TELDEACTUALIDAD
Telde.- La segunda sesión de esta semana de la vista oral del Caso Faycán, que se viene celebrando desde mediados de enero en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, tan solo duró 25 minutos. El tiempo que el fiscal y algunos de los abogados de las defensas emplearon en interrogar a siete de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que participaron en las labores de investigación.
La vista comenzó a las 09.56 horas con una muy breve declaración, de apenas tres minutos, de uno de los policías judiciales que participaron en la investigación de la supuesta red de corrupción política que se detectó en 2005 en el Ayuntamiento de Telde, durante el Gobierno de PP y AFV-Ciuca y que saltó a la opinión pública el 1 de marzo de 2006 con las primeras detenciones.
El miembro de la Brigada de Información del CNP se ratificó en el contenido de las diligencias que se practicaron al amparo del instructor del caso, Francisco Javier García García-Sotoca. Relató que, entre otras actuaciones, intervino en la detención de Juan Francisco Gordillo Chamorro, empleado de Moncobra e hijo del entonces asesor municipal Francisco Gordillo, mano derecha de la concejala María Antonia Torres, fallecida y considerada como la cabecilla. Y en la entrada y registro a la sede de esta empresa, en unas oficinas situadas en la céntrica calle de León y Castillo de la capital grancanaria.
Entre el Rías Bajas y el Cinco Jotas
El segundo de los agentes citados fue el que más se extendió en su testimonio, unos doce minutos, y el único que fue interpelado por las defensas, más concretamente por la de Agustín León, aunque tampoco aportó ningún dato de relevancia. Pidió disculpas y advirtió, en varias ocasiones, que después de doce años guardaba en su memoria muy pocos detalles de toda la operación policial que destapó esta supuesta trama corrupta en la que 20 de los 28 acusados ya han reconocido la comisión de ciertos delitos.
Fue el que participó en el seguimiento de varias reuniones con un trasfondo supuestamente delictivo, como una cita de Francisco Gordillo y Pedro Betancor en las oficinas de Cementos Las Torres. Y otro encuentro que tuvo por escenario la selecta marisquería-restaurante Rías Bajas de la calle Simón Bolívar, en la capital. Los protagonistas de esta comida fueron Omar Suárez, de Planos, Gestión y Construcción, y, de nuevo, el asesor, quien supuestamente recibió cierta cantidad de dinero del primero y luego acudió a entregarlo a la vivienda que Toñi Torres y el entonces interventor del Consistorio Enrique Orts compartían en la calle Galicia.
De su relato, muy vago e impreciso, lo que incluso propició el acicate del magistrado Salvador Alba para que tratara de recordar algún detalle con el que el tribunal pudiera sacar algo en claro, poco o nada se desprende que sirva ara respaldar las acusaciones formuladas por el fiscal anticorrupción Luis del Río. Se remitió una y otra vez a la diligencias, e incluso solicitó consultarlas ante la desmemoria que aducía. Petición a la que no accedió el juez principal.
Contó cómo un pinchazo telefónico llevó a la Policía al Mesón Cinco Jotas de El Cortijo de Jinámar, donde Alejandro Navarro (exdirectivo de Mazotti) entregó un soborno de 180.000 euros a Francisco Gordillo, hechos que ha ya han sido reconocidos por el primero en las sesiones anteriores del juicio. Y que luego, en solitario, siguió al asesor de Torres hasta la zona de Arnao, donde se encontraba la asesoría del exsecretario político de Ciuca y padre de una de las concejalas de este partido, Agustín León.
Aquí, ante una batería de preguntas de León, su testimonio fue perdiendo fuerza probatoria. Solo pudo afirmar que, tras una serie de llamadas y el seguimiento al vehículo, intuyó que Gordillo acudió a esta oficina para entregar a Torres los 180.000 euros que luego supuestamente la fallecida repartiría a partes iguales, como así apuntó durante su comparencia en jornada anteriores el propio asesor, con León. Pero en ningún lo vio entrar.
Defensa y tribunal le repreguntaron en varias ocasiones cómo supo que Gordillo se dirigía a la asesoría de León y no a otro lugar. “Lo dedujimos por donde aparcó el coche… Para establecer una reunión de este tipo y entregar dinero” –era la única localización objeto de las investigaciones en las que podían reunirse–, vino a decir. “¿Si yo lo vi entrar en la asesoría? No”, respondió luego al magistrado Salvador Alba.
El presidente del tribunal también quiso saber si con anterioridad a estos hechos habían tenido lugar otras reuniones en el negocio de Agustín León. Cuestión que el agente de la Brigada de Información no pudo aclarar. “Eso no lo recuerdo”, afirmó.
"Me remito a las diligencias", la frase más recurrente
Las declaraciones de los agentes siguientes fueron también muy rápidas, de apenas unos minutos de duración, puesto que se ratificaron en lo que consta en el sumario del caso. Fueron los policiales que intervinieron, entre otras actuaciones, en el registro de la vivienda de María Eugenia Fernández, hija de Torres, en la calle de Mesa y López de la capital, y del piso que habitaban en la calle de Galicia el matrimonio Orts y Torres.
El sexto testigo, una agente policial, además de participar en el registro de Mesa y López, realizó informes sobre varias actuaciones de la empresa Preconte como las obras realizadas en la iglesia de Lomo Magullo, la venta de una vivienda a Gordillo -donde se detectaron irregularidades en la colocación de una pérgola-, una permuta y la cesión de un piso en un edificio de San Juan a María Antonia Torres.
La sesión finalizó sobre las 10.21 horas, 25 minutos después de su inicio, tras declarar los siete agentes policiales. Estaba prevista también la comparecencia de dos testigos más, pero ni siquiera llegaron a entrar a la sala al no considerar necesarios sus testimonio las partes. José Luis Mena, uno de los acusados, no asistió a la vista y Francisco de Armas relevó a Jorge Rodríguez como abogado del Partido Popular en la causa.


























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