CC de Telde niega que utilizara actos municipales en su beneficio y estudia acciones legales contra MxT

TELDEACTUALIDAD
Telde.- La agrupación de Coalición Canaria Telde acaba de hacer público un comunicado en el que niegan todas y cada una de las acusaciones que este viernes vertía Más por Telde en relación al supuesto pago irregular de facturas por servicios contratados desde las concejalías de Deportes y Participación Ciudadana cuando eran responsables de estas áreas los ediles Pablo Rodríguez, ahora vicepresidente del Gobierno de Canarias, y Gloria Cabrera (CC).

Desde CC Telde señalan que todo pago a proveedor que efectúa el Ayuntamiento está “debidamente fiscalizado y cumple estrictos criterios legales”. Desmienten que durante la precampaña y campaña electoral se utilizaran eventos o fondos municipales en beneficio propio y reprochan a Más por Telde que no denunciara ante la Junta Electoral estas supuestas irregularidades.

Asimismo, sostienen que las facturas por servicios contratados por Coalición Canaria durante cada uno de los procesos electorales están “debidamente fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.

Por último, anuncian que los servicios jurídicos del partido ya estudian la posibilidad de emprender acciones legales “contra los acusantes por verter informaciones falsas” sobre organización.

Comunicado de Coalición Canaria Telde
En relación a las acusaciones vertidas por el Partido Político Más por Telde sobre las supuestas irregularidades cometidas por Coalición Canaria de Telde en el pago de facturas durante la precampaña y la campaña de los comicios locales celebrados el pasado mes de mayo de 2015. Coalición Canaria de Telde tiene a bien informar:

- Que cada una de las facturas emitidas por Coalición Canaria durante cada uno de los procesos electorales celebrados, y por ende también las elecciones municipales de mayo de 2015, están debidamente fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, tal y como se le encomienda a este órgano en el artículo 134 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

- Que todos y cada uno de los pagos a proveedores que se realizan desde las administraciones públicas locales deben estar debidamente respaldados con los informes que emiten tanto los jefes del servicios de cada una de las áreas en cuestión, como la Intervención General del Ayuntamiento.

- Que todo pago emitido por la Tesorería General de la Administración local, como es el caso del Ayuntamiento de Telde, está debidamente fiscalizado y cumple estrictos criterios legales.

- Que tal y como se recoge en el artículo 50.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, durante el período de un proceso electoral queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada.

- Que la Instrucción 2/2011 de 4 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación al objeto y los límites de las campañas institucionales y de los actos de inauguración realizados por los poderes públicos en periodo electoral en su quinto apartado estable que: “corresponde a las Juntas Electorales que sean competentes en función del proceso electoral y del ámbito de difusión de la campaña velar por el cumplimiento de estos criterios, resolviendo las cuestiones concretas que le puedan plantear los sujetos participantes en los procesos electorales”. Además introduce: “la Juntas Electorales podrán intervenir como consecuencia de la contestación de consultas, de la formulación de denuncias o reclamaciones, o de la interposición de recurso”.

- Que el Partido Político Más por Telde, si así lo entendía, tenía las herramientas jurídicas a su disposición a fecha mayo de 2015 para denunciar aquellos actos organizados por el Ayuntamiento de Telde que estimase se hicieron en beneficio del partido y no lo hizo porque nunca se produjeron eventos a tal fin.

- Que desde los Servicios Jurídicos de Coalición Canaria ya se estudia la posibilidad emprender acciones legales contra los acusantes por verter informaciones falsas sobre la organización.