La Fiscalía ofreció un pacto a todos los acusados del Caso Faycán

TELDEACTUALIDAD
Telde.- Hasta la fecha poco o nada se conocía del pacto masivo de la Fiscalía al que se habían acogido 20 de los 28 acusados del Caso Faycán, más allá de algunos detalles como que las negociaciones entre las defensas y Luis del Río fueron sumamente complejas. Sin embargo, este miércoles se conocía que el polémico acuerdo del Ministerio Público se extendió a los otros 8 procesados.

Un secreto conocido por muy pocos y que prácticamente se mantenía en el círculo de los implicados y de la Fiscalía, y que el letrado Juan Sánchez Limiñana se ha encargado de desvelar en una entrevista radiofónica que ofrecía este mismo miércoles al programa Buenos Días Canarias.

Limiñana, abogado del exalcalde Francisco Valido y del técnico municipal Esteban Cabrera, sostenía que la oferta del fiscal Luis del Río de rebajar los cargos y la penas de cárcel que solicitaba a cambio de reconocer parte de los hechos “ha sido para todos”, sin que existiera “ningún tipo de discriminación”.

Esto implica que, además de Enrique Orts, Francisco Gordillo, Carmelo Oliva, María Eugenia y Francisco José Fernández, Luz Navarro (la denunciante) Antonio Nadal, Juan Francisco Gordillo Chamorro, Jorge Rodríguez, Felipe Ojeda, Abelardo Martínez, Víctor Hugo Rosales, José Manuel Gutiérrez, Candelaria Sánchez, Guadalupe López y Salvador Santana; también se hubieran podido acoger al beneficio de la confesión el resto de acusados: María del Carmen Castellano, Francisco Valido, José Luis Mena, Emilio Hernández, Juan Felipe Martín Ramos, Agustín León, Domingo Juan Campos y Esteban Cabrera (este último ha anunciado su deseo de hacerlo).

Un Caso Malaya venido a menos
Para Limiñana, que ha llegado a un acuerdo con el fiscal para rebajar las penas a su defendido Esteban Cabrera para evitar que ingrese en prisión,  las cuatro primeras sesiones del Faycán han transcurrido sin sorpresas. Ni siquiera la del acuerdo con la Fiscalía ya que, según apuntó, “ya se veía desde antes” que el Ministerio Público iba a adoptar esta estrategia y ofrecer “muchos pactos”.

Es por esto que el letrado pone en entredicho si era necesario que la apertura del juicio oral se demorara doce años. “Es un proceso que se ha alargado mucho. Que se inició con una bomba mediática, parecía que estábamos ante un Caso Malaya y no lo era, obviamente. Y que ha arrastrado una actividad procesal más propia de un proceso de presumibles consecuencias más graves de las que está teniendo, sin por ello justificar absolutamente nada. Para estos resultados, se podía haber hecho en 4 o 5 años en principio sin mayores problemas si hubiera existido entonces una mayor fluidez en los contactos entre Fiscalía y procesados”, explicaba el abogado.

Es más, Limiñana comentaba que los acusados-confesos, después de tan larga espera, están en su derecho de cuestionar el castigo mediático al que se han visto expuesto para luego aceptar una pena que, en el peor de los casos, no excede de los 2 años de cárcel.

En cuanto a la polémica decisión del Tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de convertir al grupo de los conformados en testigos, el letrado mantiene que existe una disparidad de criterios que podría dar pie a futuras impugnaciones. No en el caso de sus defendidos, en principio.

La cuestión estriba, según detalló, en que después que estos 20 procesados mostraran su conformidad el tribunal no dicto sentencia, ni escrita ni in voce, sino que se limitó a anunciar que el fallo se dictaría en el sentido de los hechos que reconocieron y el acuerdo de la Fiscalía, lo cual da pie a diferentes interpretaciones y a dudas legales.