TELDEACTUALIDAD
Telde.- El empresario Julián Gómez del Castillo ha pedido al Juzgado de Instrucción número 2 de Telde que cite a declarar en calidad de investigadas (lo que antes era imputada) a la alcaldesa Carmen Hernández y a la concejala Ceste López –responsable de Economía y Hacienda– en relación a la causa que este Tribunal instruye por las polémicas parcelas P1 y P2 de La Mareta y el expediente de reintegro ordenado por los pagos indebidos del ICO de 2012.
Así lo reconocía esta tarde la propia regidora en respuesta a una pregunta del comunicador Ezequiel López, durante una entrevista que ofrecía en el espacio radiofónico que este presentador dirige en Radio Faycán. Esta petición, confirmada en otras fuentes por TELDEACTUALIDAD, se une a la de ampliar de seis a otros dieciocho meses el plazo de instrucción, algo que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal permite si la causa se declara como compleja.
Hernández, que se mostraba respetuosa con la Justicia, aseguraba que no sabe a qué obedece esta petición de Gómez del Castillo, aunque precisaba que ya ha tenido que “sufrir presiones de ese empresarios cuando estábamos en la vía de la mediación”.
“Ese señor, en sede judicial, ha pretendido que el Ayuntamiento de Telde le indemnice por 90 millones de euros cuando no ha invertido ni un solo euro en esa zona”, explicaba Carmen Hernández.
La mandataria, que desconoce si otras partes personadas en la causa han pedido también su citación como investigada, como pudiera ser el caso de Más por Telde, aprovechaba para mandar un mensaje a su ex socio de Gobierno y líder de Más por Telde: “Esperemos que el señor Juan Francisco Artiles no se dedique a sumarse a iniciativas de empresarios privados, porque ya sería algo un poco extraño. Sobre todo en contra de la máxima autoridad de la ciudad. No lo entiendo bien”, sostenía la regidora teldense.
En el escrito que Gómez del Castillo presenta ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, documento al que ha tenido acceso este periódico digital, el empresario sostiene que Hernández y López ha continuado con las actuaciones de anteriores gobiernos en relación a la "protección ilegal" de los intereses de la empresa de Ambrosio Jiménez y han permitido que el expediente de reintegro caduque.
Asimismo, solicita que se incorpore a la investigación judicial la Unidad de Ayuda contra la Corrupción del Consejo General del Poder Judicial y que esta macrocausa se desgaje en piezas separadas.
Fragmento del escrito de Gómez del Castillo ante la Justicia
“Por continuar las actuaciones de los gobierno anteriores desde 2003 en relación a la protección ilegal de los intereses de Proyectos Inmobiliarios Las Arenas S.L. y de su propietario Ambrosio Jiménez”.“Para dar apariencia de legalidad a sus actuaciones, doña Carmen Hernández ordenó la apertura de un expediente de reintegro mediante decreto de Alcaldía núm. 1670 de 6 de noviembre de 2015. Pero, con el objeto de seguir dilatando la ejecución de las sentencias emitidas por los juzgados de lo contencioso, como viene sucediendo desde hace 5 años con las tenencias y autos del Juzgado de lo Contencioso núm. 3, en dicho decreto ordena la apertura de expediente de reintegro de todos los pagos aprobados en el Pleno anulado de 15 de mayo de 2012 y no de los pagos declarados ilegales por el Tribunal de Cuentas, Proyectos Inmobilarios Las Arenas S.L., Aguas de Telde, etc.; y que están siendo investigados en el presente procedimiento”.“No contentas con ello, las citadas munícipes han dejado que caduque la orden de apertura de los expedientes de reintegro que consta en el decreto de alcaldía citado, sin realizar acto administrativo alguno, lo cual se corresponde, una vez más, con la arbitrariedad que preside todos y cada uno de los actos ilegales del Ayuntamiento de Telde en favor de Proyectos Inmobiliarios Las arenas S.L. y su propietario Ambrosio Jiménez”.
Así las cosas, ahora será la magistrada la que decida si accede o no a citar en sede judicial a Carmen Hernández y Celeste López en calidad de investigada, y al resto de peticiones que formula Gómez del Castillo.
El caso La Mareta, camino de un culebrón
El proceso abierto por las parcelas P1 y P2 de La Mareta está relacionado con la adquisición, hace ya más de una década, de los derechos de superficie de estas importantes piezas de suelo ubicadas en el parque comercial de La Mareta, la llamada milla de oro de Telde, por parte de Julián Gómez del Castillo.
Un terreno que hoy, más de 12 años después, sigue sin desarrollarse y envuelto en un litigio judicial que comenzó al anularse la concesión que el Gobierno de Telde otorgó al empresario durante el mandato 2003-2007, para posteriormente adjudicársela al también promotor Ambrosio Jiménez, decisión esta última revocada por la Justicia.
El Ayuntamiento de Telde y el empresario Julián Gómez del Castillo intentaron, sin éxito y a propuesta de los propios Tribunales, llegar a un acuerdo a través de un proceso de mediación. En el transcurso de estas negociaciones, Gómez del Castillo llegó a pedir en declaraciones a los medios de comunicación una indemnización de 90 millones de euros.
Este proceso judicial derivó en una macrocausa al unirse en una sola la pieza con otra que entonces caminaba de manera paralela por la vía penal, promovida en 2013 –como acusación popular– por el edil Juan Francisco Artiles en representación de Más por Telde. Esta denuncia ponía en tela de juicio la fórmula mediante la que el anterior gobierno pagó 13,2 millones de euros a Ambrosio Jiménez por la parcela de La Mareta, recurriendo para ello a un crédito avalado por el ICO que no podía usarse para ese fin.
Según recogía meses atrás este periódico digital haciéndose eco de una información de Canarias 7, MxT, ya estando en el gobierno junto a NC y PSOE, pidió personarse en la causa como acusación popular. Pretensión que la jueza acabó aceptando.
Perjuicio para el Ayuntamiento
Más por Telde motivó su deseo de personación en que la decisión del Consistorio de usar “de forma indebida” un colchón de crédito que le ofreció el Estado en 2012 para saldar deuda a proveedores supuso un “perjuicio claro para los intereses generales” de Telde y un “beneficio ilícito” para las personas físicas y jurídicas que obtuvieron esos pagos, entre los que señala a Jiménez, pero también a Aguas de Telde, a la empresa Royal Urbis y a una familia que se le debía una expropiación.
Fruto de ese crédito se generó “un enorme endeudamiento” que ha supuesto un “drástico recorte” en servicios públicos. Además, justificó esta personación para cumplir las obligaciones que le marca la Constitución como ediles que son, antes en la oposición y ahora en el gobierno.
En esta ya macrocausa se averigua si el gobierno anterior incurrió en delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental o desobediencia a la autoridad. Entre los investigados figuran la exalcaldesa Mari Carmen Castellano y el exedil de Urbanismo, Francisco López.
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