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Telde.- Cuarta jornada del Caso Faycán y, de nuevo, saltó la sorpresa. Esta vez hubo que esperar al final de la sesión para conocer un nuevo giro en los acontecimientos que pilló a más de uno con el paso cambiado. Pese a que en los últimos días se había especulado con que muy probablemente uno de los ocho acusados que quedan pactaría con el fiscal, prácticamente nadie podía pensar que ese alguien era Esteban Cabrera, el procesado que arrastra la petición más contundente.
Después de la efímera sesión del jueves, todo apuntaba que la sesión de hoy también iba a ser corta. Seis testigos citados de los cuales dos eran los únicos que podían aportar algo relevante contra los ocho acusados que quedan: la denunciante, María Luz Navarro; y el que fuera asesor de Mari Carmen Castellano, José Luis Sánchez.
Sin embargo, minutos antes del comienzo de la vista se palpaba en el ambiente cierta expectación. Un mayor número de acusados –Juan Felipe Martín, Emilio Hernández y José Luis Mena volvieron a la sala después de ausentarse en la jornada anterior, no así Domingo Juan Campos– y la presencia de dos periodistas que en estos doce años han seguido muy de cerca la investigación y que hasta ahora no habían hecho acto de presencia en el Palacio de Justicia de la capital grancanaria, lo que llamó la atención entre algunos de los acusados.
La primera en testificar fue la empresaria María Luz Navarro, representante legal de Servicios Comunitarios de Telde Sociedad Cooperativa y la persona que precisamente destapó esta trama de corrupción, y que tras denunciarla sufrió un asalto a su vivienda y el asesinato de sus tres perros. Acusada de cohecho, tras el pacto con el fiscal será condenada a seis meses de cárcel y a pagar una multa de 1.500 euros. Ni el Ministerio Público ni las defensas interesaron su declaración.
Sí testificó durante aproximadamente 15 minutos el administrador de Preconte, José Manuel Gutiérrez Galindo, que ha reconocido cohecho y un delito contra el mercado por los que tendrá que abonar una multa de 9.700 euros y otra de cuatro meses y quince días con una cuota diaria de 10 euros. El fiscal Luis del Río recurrió a él para tratar de probar los hechos que le imputa al encarcelado José Luis Mena: un delito de falsedad por el que le pide 4 años de cárcel y 3 de inhabilitación.
Pero más allá de unos pinchazos telefónicos (ya escuchados en la sala en las jornadas anteriores) en los que se oye a Francisco Gordillo, el intermediario y recaudador del Caso Faycán, y a Gutiérrez Galindo hablar de los problemas que el primero tiene para regular el ático que adquirió a Preconte, y para los que recurre al que fuera jefe del servicio de Ordenación Territorial del Ayuntamiento de Telde, del Río no logró sacar nada en claro.
Tras el directivo de Preconte entró a testificar la exconcejala Candelaria Sánchez, de Ciuca, procesada por falsedad y que tras el pacto con Fiscalía ha visto rebajada la pena de los cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación hasta los nueve meses de prisión, una inhabilitación de ocho meses y una multa de 8 euros diarios durante dos meses.
Hizo acto de comparencia y con la misma ocupó una de las sillas del público, a la espera de que culminara la vista, ya que ninguna de las partes solicitó su intervención.
El cuarto testigo en llamar el tribunal fue José Luis Sánchez, hombre fuerte de Mari Carmen Castellano. Fue asesor de la exalcaldesa en su etapa como concejala de Desarrollo Local y también gerente de la Sociedad de Desarrollo y Promoción de Telde. Reconoció que había cometido los delitos de falsedad, malversación y fraude. Tres años de cárcel y nueve de inhabilitación le pedía el Ministerio Público, pero al aplicar los atenuantes de dilaciones indebidas y colaboración con la Justicia la condena se queda en 8 meses de prisión y tres años de inhabilitación.
El fiscal Luis del Río insistió una y otra vez tratando de probar la participación de la que fuera su jefa, Mari Carmen Castellano, en la trama corrupta. Pero tampoco logró nada relevante.
Sánchez, con una voz tenue y cayendo en alguna ocasión en incongruencias, negó todas las veces que hizo falta que Castellano estuviera al tanto del sistema que, según explicó, Francisco Gordillo, el asesor de María Antonia Torres (cabecilla de la trama) había urdido para justificar mediante facturas falsas que la reforma de la sede del Partido Popular la pagara la ciudadanía teldense.
Del Río volvió a tirar de conversaciones telefónicas. Llamadas intervenidas por la policía en las que Sánchez y Gordillo concretaban los detalles de las operaciones. En algunas, el asesor de Castellano hacía referencia a su jefa.
Incluso un mensaje de texto que José Luis Sánchez remitió a Francisco Gordillo para comunicarle que Mari Carmen Castellano ya había elegido un determinado tipo de piso. El fiscal sugirió que ese pavimento tenía algo que ver con las obras en la sede del Partido Popular, pero sin un reconocimiento expreso del asesor, la prueba por sí sola carece de fuerza para implicar a la exalcaldesa.
También resultó sorprendente otra llamada telefónica en la que José Luis Sánchez le pregunta a Francisco Gordillo si en la ferretería de Felipe Ojeda, proveedor principal que la trama empleaba para emitir las facturas falsas y hacer que las obras del PP se pagaran con dinero del Ayuntamiento, podían alquilar unas máquinas de coser y unas planchas que iban destinadas a un proyecto de Desarrollo Local para montar una escuela taller que había sido subvencionado. ¿Unas máquinas de coser y unas planchas en una ferretería?, debieron pensar algunos de los presentes.
Jorge Rodríguez, un espectador más
El abogado y exdiputado Jorge Rodríguez, absuelto del Caso Europa, una pieza separada del Caso Faycán. Sigue sin apenas participar en el juicio. Se encarga de la defensa del Partido Popular, que comparece como responsable civil subsidiario. Pero pese a los relatos que apuntan a que las obras de la sede política se pagaron con fondos públicos, no ha formulado hasta la fecha pregunta alguna a los testigos.
La confesión de Cabrera, el bombazo del día
La declaración de José Luis Sánchez se extendió por poco más de media. Una vez concluyó de testificar el asesor, le llegó el turno a la exconcejala Guadalupe López y su marido Salvador Santana, por este orden.
La que fuera edil de Festejos está acusada de malversación. Los dos años de cárcel y tres de suspensión de cargo o empleo público que se le pedían se reducen y se quedan en ocho meses de prisión, diez de inhabilitación y una multa de dos meses con una cuota diaria de 8 euros. Mientras que para su esposo el Ministerio Público interesaba un año y medio de cárcel por hurto. Finalmente será condenado a cinco meses de prisión.
Ni uno ni otro llegaron a testificar y el magistrado Salvador Alba levantaba la sesión. Pero justo en ese momento el letrado Juan José Sánchez Limiñana, que compagina la defensa del exalcalde Francisco Valido con la del técnico Esteban Cabrera, se dirigió al tribunal para solicitar que, a la mayor brevedad posible, se citara a declarar al segundo de sus clientes ya que había decidido confesar “una parte” de los hechos delictivos que se le atribuyen.
El fiscal le imputa cinco delitos, concretamente los de prevaricación, cohecho, delito contra el mercado, malversación y falsedad. Lo que a día de hoy, con una petición de trece años y nueve meses de cárcel y 32 años de inhabilitación, lo convierten en el acusado que se exponen a una mayor pena.
Esteban Cabrera había quedado muy señalado en la jornada del pasado martes, cuando se le relacionó con una serie de sobornos. Tal es así que Francisco Gordillo Chamorro reconoció haberle entregado 4.000 euros en el interior de un coche azul en la calle Conde de la Vega Grande de San Juan, en la trasera de El Casino de Telde.
En base al escrito de acusaciones, y a tenor de los hechos que se relataron en la sala y de los pinchazos telefónicos, tenía muy difícil evitar la cárcel y parece que también la inhabilitación, lo que le llevaría a peder su puesto de trabajo. Ahora habrá que esperar a ver si el fiscal le ofrece un rebaja de la pena de prisión, tal y como deslizó su letrado en declaraciones a los periodistas.
¿Correrá la misma suerte que el resto de los arrepentidos y evitará pisar el centro penitenciario o la propuesta del Ministerio Público no llegará a tanto? Esa es la pregunta del millón que muchos se hacían hoy en el Palacio de Justicia. La primera de las hipótesis resultaría muy difícil de justificar ante la opinión pública si, a cambio, Cabrera no entrega en bandeja al fiscal a otro de los acusados.
La respuesta parece que llegará el lunes 5 de febrero cuando la Sección VI de la Audiencia Provincial retome el juicio.






























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