Avance: El PP tilda de "atropello" el cobro de recibos del IBI con retroactividad

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El recibo de la contribución vuelve a traer de cabeza a los vecinos de Telde. Una revisión catastral realizada a instancias del Ministerio de Hacienda va a suponer, presuntamente, la llegada del pago de importes atrasados a todos aquellos que hayan realizado obras de ampliación de sus bienes inmuebles y hayan sido cazados a través de fotografías aéreas.

Tal y como avanzó TA, el PP ha comparecido hoy en rueda de prensa para exigir que se paralice el cobro del recibo de este año, solicitar la apertura de un nuevo periodo de alegaciones y la articulación, en el peor de los casos, de un plan para que los ciudadanos puedan afrontar el pago correspondiente a este ejercicio de manera fraccionada.

Según la versión aportada por los ediles del grupo popular, la revisión la ha ejecutado el organismo autónomo Valora, que es el que colabora con el Consistorio en la recaudación de tributos. En un primer momento, hay afectados a los que les ha llegado una carga extra de unos 60 euros, aproximadamente, pero ese importe se corresponde con una especie de tasa, y no con el dinero que supuestamente tendría que abonar con carácter retroactivo. Y es que, aseguran los munícipes conservadores, lo que se pretende es que cada vecino atienda el pago atrasado de los últimos cuatro años. El fenómeno se está dando en 15 de los 21 municipios de gran Canaria, sostienen.

Esta medida es considerada por el PP como un "atropello" del gobierno hacia la ciudadanía, algo injusto, ilegal y desproporcionado. No entienden cómo es posible que se le exija a un vecino abonar un importe de 2012, 2013 ó 2014 cuando la supuesta prueba visual de que se ha construido de más data de 2014 y no se hace oficial hasta junio de 2015. A ello añaden la aparente existencia de múltiples fallos y errores en la tramitación y comunicación de dichos 'incrementos de superficie'. La herramienta utilizada para hacer aflorar estas obras de ampliación ha sido la realización de ortofotos (fotografías aéreas tomadas con helicóptero).

Si la medida no es modificada, además de los 60 euros que cada afectado ya ha tenido que pagar al Catastro en concepto de gestión, tendán que afrontar otros importes en concepto del IBI municipal y que varían en función de las obras que hayan hecho cada uno de los ciudadanos a los que se les haya detectado alguna irregularidad en sus viviendas.

Fallos procedimentales

Los populares están de acuerdo con la revisión y la regularización, pero denuncian los métodos empleados y, sobre todo, las formas, los errores producidos y el hecho de que se pretenda cobrar años sin prueba jurídica que confirme el incremento de las superficies de las viviendas.

De hecho, algunos afectados que se han puesto en contacto con el partido sostienen que no se les ha remitido notificación certificada, como determina la Ley, lo que ha hecho que se acaben publicando sus expedientes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas. La confusión ha sido la nota predominante, y es que muchos desconocen el concepto exacto por el que se les ha obligado a pagar, de entrada, 60 euros.

Ojo con Hacienda

Asimismo, el PP considera que las repercusiones ante Hacienda pueden ser muy graves tras indicarle el Ayuntamiento a Valora qué tipo impositivo debe aplicar. Advierten los concejales que, si se pagan cargas de años anteriores, se está aceptando de oficio que ya en el año 2012 la vivienda tenía más metros de los que fueron declarados en su momento, con lo cual los afectados se están exponiendo a que se les exija la realización de una declaración complementaria.

El PP monta una oficina de atención

Los populares no piensan quedarse de brazos cruzados. Para atender a los damnificados, comunican que van a abrir una oficina de atención y asesoramiento en la sede del grupo municipal (bajos del Parque de San Juan), entre las 9.00 y las 11.00 horas, y que ya han elaborado modelos de impreso para que los ciudadanos planten cara. Esta misma oficina abrirá martes y miércoles, de 17.00 a 19.00 horas, en la sede del partido, localizada en la calle El Roque.

Casos

Durante la rueda de prensa ofrecida hoy, se dieron a conocer algunos casos. Por ejemplo, el de un afectado que pagaba 95,74 euros al tener su vivienda valorada por el Catastro en 17.407 euros y al que ahora la reclaman el abono, en el recibo del IBI, de 1.200 euros tras haberse incrementado la valoración de su casa hasta los 231.500 euros.

Otro damnificado ha visto cómo dicho importe de la contribución pasaba desde los 1.750 a los 3.200. Y también es llamativo el de un vecino de Diseminado de Las Huesas, cuya vivienda se levanta en suelo rústico. Con el avance del Plan General, que aún no está en vigor, el terreno pasaría a ser rural. El caso es que la actualización de la norma no ha entrado en vigor, pero él sí que ha visto cómo el recibo del IBI se le disparaba hasta la estratosfera.

Un ciudadano presente en la comparecencia informativa aclaró que, con todo ello, lo que se está consiguiendo es vulnerar el artículo 9.3 de la Constitución Española - “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”- al igual que el 25.1: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”).