TELDEACTUALIDAD
Telde.- El Ayuntamiento de Telde ha pedido al juzgado la suspensión del plazo para la firma de escritura de La Mareta hasta que el adjudicatario pague una parte del canon. Gómez del Castillo, en cambio, solicita un plazo de 12 meses desde la fecha de aprobación de la licencia de obras para abonarlo.
E l auto dictado por la magistrada María Olimpia del Rosario, en junio de este año, en el que le daba la razón al Ayuntamiento en el pleito por las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta y le instaba a formalizar la cesión del suelo a Julián Gómez del Castillo, sigue pendiente en los juzgados.
El Consistorio ha solicitado una suspensión del plazo de 30 días hasta que el adjudicatario acredite haber abonado el canon, cuyo primer pago asciende a 5 millones de euros, de los 14,5 totales, según publica Canarias7.
El responsable de Parque Comercial y de Ocio La Mareta ha respondido con varios argumentos. Entiende que se trata de un recurso de reposición encubierto o de un escrito ajeno al procedimiento de recurso fijado por la ley. En un extenso escrito solicita hasta 10 cuestiones que contradicen la postura del Ayuntamiento.
Pero también detalla los errores que se han cometido en años anteriores sobre el registro de la propiedad tras la devolución de los 13,2 millones de euros a Ambrosio Jiménez por la segregación de las parcelas.
Sobre el pago del canon, Gómez del Castillo requiere que tras tardar 13 años el Ayuntamiento de Telde en cumplir sus obligaciones, el Pleno apruebe un nuevo plazo de 12 meses desde la fecha de aprobación de la licencia de obras del centro comercial para realizar el ingreso completo del canon.
Nuevo Pleno
Gómez del Castillo pide que se vuelva a celebrar un Pleno con el mismo contenido del 23 diciembre de 2011, que se anuló. Quiere que en esa sesión se acuerde la formalización del derecho de superficie 30 días después.
En la contestación que realiza Julián Gómez del Castillo a la petición de suspensión de formalización de la escritura también insiste en pedir una indemnización de 34,2 millones de euros, como ya lo hizo en un escrito en abril de este año. También solicita que se ordene por el juzgado el reequilibrio financiero del contrato por 5.720.828 euros como menor importe del canon, además de una indemnización de daños morales como ya requirió en abril de 2016 y en el recurso de apelación al auto que presentó
el 11 de julio.
Entre varias reclamaciones, solicita que se declare la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 10 de febrero de 2015 y que ordene al Registro de la Propiedad que anule las inscripciones de agrupación de la finca que fue anteriormente segregada y vendida. Además, que se deduzca testimonio y se notifique a Fiscalía la existencia de un posible delito de prevaricación de a los componentes de la Junta.
Por otro lado, pide que se ordene a la empresa de Ambrosio Jiménez la devolución de los 13,2 millones que cobró del Ayuntamiento por considerar nulo el pago al haberse realizado mediante un convenio falsificado.


























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