Ampliación: El hijo de Gordillo admite la entrega de un sobre con 4.000 euros al funcionario Cabrera detrás de El Casino

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El juicio del Caso Faycán encaró este martes su segunda sesión en la Audiencia Provincial de Las Palmas con la declaración de los siete primeros acusados del grupo de los conformados –los veinte encausados que en la jornada de ayer aceptaron una sustancial rebaja de las penas solicitadas por el fiscal a cambio de reconocer parte de los hechos delictivos que se les imputaba– que ahora participan en la causa como testigos: Enrique Orts, Francisco Gordillo, Carmelo Oliva, María Eugenia Fernández Torres y Francisco José Fernández Torres, Juan Francisco Gordillo Chamorro, Antonio Nadal y Abelardo Martínez.

Secuencia de la segunda sesión del juicio

11.56 horas: Acaba la sesión tras declarar el empresario Antonio Nadal, el hijo de Gordillo y Abelardo Martínez

El fiscal le mostró al empresario Antonio Nadal, directivo de Cobra,  un asiento contable, intervenido en uno de los registros policiales, donde figuran los gastos de sobornos por la contratación de obras por el Ayuntamiento de Telde. En ellos aparece, entre otros, los nombres del asesor Francisco Gordillo y de los funcionarios Jorge Rodríguez y Esteban Cabrera, éste con una cantidad de 6.000 euros. En total, la cantidad que figura en el documento supuestamente para sobornos asciende a más de 107.000 euros.

El fiscal le interrogó especialmente por lo asignado para Esteban Cabrera con la pregunta de si correspondía a gastos de esponsorización del club de baloncesto al que está vinculado el funcionario. Nadal lo negó, con lo quedó en el aire que era en concepto de un soborno. Sin embargo, a pregunta del abogado de Cabrera sobre si recordaba que su defendido le hubiese exigido alguna comisión, respondió que no.

Comisión de 4.000 euros

Por su parte, Juan Francisco Gordillo, hijo del asesor Franscico Gordillo y trabajador de la empresa Moncobra, admitió, después de muchos titubeos alegando problemas de memoria, que le suministró una comisión de 4.000 euros al funcionario Esteban Cabrera como había declarado en la fase de instrucción del caso. Admitió que la entrega se efectuó en un coche azul en trasera de El Casino de Telde y que el empleado municipal le dijo que era para su equipo de baloncesto.

Un audio de un pinchazo telefónico de una conversación entre Juan Francisco Gordillo y Cabrera releva que el funcionario reconoce que otra empresa ha presentado mejores condiciones para la ejecución de obras de vallado de El Hornillo, pero que él ha hecho "números" para que se lo lleve la empresa para la que trabaja Gordillo.

El último testigo de los acusados conformados para declarar en la sesión de este martes fue Abelardo Martínez, hoy exdelegado de Dragados en Canarias, pero nadie le pide que testifique, con lo que las 11.56 horas finaliza la cita judicial de hoy.

11.29 horas: Carmelo Oliva, sólo tres minutos de declaración y los hijos de Torres no comparecen

Aprovechando un breve paréntesis para que entrara el siguiente testigo, Mena y su abogado abandonaron de nuevo de sala, esta vez con carácter definitivo hasta el fin de la sesión de hoy.

El exconcejal Carmelo Oliva, otro de los acusados que se han conformado con las penas del fiscal, sólo declaró unos pocos minutos. Las preguntas de Luis del Río giraron sobre el Plan de Tesorería y en quiénes recaían las competencias para ordenar los pagos en el Ayuntamiento de Telde. Ningún abogado le interpela.


Por decisión del fiscal y de los abogados de los acusados, Francisco José y María Eugenia Fernández Torres, no declaran al considerar Luis del Río "innecesaria su comparecencia".

A su entrada y salida de la sala, Francisco José hace signos de victoria con las manos ante los fotógrafos, cámaras y periodistas que siguen la vista.


10.46 horas: Gordillo ratifica sus declaraciones de la instrucción sobre el cobro de comisiones

El que fuera asesor de María Antonia Torres, Francisco Gordillo, ratificó todas las declaraciones que realizó en la instrucción del caso. 

Reconoció el cobro de comisiones para la trama y de donaciones para el Partido Popular por parte de empresarios afines. Comentó que Torres solía referirse a estas con nombres en clave, de frutas más concretamente: aguacates, mangos o papayos. Y que alguna vez le dijo que le iba a “llevar dinero” a Valido.

Aunque se escudó constantemente en problema de memoria por la edad, situó a su jefa, María Antonia Torres, en el centro de toda la trama corrupta. 

Y tras reconocer su voz en un pinchazo telefónico, admitió haber dado instrucciones al funcionario municipal Juan Felipe Martín Ramos para adjudicar las obras de un parque infantil en La Garita a la empresa Cobra, en la que su hijo trabajaba como técnico comercial.

También involucró al técnico Esteban Cabrera. “Esteban nos ha dado lo del vallado. La parte suya que la saque con facturas”, se pudo escuchar en uno de los pinchazos telefónicos que se reprodujeron en la sala (captados por los investigadores entre los años 2005 y 2006) y con los que el fiscal Luis del Río quiso “refrescar la memoria” de Gordillo.

Acto seguido relató que un representante de la constructora Mazzotti le hizo entrega en las instalaciones de El Cortijo de Telde de un sobre con 180.000 euros en metálico por la adjudicación de la obra de unos aparcamientos en San Gregorio. Sostuvo que el sobre se lo llevó a Torres, que estaba en la gestoría de Agustín León, y que ella se quedó con la mitad del dinero y la otra se la entregó al entonces secretario de Ciuca y padre de la concejala Raquel León (AFC-Ciuca).

Gordillo, mucho más explícito y contundente que Orts, detalló que las obras en la sede del Partido Popular se pagaron con “donaciones” de empresarios afines, como el fallecido Fernando Verona, propietario de Acinox SL, con quien se le escuchó hablando en una conversación telefónica en la que pide que a cambio se agilicen los pagos del Ayuntamiento de Telde a su empresa.

Si bien no la relacionó directamente y evitar mencionar si estaba o no al tanto de lo que sucedía, Gordillo apuntó que Mari Carmen Castellano y Maria Antonio Torres estaban “siempre juntas”. Y que la exalcaldesa, que en aquel entonces ejercía como concejala de Desarrollo Local, llegó a elegir alguno de los materiales que se colocaron en la sede de los populares teldenses.

Es más, tal y como se acreditó en los audios que exhibió la Fiscalía, en una conversación con José Luis Sánchez, asesor de Castellano, le pide que le traslade a esta los favores de ciertos empresarios, como el que instaló el aire acondicionado en el local. “Tengo que verte sin falta”. Estoy tomando decisiones y quiero que tu me apoyes. Que estés al tanto para que se lo digas a tu jefa porque es un montante importante”, le contaba entonces por teléfono Gordillo a Sánchez.

Francisco Gordillo habló también de sus contactos con José Luis Mena para que éste agilizara, a través del técnico de Urbanismo Emilio, el permiso final de obra y la cédula de habitabilidad del piso que le compró a Preconte, condicionados por una irregularidad con una pérgola.

En una de estas conversaciones telefónicas, Mena le responde  que mantuvo con Mena, que “ya lo tiene todo resuelto con Emilio”, lo que posteriormente Gordillo traslada a José Manuel Gutiérrez, de Preconte.

Tras cerca de una hora respondiendo al fiscal Luis del Río, Gordillo se sometió al interrogatorio de las otras partes. Juan Sánchez Limiñana, que compagina la defensa de Francisco Valido con la de Esteban Cabrera, se interesó por su relación con el exalcalde. Vínculo que Gordillo negó. No trató nunca con él y no tiene constancia de que recibiera comisiones, si bien María Antonia Torres le comentó en alguna ocasión que iba “a ver a Paco y a darle unas cosas”.

En esta parte de la declaración dijo que, al igual que ya manifestara en el Caso Europa, durante la instrucción recibió presiones y amenazas por parte de la Policía que involucraban a sus hijos.

10.18 horas: El fiscal y abogados interrogan a Orts

Comparencia muy breve de Enrique Orts, apenas doce minutos. A preguntas del fiscal Luis del Río, respondió algunas cuestiones sobre si en aquel entonces existía en el Ayuntamiento un plan de Disposición de Fondos de Tesorería y sobre si el exalcalde Francisco Valido había delegado en otros las competencias para autorizar los pagos.

Cuestionado sobre si tenía conocimiento de que Valido hubiera cobrado comisiones ilegales, Orts aseguró que “se decían cosas” pero que no podía afirmar nada al respecto.

“Que yo viera, no”, apostilló. Y a la interpelación de si conocía los hechos delictivos presuntamente cometidos por su mujer y concejala María Antonia Torres o su entorno, apuntó que se enteró de todo “después”. A todo esto añadió que precisamente él era la última persona con quién Torres debería hablar de ello, y que incluso le dejó claro que “si pasaba algo raro” en el Ayuntamiento él se iba por la incompatibilidad que supondría su matrimonio y el ejercer el cargo de interventor. 

Luego, Juan Sánchez Limiñana, abogado de Valido, lo interrogó sobre los conocimientos que su defendido podría tener sobre cuestiones de índole económica como el citado Plan de Tesorería o si éste habría podido presionar al por entonces tesorero de la Corporación, el fallecido José Rodas. “No era una persona que se dejaba presionar”, manifestó de forma tajante sobre el que fuera funcionario municipal.


Al término de la declaración de Orts, Mena y su abogado aprovecharon para regresar a la sala.

10.11 horas: Comienza la segunda sesión del juicio con ambiente algo más distendido que en la jornada inaugural

El primero en declarar, el que fuera interventor municipal Enrique Orts. El exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, y su abogado se ausentaron de la sala tras pedir permiso del tribunal de la sala. Alegó que al no tener comunicación directa con su cliente, que se encuentra cumpliendo condena en prisión por el Caso Europa y el Caso Alisios, no ha podido preparar la defensa de cara a la declaración de los testigos.

Segunda sesión del juicio del Caso Faycán

Tal y como ayer adelantó TELDEACTUALIDAD, 20 de los 28 acusados en el caso Faycán han aceptado la modificación de petición de penas propuesta por el fiscal Luis del Río, que de un plumazo ha liquidado gran parte del mayor caso de corrupción política de Gran Canaria y que juzga una presunta trama ilegal que manejó más de 1,2 millones de euros en comisiones a cambio de adjudicar determinadas obras o de agilizar los pagos del Consistorio a las empresas.

A partir de las 9.45 horas, prestan declaración sin asistencia de letrados y en calidad de testigos, lo que entre otras cosas les obliga a decir la verdad en sus comparecencias, la primera tanda de estos testigos. Lo harán el exinterventor municipal Enrique Orts, ya jubilado; el exconcejal de Hacienda, Carmelo Oliva; María Eugenia y Francisco José Fernández Torres, hijos de Antonia Torres; Francisco Gordillo, exasesor de Torres y cobrador de comisiones; Juan Francisco Gordillo Chamorro, hijo del anterior y técnico comercial de la empresa Cobra, Antonio Nadal, directivo de esta última firma; y Abelardo Martínez (exdelegado de Dragados en Canarias).

Se da la particularidad que los ocho procesados que no han pactado con la Fiscalía y que tampoco han reconocido –María del Carmen Castellano, Francisco Valido, José Luis Mena, Emilio Hernández, Esteban Cabrera, Juan Felipe Martín Ramos, Agustín León y Domingo Juan Campos– no ocuparon en esta ocasión el banquillo de los acusados, el Tribunal que preside el magistrado Salvador Alba y que completan los también jueces Carlos Vielba y Oscarina Naranjo les ha permitido sentarse en los estrados junto a sus abogados.

Orts y Oliva son los únicos integrantes del núcleo duro de la supuesta trama de corrupción que han reconocido su culpa y han pactado con la Fiscalía una rebaja de sus penas a un máximo de dos años de prisión –1 año y 4 meses de prisión, 9 de inhabilitación especial y una multa de 25.000 euros para el primero y 5 años de inhabilitación especial para el segundo– amparándose en los atenuantes de dilaciones indebidas y en el reconocimiento de los hechos o colaboración con la justicia.

Este grupo de 20 encausados que han aceptado las modificaciones de petición de penas del fiscal está integrado también por Jorge Rodríguez, Alejandro Navarro, Pedro Antonio Betancor, Felipe Ojeda, Abelardo Martínez, Ángel Omar Suárez, Víctor Hugo Rosales, Luz Navarro, José María Gutiérrez Galindo, Candelaria Sánchez Vega, José Luis Sánchez González, Guadalupe López y Salvador Santana Flores.

El jueves declararán la segunda tanda compuesta por Jorge Rodríguez (técnico municipal jubilado), Alejandro Navarro (exdirectivo de Mazotti), Pedro Antonio Betancor (empresario de Cementos Las Torrres), Felipe Ojeda (empresario de Ferretería Felipe y Nicolás de Las Huesas), Ángel Omar Suárez ( empresario de Planos y Gestión) y Víctor Hugo Rosales (comercial de Iturri).

Y el viernes en al última sesión de la semana y del mes de enero -la vista oral se pospone hasta el 5 de febrero- comparecerán ante el tribunal María Luz Navarro (denunciante del caso), José Manuel Gutiérrez (empresario de Preconte), Candelaria Sánchez (exconcejala de Ciuca), José Luis Sánchez (exasesor municipal del PP), Guadalupe López (exconcejala de Festejos del PP) y Salvador Santana (empresario y marido de López).