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Lunes, 10 de Noviembre de 2025

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Monzón, con Chacón y Van de Walle (Foto TA) Monzón, con Chacón y Van de Walle (Foto TA)

El concejal teldense Álvaro Monzón anima un debate sobre el proyecto de Ley del Suelo

El también ecologista incidió, en una conferencia, en el poco protagonismo que tiene la ciudadanía en la norma que se encuentra en el Parlamento

PePiTA Viernes, 28 de Octubre de 2016 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El pasado martes se celebró en la Real Sociedad Económicas Amigos del País una charla-debate que llevaba 'Por Un Territorio Sostenible". Proyecto de Ley del Suelo en Canarias' y en la que participó, de forma amena y activa, el concejal y ecologista teldense Álvaro Monzón.

 

El múnicipe de Más Por Telde compartió protagonismo con Emma Pérez-Chacón, catedrática de Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Ambos son portavoces e integrantes de la Plataforma Ciudadana por una ley del Territorio, y tras sus exposiciones se abrió un turno de preguntas que suscitó un extenso e interesante coloquio con el público asistente que se interesó por tan compleja materia. Tomás Van de Valle, actual presidente de la histórica institución, presentó a ambos y coordinó el posterior debate.

 

La exposición, que requería de unas dosis de pedagogía para mantener el debate en un nivel adecuado de comprensión, tenía dos partes: Razones para cambiar el proyecto de Ley del Suelo de Canarias y respuesta de la plataforma 'Canarias, territorio sostenible'.

 

La primera parte la abordó Pérez Chacón, haciendo referencia al dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre la derogación de las directrices de Ordenación General que informa de la "eventual inseguridad jurídica que una derogación de tanta trascendencia (por la extensión y naturaleza misma de las directrices que se eliminan, piezas fundamentales del sistema de planeamiento de Canarias) puede provocar". Según la profesora, y apoyándose en el referido dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, "la solución adoptada, en un ámbito como el de la ordenación del territorio y el urbanismo en el que convergen importantes intereses generales y particulares, puede generar un vacío normativo que podría afectar a la seguridad jurídica”.

 

Especial atención requirió del público presente para analizar el capítulo sobr plos proyectos de interés insular o autonómico, en cuyo artículo 124 estipula que “los proyectos de interés insular o autonómico tienen por objeto ordenar y diseñar, para su inmediata ejecución, o bien ejecutar sistemas generales, dotaciones y equipamientos estructurantes o de actividades industriales, energéticas, turísticas, culturales, deportivas, sanitarias o de otra naturaleza, de carácter estratégico, especialmente cuando se trate de atender necesidades sobrevenidas o actuaciones de carácter urgente".

 

Según el mencionado artículo, “los proyectos de interés insular o autonómico pueden ejecutarse en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación y calificación urbanística. No obstante, sólo podrá afectar suelo rústico de protección ambiental cuando no exista alternativa viable y lo exija la funcionalidad de la actuación pública de que se trate; y de forma excepcional y únicamente para proyectos de iniciativa pública cuando se trate de suelo rústico de protección agraria".

A modo de conclusión

 

Emma Pérez Chacón-Espino finalizó con algunas preguntas: La liberalización del suelo: ¿Es la solución?, ¿Es posible consensuar otra cultura del territorio en Canarias? El modelo territorial que se dibuja en el proyecto de Ley del Suelo de Canarias no es sostenible, a su juicio. Ambos ponentes fueron muy selectivos, ya que en tan breve espacio de tiempo no se pudo hablar de los 408 artículos del PLS, de sus 23 disposiciones adicionales, siete disposiciones finales y anexos que se han ido incorporado en la tramitación previa.

 

Escasa importancia que se le da a la participación ciudadana

Monzón centró su exposición en la participación ciudadana, el papel que ha jugado y la importancia de la COTMAC. Así, manifestó que "hemos pasado de un derecho ciudadano y un deber de la administración al fomento (ver art. 8º de la vigente ley del Territorio- TRLOTENC-2000), a un "podrán participar" (art.6º del ALSC) y a una administración que en la tramitación de un PGO (art. 145º del ALSC) "recabará", "sustanciará una consulta pública, a través del portal web del ayuntamiento, por un plazo de un mes, en la que se recabará opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas..."

 

Reconoció que el Proyecto de Ley ha ido incorporando mejoras, pero aún son insuficiente, toda vez que en la COTMAC, por ejemplo, "tenía, en sus orígenes una importante representación de la sociedad civil, ahora en su D.A.23, excluye cualquier participación de la misma".

 

Puso como ejemplo los objetivos de la ONU en su Agenda 2030, donde se habla de una "sociedades participativas e inclusivas (16.7)". Evidenció las carencias conceptuales del PLS en materia de desarrollo sostenible toda vez en el artículo nº 3 sobre los principios del Desarrollo Sostenible, se olvidaron de la participación ciudadana, una de las premisas básicas del espíritu internacional que motivó cabo la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (ONU).

 

La respuesta de la plataforma “Canarias, territorio sostenible”

Ambos ponente participaron en representación de la Plataforma Ciudadana creada en marzo de 2016, donde figuran diversos cargos públicos, representantes de partidos políticos, profesionales independientes, Fundación Cesar Manrique, Pequeños y Medianos Empresarios, agricultores, sindicatos y personas a título individual. Su participación es libre.

 

Han elaborado un manifiesto de 19 puntos, que en su último refleja el sentimiento actual y que quedó reflejado en el debate suscitado. Punto 19 de la Declaración/Manifiesto "Para que sea posible abordar ese propósito con garantías y solvencia, reclamamos que el Parlamento acepte las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley del Suelo para reiniciar un nuevo proceso legislativo o, en todo caso que, tras un nuevo periodo de información pública efectiva, transforme el actual Proyecto en una Ley de Ordenación del Territorio con ambición de sostenibilidad y de futuro en beneficio de Canarias, del conjunto de sus ciudadanos y de las generaciones futuras".

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