La interventora pide más recursos para fiscalizar el funcionamiento del Ayuntamiento de Telde

Telde.- El área económica es junto con la Asesoría Jurídica y los departamentos de Urbanismo y Planeamiento uno de sus núcleos estratégicos del Ayuntamiento de Telde. Sin embargo, los graves problemas económicos y las limitaciones que en materia de personal soporta desde hace años el Consistorio local afectan al normal desarrollo de sus funciones.

 

La interventora general del Ayuntamiento de Telde, Paloma Goig Alique, advierte de esta circunstancia en el primero de los cuatro informes anuales que esta habilitada nacional tiene obligación de elaborar a lo largo de cada ejercicio para informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública sobre el grado de cumplimiento del Plan de Ajuste. Un programa de restricción de gastos al que desde 2014 está sometida la Institución municipal y que fue requisito sine qua non para recibir, entonces, un crédito ICO de 71,5 millones de euros a devolver en dos décadas.

 

Goig, que desembarcó en el Consistorio teldense hace algo más de un año, en abril de 2015 en sustitución del ya jubilado Enrique Orts, pide más personal y herramientas técnicas para el departamento de Intervención: “La elaboración de los informes de seguimiento del Plan de Ajuste es muy compleja y laboriosa. Dado que debe realizarse periódicamente, en los 30 días siguientes a la finalización de cada trimestre natural. Debe dotarse a esta Intervención General de medios humanos y técnicos adecuados, dada la insuficiencia de los medios para el ejercicio de las funciones de control interno del Ayuntamiento”, explica en las conclusiones de esta memoria.

 

Además, en dicho documento remitido a Madrid también incide en que, tal y como recogía este periódico digital el pasado sábado, se sigue incumpliendo la Ley de Morosidad. El Ayuntamiento de Telde tarda una media de 173 días en pagar a sus proveedores, frente a los 30 días de plazo máximo que para ello establece la norma.

 

Asimismo, la alta funcionaria recoge que hasta la fecha no puede evaluar si la Institución municipal será capaz de reconocer los derechos anuales que le corresponden por el alquiler de los locales públicos del paseo de Melenara, 120.000 euros, ni se cumple con el compromiso de reducción de personal (para el año 2016 se acordó la no reposición de la mayoría de los trabajadores municipales que se jubilaran en el presente ejercicio.