TELDEACTUALIDAD
Telde.- La Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Telde se ha pronunciado rechazando la solicitud formulada semanas atrás por los 17 ediles de la oposición para pedir que este órgano municipal emitiera un informe independiente sobre el polémico expediente de renovación de las pólizas de seguro de los 156 vehículos del parque móvil.
En su escrito, un documento al que ha tenido acceso TELDEACTUALIDAD, la secretaria general accidental apunta que está obligada a emitir un informe jurídico cuando así lo solicite un tercio de los concejales de la Corporación, requisito que se cumple en este caso al estar secundada la petición por 17 de los 27 ediles que se sientan en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Telde.
Pero, puntualiza la secretaria, “no sobre cualquier asunto, sino sólo respecto de aquellos que hayan de tratarse en la sesión y siempre que se solicite con antelación suficiente”. Es decir, sobre aquellos expedientes que den lugar a la adopción de acuerdos del Pleno, de la Junta de Gobierno Local o resoluciones de la Alcaldía. En este punto, la funcionaria precisa que se trata de informes sobre “asuntos que van a ser objeto de resolución en sentido amplio, pronunciándose sobre la corrección o incorrección legal del acuerdo a adoptar, estando la solicitud de informe referida a los supuestos en que es obligatoria la emisión del mismo”. Al respecto, hay que recordar que en la última sesión plenaria el tema de las pólizas de seguro de la flota municipal se abordó durante el apartado de ruegos y preguntas.
Así las cosas, la secretaria municipal también añade a su razonamiento que todos los concejales de la Corporación están legitimados para consultar el expedientes y satisfacer de esta manera su derecho a la información. Del mismo modo, aclara que la solicitud de información entiende aceptada por silencio administrativo si no se dicta resolución denegatoria en el plazo cinco días a contar de la fecha de presentación de la solicitud.
No obstante, será la alcaldesa Carmen Hernández la que tendrá la última palabra para decidir si la secretaria elabora el informe que reclama la oposición o no, ya que la propia funcionaria matiza en su escrito que “la opinión recogida en el presente informe se somete a cualquier otra mejor fundada, bien en otros datos o en distinta interpretación del Derecho”.



























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