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Telde.- Este martes comenzaron las testificales del Caso Faycán. La segunda sesión de este proceso judicial que comenzó como un macrojuicio pero que ahora ha quedado reducido a una causa con 8 acusados después de que los otros 20 llegaran a un ventajoso pacto con la Fiscalía y se convirtieran en testigos.
Tras los nervios y la tensión de la jornada inaugural, la de hoy fue mucho más laxa y con mucha menos expectación mediática. No había cámaras ni fotógrafos apostados a las puertas del Palacio de la Justicia esperando al paseíllo de los acusados, y en el interior del complejo judicial incluso se pudieron observar rostros desenfadados y sonrisas entre algunos de los acusados.
En la sala, ayer abarrotada, había sitios vacíos. Después de la desbandada que sufrió el caso a consecuencia del acuerdo que la Fiscalía y los abogados del grueso de los procesados negociaron concienzudamente, hoy tan solo estuvieron presentes las defensas, los ocho testigos que comparecían, algún familiar y los ocho imputados que no han reconocido los hechos y que todavía se mantienen como inculpados. Quienes, por cierto, no ocuparon el habitual banquillo de los acusados al permitirles el Tribunal que preside el magistrado Salvador Alba sentarse en los estrados, junto a sus letrados.
Se preveía maratoniana, pero al final fue mucho menos densa. Llamó la atención las declaraciones casi express del que fuera interventor del Ayuntamiento de Telde por aquella época, Enrique Orts; y del responsable de la Hacienda Municipal, Carmelo Oliva. El contenido de las conversaciones telefónicas que intervino la Policía Nacional y el relato explosivo que brindó Francisco Gordillo padre, mano derecha de Toñi Torres y cobrador de la presunta trama corrupta.
Se abrió el pastel y los testigos comenzaron a cantar. Algunos más que otros. Los más perjudicados al término de la sesión resultaron ser la fallecida María Antonia Torres, el aparejador municipal Esteban Cabrera y el Partido Popular de Telde. También, aunque en menor medida, el funcionario de Contratación Juan Felipe Martín, el exjefe de Urbanismo José Luis Mena y el empresario y finado empresario Fernando Verona, quienes quedaron en evidencia con los pinchazos telefónicos que reprodujo el fiscal. Según se desprende de los audios, unos cobraron sobornos que otros pagaron. Y demás los hubo que intervinieron en adjudicaciones o expedientes irregulares.
Poco protagonismo para Orts y Oliva
En el caso de Orts y de Oliva, las preguntas del representante del Ministerio Fiscal prácticamente se circunscribieron a cuestiones relacionados con el Plan de Disposición de Fondos de Tesorería y sobre quiénes autorizaban los pagos que el Consistorio efectuaba a sus proveedores.
Al primero, Luis del Río preguntó si tenía constancia de que el exalcalde Francisco Valido cobrara alguna comisión ilegal a cambio de agilizar pagos o garantizar la contratación de unas obras. “Se decían cosas, pero no que yo pueda afirmar. Que yo viera, no”, respondió Enrique Orts.
Interpelado también en los mismos términos en relación a su mujer, María Antonia Torres, vino a decir que él era precisamente la persona menos indicada a quien le podía confesar tales hechos. Que se enteró de todo a posteriori, y en el caso de que sucediera alguna cosa rara en el Ayuntamiento, habían convenido que él se marcharía para no interferir entre su matrimonio y sus responsabilidades profesionales como interventor.
Gordillo cantó alto y claro, pese a sus problemas de memoria
Sin duda, la intervención más jugosa de la jornada la protagonizó Francisco Gordillo. Se ratificó en todas las declaraciones que realizó en la fase de instrucción que comandó el juez Javier García García-Sotoca, aunque aludió continuamente a problemas de memoria para evitar contestar a alguna pregunta o reconocer determinados hechos.
Situó a Torres en el centro de todo. “Allí se hacía lo que –ella– decía”, manifestó. Admitió el cobro de comisiones y donaciones a empresarios afines al Partido Popular y dijo desconocer si alguno de estos sobornos llegó a manos de Francisco Valido, pese a que dejó entrever que en alguna ocasión Toño Torres le había anunciado que “le iba a dar algo”. Y afirmó que su “jefa” utilizaba un particular sistema a base de nombres de frutas para encubrir estos pagos: aguacates, papayos o mangos.
Se exculpó a él mismo de percibir algún ingreso ilegal, solo hacía lo que le decía que hicieran. Recogía los sobres y ni los habría. Y relató cómo un representante de la constructora Mazzotti le entrego 180.000 euros en metálico la adjudicación de la obra de unos aparcamientos en San Gregorio. Dinero que entregó en mano a Torres, quien se lo repartió a partes iguales con Agustín León, entonces secretario de AFC-Ciuca y padre de la concejala de esta formación Raquel León.
Pillados por el teléfono
Dados los constantes problemas de memoria que argumentó el testigo, el fiscal Luis del Río recurrió a unas conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía para “refrescar la memoria” de Gordillo.
Unos audios muy esclarecedores en los que, por ejemplo, se escucha al propio Gordillo dando instrucciones Juan Felipe Martín –que este no cuestiona– sobre la adjudicación de la construcción de un parque infantil en La Garita a Cobra, la empresa en la que trabajaba su hijo Juan Francisco Gordillo Chamorro, a quien pone al tanto de esto en otra conversación.
Padre e hijo también hablan de unas facturas con las que presuntamente Esteban Cabrera justificaría su ‘mordida'. “Esteban nos ha dado lo del vallado –unas obras en El Hornillo–. La parte suya que la saque con facturas”, se les oye decir.
La testifical del cobrador de la trama Faycán dio para mucho. Cerca de una hora que el representante del Ministerio Fiscal exprimió sacando a relucir un audio tras otro. Pruebas aportadas en la causa en las que Gordillo también habla con empresarios como el fallecido Fernando Verona para que corriera a cargo de una parte de las obras que el Partido Popular de Telde estaba realizando en su sede.
Unos favores de los que pone al tanto al que era asesor de Mari Carmen Castellano, José Luis Sánchez, con la intención de que éste le traslade a su superiora –quien había elegido algunos de los materiales que se emplearon, que se trataban de “montantes importantes”.
En la última parte de su comparencia Gordillo se sometió al interrogatorio de las otras partes. Y en cierta medida se enredó respondiendo al abogado de Francisco Valido y Esteban Navarro. Tal es así que Salvador Alba le advirtió de que estaba bajo juramento y obligado a contestar a todas las cuestiones que le planteaban.
Cerco a Esteban Cabrera
La sesión finalizaría con dos testificales clave, después de que sorpresivamente la Fiscalía y las defensas no estimaran oportuno que comparecieran María Eugenia y Francisco José Fernández Torres, hijos de Toñi Torres.
Primero la de Antonio Nadal, directivo de Cobra, quien solo estuvo unos minutos en el estrado para reconocer un documento que se intervino en los registros policiales y en el que figuraba un pago de 6.000 euros a Esteban Cabrera en concepto de “gastos de contratación”.
Y acto seguido la de Juan Francisco Gordillo Chamorro, comercial de Cobra e hijo del asesor Francisco Gordillo, y que al igual que su padre aludió una y otra vez a problemas de memoria. Circunstancia que el fiscal Luis del Río despejó del mismo modo, a base de pinchazos telefónicos.
La sala escuchó una llamada de Esteban Cabrera a Gordillo hijo en la que el técnico municipal avisa al empleado de Cobra que otra empresa había presentado una oferta mucho más ventajosa para quedarse con unas obras en El Hornillo. Pero que él siempre se “dejaba una puerta abierta” y había “hecho números para que finalmente se le adjudicara a su empresa.
“He hecho números para que se lo lleven ustedes. Lo que yo digo va a misa y luego ya lo justifico”, se le oye decir a Cabrera pocos segundos antes de recordar Gordillo Chamorro que no se olvide de “aquello que está pendiente” de su club de baloncesto.
Tras esto, el testigo reconoció que había pagado 4.000 euros a Cabrera, en una entrega que se efectuó en el interior de un coche azul en la calle Conde de la Vega Grande de San Juan, en la trasera de El Casino de Telde, y que el empleado municipal le dijo que era para su equipo de baloncesto.

El último testigo de los acusados que estaba citado para declarar en la sesión fue Abelardo Martínez, hoy exdelegado de Dragados en Canarias, que se marchó sin que nadie solicitara su testimonio.
Finalmente, y contra todo pronóstico, acusados, testigos y medios de comunicación estaban fuera de la sala antes del mediodía. Apenas dos horas después de que comenzara la vista.
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