TELDEACTUALIDAD
Telde.- La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Telde carga duramente contra la gestión del que fuera concejal de Recursos Humanos, Gregorio Viera (PSOE), en los despidos de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local (Adls) y solicita que el xedil hoy en la oposición reintegre a las arcas municipales el coste de estos despidos, cifrados en unas 200.000 euros.
En un escrito presentado el pasado jueves, 17 de agosto, en el Registro Municipal, el delegado sindical UGT, Juan Andrés Arroyo, arremete de forma especial contra el edil socialista por el despido de los cinco Adls, de los que dos fueron readmitidos después “a dedo”, que dio pie a pronunciamientos judiciales favorables a las demandas interpuestas por tres de ellos al declarar improcedente o nula la decisión municipal de echarlos a la calle.
El último fallo del Juzgado de lo Social, revalidado después por el TSJC, es del pasado 15 de mayo y declara nulo el despido de una Agente de Empleo y Desarrollo Local, obligando al Ayuntamiento a su readmisión inmediata y abonarle a la ex empleada en concepto de daños morales la cantidad de 6.000 euros, así como los salarios dejados de percibir desde su despido, unos 60.000 euros.
UGT cifra en unos 200.000 euros el coste para las arcas municipales del despido de estas tres trabajadoras y responsabiliza al hecho al que fuera concejal de Personal e Igualdad por “esconderse” y “no asumir su responsabilidad patrimonial como “autor de dos despidos discriminatorios a dos mujeres, una por estar embarazada y otra por no gustarle y haber reclamado su derecho a continuar trabajando”.
El sindicato entiende que “ni los ciudadanos ni los trabajadores” son culpables de “este despilfarro” por lo que insta a la alcaldesa Carmen Hernández a que “se reintegren a las arcas municipales” esta cantidad por “estas actuaciones declaradas nulas e improcedentes”, un montante que UGT sostiene que no debe asumir el erario público.
UGT anuncia que si transcurrido un “tiempo prudencial” el Gobierno de Telde no toma una decisión al respecto de esta solicitud denunciará el hecho ante la jurisdicción ordinaria para que “actúe en la defensa de los intereses que han sido atacados, en algunos casos, a sabiendas de que era irregular lo que se hacía”.
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