castellano, Esteban Cabrera, José Luis Mena, Juan Felipe Martín Ramos, Emilio Hernández López, Agustín León Suárez y Domingo Juan Campos Barreto– que restan en el juicio del Caso Faycán, por lo que las penas que ha reclamado para todos ellos no rebasan los dos años, con lo que evitarían ingresar en la cárcel.

Inicialmente, Luis del Río solicitaba al tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas que preside el magistrado Salvador Alba condenas para estos acusados de entre 13 años y 9 meses de prisión y 3 años de cárcel por su presunta implicación en esta trama corrupta político-empresarial que juzga las comisiones ilegales que se cobraron en el Ayuntamiento de Telde durante el mandato 2003-2007, en el que gobernaban en la ciudad el Partido Popular y Ciuca. 

Para el acusado que se enfrentaba a la mayor pena en este caso, el arquitecto técnico municipal de Telde Esteban Cabrera Guerra, que en su declaración reconoció que recibió sobornos por valor de 10.600 euros a cambio de emitir dos informes favorables para que se le adjudicaran dos obras municipales a la empresa Cobra, Del Río ha pedido una condena de 2 años de prisión, inhabilitación especial por ese periodo y una multa de 9.000 euros.

Asimismo, para el exalcalde de Telde Francisco Valido (PP), quien se enfrentaba a 6 años de cárcel por delitos de cohecho y prevaricación, reclama ahora 2 años de prisión, la inhabilitación especial durante 6 años y una multa de 640.000 euros.

La concejala de Desarrollo Local y exalcaldesa de Telde María del Carmen Castellano (PP), que en un principio se enfrentaba a una condena de 5 años cárcel y 14 de inhabilitación, solicita 1 año y 3 meses de prisión y 5 años y 3 meses de inhabilitación especial.

Del mismo modo, el fiscal Anticorrupción rebaja las condenas que reclamaba para los otros cinco acusados –que iban de los seis años y seis meses de prisión– a los 2 y 1 año de cárcel. Se trata de los procesados Agustín León, secretario general de Ciuca; José Luis Mena, exjefe de Urbanismo del Consistorio y que se encuentran en prisión por el Caso Europa y el Caso Alisios; Domingo Juan Campos, empresario; Juan Felipe Ramos, administrativo; y Emilio Hernández, arquitecto municipal.

Los otros veinte procesados en esta causa se declararon culpables al inicio del juicio y pactaron con la Fiscalía aceptar condenas que tampoco rebasan en ningún caso los dos años de prisión, con lo que con toda probabilidad también evitarían el ingreso en un centro penitenciario en el caso de que fueran condenados por el tribunal.

Salvo Esteban Cabrera, que se acoje al pacto con el Fiscal, el resto piden la absolución

Las defensas, tras conocer los cambios formulados por el fiscal, han reclamado la absolución de los acusados, salvo para el técnico Esteban Cabrera, cuyo abogado ha aceptado la petición formulada por Del Río, como ya adelantó hace varias semanas.

El letrado de José Luis Mena, Álvaro Campanario, ha señalado al tribunal que el fiscal ha aplicado una "vara de medir diferente" a la hora de aplicar las dilaciones indebidas a los acusados, cuestión sobre la que ahondará cuando presente su informe final.

En declaraciones a los periodistas, Campanario ha argumentado que no es lo mismo reducir una condena de trece años y medio de cárcel a dos, que bajar otra de cuatro también a dos, como ocurre con su cliente, o de cinco a uno, como es caso de Castellano. A su juicio, la comparación entre esos casos evidencia una "desproporción".

El fiscal y las defensas han presentado sus conclusiones definitivas después de las declaraciones de los tres últimos acusados que quedaban pendientes de ser oídos por el tribunal: el arquitecto técnico Emilio Hernández Déniz, el exjefe de Urbanimo José Luis Mena y la exalcaldesa de Telde, que solo ha contestado a las preguntas formuladas por su abogada.

Los tres han rechazado las acusaciones que formula el fiscal contra ellos.

El Caso Faycán se desinfla

Por Gaumet Florido/Canarias7

El caso que juzga si hubo o una trama del gobierno de Telde entre 2003 y 2006 para cobrar comisiones ilegales está llegando a su fin y lo hace con solo 8 de los 28 acusados iniciales y con una nueva rebaja de penas del fiscal. Con este panorama, en principio nadie pisará la cárcel.

El fiscal Luis del Río volvió a rebajar este jueves sus peticiones de pena iniciales a los 8 acusados del caso Faycán que decidieron no reconocer los hechos y permanecer en el banquillo hasta el final.

El atenuante que expone en sus conclusiones finales apela a las dilaciones indebidas muy cualificadas que se han dado en este proceso. Para ninguno de ellos le reclama más de dos años de cárcel, por lo que, salvo que el tribunal decida lo contrario, no tendrán que entrar en la cárcel si fueran finalmente condenados.

Esta excepción no afectaría a José Luis Mena, que, de salir condenado a prisión, vería sumar el tiempo que le cayese a los años que ya está cumpliendo.

Hoy declararon el técnico municipal Emilio Hernández, Mena y la exalcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, aunque esta último se acogió a su derecho a no responder a las preguntas del fiscal.

Al juicio aún le quedan dos sesiones, los días 12 y 13 de marzo, para los informes finales del fiscal y las defensas, Entonces quedará visto para sentencia.

Los acusados del caso Faycán no pisarán la cárcel

Por Iván Suárez/CanariasAhora.com

Los acusados del caso Faycán, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde gobernado por el PP y AFV-Ciuca durante el mandato 2003-2007, no pisarán la cárcel. La Fiscalía ha modificado este jueves su escrito de acusación para reducir la petición de penas, hasta un máximo de dos años de cárcel, a los siete procesados que no han reconocido los hechos, entre ellos los exalcaldes Francisco Valido y María del Carmen Castellano, y al técnico municipal Esteban Cabrera, que  confesó en la declaración que prestó el pasado martes ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El representante del Ministerio Público les aplica el atenuante “muy cualificado” de dilaciones indebidas por el retraso acumulado en la causa desde que comenzara la instrucción, en 2006.

En la primera sesión del juicio, celebrada el 15 de enero, veinte de los 28 encausados admitieron su participación en la trama para el cobro de comisiones ilegales a cambio de una sustancial rebaja de penas, tras un pacto con la Fiscalía. Ahora, con la modificación de las conclusiones planteada por Luis del Río, los restantes ocho acusados también eluden el ingreso en prisión por esta causa.

Mari Carmen Castellano, concejal del PP, en la vista oral de este jueves (Elvira Urquijo/Efe)

La condena de prisión sólo afectaría a José Luis Mena, exjefe del servicio de Urbanismo de la corporación local, que ya cumple una pena de tres años y medio por un delito de falsedad documental en  el caso Los Alisios y otra de cinco años y tres meses por cohecho y falsedad en Grupo Europa, una pieza separada de Faycán.

La satisfacción entre los abogados de la defensa a la salida de la sala era evidente  . Alguno de ellos incluso se aventuraba a afirmar que la inmensa mayoría de los procesados, si no todos, serían absueltos por el tribunal presidido por Salvador Alba, sobre quien pesa un auto de procesamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) por la presunta comisión de cuatro delitos en la operación urdida para perjudicar a la también jueza Victoria Rosell. El devenir de la causa contra Alba es clave para el caso Faycán, ya que la apertura de juicio oral contra el magistrado conllevaría su suspensión y, por lo tanto, la imposibilidad de dictar la sentencia, con lo que previsiblemente habría de repetirse la vista.

Estas son las penas solicitadas por la Fiscalía tras la modificación de las conclusiones provisionales:

Francisco Valido. Exalcalde de Telde y actual secretario político del PP en el municipio. La Fiscalía, que solicitaba para él seis años de cárcel y 22 de inhabilitación por prevaricación y cohecho, reduce su petición a dos años de prisión, doce de inhabilitación y una multa de 640.000 euros.

María del Carmen Castellano. Exconcejala de Desarrollo Local, exalcaldesa y actual edil del PP en el Ayuntamiento de Telde. Está acusada de b lanqueo de capitales, malversación, falsificación y fraude. En el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal pedía para ella cinco años de cárcel y catorce de inhabilitación. Ahora solicita un año y tres meses de prisión y ocho de inhabilitación.

José Luis Mena. La pena de cárcel solicitada para el exjefe de Urbanismo se reduce a la mitad, de los cuatro a los dos años de cárcel y de los tres años al año y medio de inhabilitación. Además se le impone una multa de cinco meses con una cuota diaria de 15 euros por un delito de falsedad.

Esteban Cabrera. Arquitecto técnico en la Concejalía de Deportes. Era el acusado que se enfrentaba a la mayor condena: trece años y nueve meses de cárcel y 32 de inhabilitación por p revaricación, cohecho, delito contra el mercado, malversación y falsedad . Tras reconocer los hechos y aplicarle el atenuante de dilaciones indebidas, acepta dos años de cárcel y seis de inhabilitación, además de tres multas (una de 2.650 euros y otras dos de tres y cinco meses con una cuota diaria de 10 euros), y la devolución de los 10.600 euros que cobró como comisiones ilegales.

Juan Felipe Martín. Auxiliar administrativo en el área de Contratación. La Fiscalía reduce la pena de los seis años y tres meses de cárcel y 19 años de inhabilitación a los dos años de prisión, nueve de inhabilitación y dos multas, una de 19.000 euros y otra de nueve meses a razón de 10 euros por día. Está acusado de prevaricación, cohecho y delitos contra el mercado.

Agustín León. Exsecretario de la plataforma ciudadana Ciuca. Se enfrenta a un año de cárcel, cuatro de inhabilitación, una multa de 45.000 euros y otra de seis meses con una cuota diaria de 10 euros. En su escrito de acusación, la Fiscalía pedía para él tres años de cárcel y seis de inabilitación por cohecho y delito contra el mercado.

Domingo Juan Campos. Administrador de Gráficas Atlanta. El único empresario que no ha reconocido haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones o preferencia de cobro inició el juicio con una petición de cinco años de cárcel por cohecho que ahora se ha rebajado a dos y una multa de 9.000 euros.

Emilio Hernández. Arquitecto técnico en la Concejalía de Urbanismo. La petición de pena se reduce de cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación por falsedad a dos de prisión, un año y seis meses de inhabilitación y una multa de cinco meses con una cuota diaria de 15 euros.