Un funcionario de Telde lleva al banquillo a dos jefes de servicio

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Telde.- El Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria celebrará este próximo lunes, a las 10.20 horas, la vista oral del juicio en el que se dilucidará si el Ayuntamiento de Telde y dos de sus jefes de servicio incumplieron o no la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al no haber activado el protocolo fijado para casos de acoso laboral tras una denuncia del funcionario Jesús Santana Marrero.

En la demanda presentada por la representación letrada de Santana se acusa al Ayuntamiento y a los jefes de Personal, Francisco Martín, y de Prevención, Diego Hernández. El funcionario advierte de que pese a sus reiteradas advertencias ninguno de los dos altos cargos del Ayuntamiento pusieron en marcha los mecanismos que prevé la resolución del 5 de mayo de 2011 que emitió la Secretaría de Estado para la Función Pública sobre los protocolos de actuación a aplicar frente al acoso laboral en las administraciones públicas. En ese sentido, pudieron haber incumplido los artículos 14, 15, 16, 17, 22 y 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Asegura este funcionario que su pesadilla empezó al inicio del mandato, en junio de 2015, cuando el nuevo gobierno decide prescindir de sus funciones como coordinador de la Escuela Municipal de Folclore, y también de Parques y Jardines.

A partir de ese momento, sufrió meses de inactividad en los que se vio sin despacho, ordenador, teléfono y vehículo, lo que le generó daños psicológicos y motivó incluso la intervención de la Inspección Laboral. Advirtió al Ayuntamiento de que estaba sufriendo acoso y en todo un año no se le aplicó el protocolo debido, pese a que, señala Santana, sí se hizo lo propio con otros casos.

Suso Santana pide una indemnización de 60.000 euros al Ayuntamiento de Telde

El demandante pide una indemnización de 60.000 euros al Ayuntamiento. Si el juzgado falla a su favor, los dos jefes se exponen a que se les atribuya la comisión de una falta muy grave, la prevista en casos de acoso, en el estatuto básico del empleado público, que podría conllevar suspensión de empleo y sueldo.