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Telde.- El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al empresario Jaime Cortezo Massieu, promotor de la urbanización Hoya Pozuelo en la costa de Telde, a la pena de dos años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros, equivalente al triple de la cantidad defraudada (525.040,49 euros), por un delito contra la Hacienda Pública.
El fallo dictado y conocido este jueves condena también a Cortezo a indemnizar de forma conjunta y solidaria con la entidad Residencial Hoya del Pozo SA a Hacienda Pública en la suma de 525.040 euros, más los intereses de demora. Si no abona la multa impuesta se sustituirá por "responsabilidad personal subsidiaria".
La querella contra Cortezo fue interpuesta por el representante del Ministerio Fiscal adscrito a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, mientras que fue el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria el que incoó en 2014 diligencias previas que dieron pie al procedimiento abreviado ahora resuelto por la titular del Juzgado de lo Penal número 6 de la capital, Ivana Aisa Muiños Romero, tras el juicio oral celebrado el pasado 7 de marzo por un delito contra la Hacienda Pública.
En la sentencia ahora conocida, al empresario se le inhabilita además para el sufragio pasivo durante dos años y se le impone asimismo la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y del derecho a gozar de incentivos o beneficios fiscales o de seguridad social durante cuatro años, así como el pago de las costas procesales.
La sentencia considera probado que Cortezo, como administrador único de la mercantil Residencial Hoya del Pozo S.A., eludió ingresar una parte de la cuota del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio fiscal de 2008, cifrada en 525.000 euros, "con claro ánimo de defraudar".
Según el fallo, el empresario alteró deliberadamente la realidad de su base imponible, omitiendo ingresos percibidos y consignando los beneficios como gastos, para eludir el pago del Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2008. En esta facturación fraudulenta, Cortezo camufló, según el juez, ingresos como el 18% de beneficio industrial, una comisión del 5% por la venta de las viviendas y una retribución del 3% que el promotor cobraba como administrador.
Cortezo deberá además pagar los 525.040 euros que, a juicio de los inspectores de la Agencia Tributaria, el promotor inmobiliario eludió mediante artificios contables.
Tanto la Agencia Tributaria, a través de un informe elaborado por dos inspectores, como la Fiscalía, en su escrito de acusación, sostenían que el promotor inmobiliario consignó como gastos cantidades que no eran deducibles o que no se ajustaban a la realidad. Le acusaban de inflar facturas de publicidad a sus propias sociedades de comunicación, con precios superiores a las que Residencial Hoya del Pozo cobraba a otras empresas del sector, o de contabilizar gastos supuestamente ficticios como la contratación de barcos con vinilos de publicidad, supuestas comidas con empleados en restaurantes de lujo, compras en joyerías o viajes vinculados a la promoción de viviendas.
Donaciones de 20.000 a PSOE y NC
Entre las cantidades que considera que el empresario se dedujo irregularmente, la magistrada cita dos donaciones de 20.000 euros cada una al PSOE y a Nueva Canarias, así como compras de artículos de joyería y ropa en "establecimientos de lujo" que no guardaban relación alguna con la actividad de Residencial Hoya del Pozo.
La defensa de Jaime Cortezo, ejercida por el abogado Álvaro Campanario, aseguró en el juicio que se trataba de operaciones permitidas entre sociedades y que todos esos pagos estaban justificados por la gestión empresarial o porque se trataba de pagos en especie que están exentos de tributación. La Fiscalía apreciaba, en cambio, ánimo de defraudar en la actuación del empresario y no un simple error contable.
La sentencia puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas en el plazo de 10 de días desde su notificación.
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