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Miércoles, 18 de Febrero de 2026

Actualizada Miércoles, 18 de Febrero de 2026 a las 10:30:52 horas

El denunciante del caso, Miguel Ángel Rodríguez (Foto CanariasAhora-Alejandro Ramos) El denunciante del caso, Miguel Ángel Rodríguez (Foto CanariasAhora-Alejandro Ramos)

Zurita, exasesor jurídico de Urbanismo, declara que la firma que está en el expediente de El Calero no es suya

Aseguró al tribunal en su declaración de este martes como testigo que no sabe quien le falsificó su rúbrica, pero el fiscal apunta a Mena

Cojeda2 Martes, 17 de Mayo de 2016 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El  que era asesor jurídico del Ayuntamiento de Telde cuando saltó el Caso Calero,  Miguel Ángel Martín Zurita, que también estuvo imputado en la causa, manifestó este martes en su declaración en el juicio oral que la firma que figura en el expediente de reparcelación de El Calero no es suya y que no sabe quién se la falsificó.

 

Según la Fiscalía, fue el procesado Mena quien "estampó" esa firma porque necesariamente debía contar con ella.

 

Zurita ha señalado que lo ocurrido con Rodríguez suele pasar cuando se llevan a cabo unidades de actuación y que a los propietarios que se dejan fuera se les incorpora en el proceso urbanizador, pues muchas veces se enteran cuando está el "tractor delante de su casa".

 

El arquitecto Jesús Álvarez, que también ha declarado como testigo, ha indicado que elaboró un informe copia íntegra del Plan General de Telde para la ejecución de la unidad de actuación de El Calero a petición de Machín, pero que le advirtió que no tenía validez y que no lo incorporara y, sin embargo, se incluyó en el expediente.

 

Álvarez ha reconocido que su estudio elaboró el proyecto de urbanización, pero que no tuvo nada que ver con el expediente de reparcelación ni con ninguna otra cuestión relativa al Ayuntamiento, con el que dejó de colaborar en mayor de 2003.

 

El jueves, informes finales e intervenciones de los tres acusados

El juicio está previsto que concluya el próximo jueves con la presentación de los informes finales y el derecho a la última palabra de los tres acusados, quienes se enfrentan a penas de 4 y 5 años de prisión y por delitos de prevaricación administrativa y falsificación de documentos. Efe.

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