El Cabildo pide tener voz y voto en los órganos de coordinación del Aeropuerto de Gando

Telde.- El Pleno del Cabildo de Gran Canaria acordó este pasado viernes por unanimidad instar al Gobierno de España a modificar el decreto que regula los Comités de Coordinación Aeroportuaria, para dar cabida en ellos a los cabildos. De este modo, la Institución Insular pasaría a tener voz y voto en el órgano relativo al Aeropuerto de Gando, principal puerta de acceso a la Isla e infraestructura estratégica para su desarrollo. Una reivindicación que en los últimos días también ha planteado a la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández.

 

A instancias del grupo de Gobierno, la moción pide la modificación de los artículos 2 y 11 del Real Decreto 697/2013, de 20 de septiembre, que regula la organización y funcionamiento de los Comités y que obvia la participación de los cabildos en los órganos en los que se tratan temas como la ampliación aeroportuaria o el desarrollo de los territorios anexos.

 

Por esa razón, ahora se solicita que el Gobierno estatal modifique el artículo 2, que regula la composición de los Comités, para permitir al menos la representación de las Islas cuyos aeropuertos registran mayor tráfico.

 

Con 10,6 millones de usuarios en 2015, el de Gran Canaria es el primer aeropuerto de Canarias y el quinto de España, tanto por tráfico de pasajeros como de mercancías y por número de operaciones.

 

El decreto recoge también la posibilidad de constituir una Comisión de Coordinación en los aeropuertos cuyo tráfico anual supere los 8 millones de pasajeros (en el caso de Gando, con 10,5 millones de visitantes al año, se supera sobradamente esta cifra), de ahí que la moción pida también modificar su artículo 11, el que regula la composición y funcionamiento de las Comisiones, para que los cabildos se conviertan en miembros natos y se haga efectiva la constitución de la Comisión de Coordinación del aeródromo grancanario.

 

Todo ello porque, según el grupo de Gobierno que lidera el nacionalista Antonio Morales, “resulta obvia la absoluta dependencia de Canarias de sus infraestructuras aeroportuarias, hasta el punto que la paralización de sus operaciones supondría el colapso de nuestra economía”, que depende en más de un 30 por ciento del turismo y, por tanto, de la operatividad de los aeropuertos.

 

Según el “Estudio del impacto social y económico de los aeropuertos en Europa”, elaborado para el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), el Aeropuerto de Gran Canaria genera 600 empleos directos por millón de pasajeros, es decir, de 6.360 puestos de trabajo directos y unos 81.593 indirectos en 2015.

 

La moción se sustenta además en tres normas fundamentales, la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Ley de Cabildos, que otorgan un peso específico a los Gobiernos insulares con competencia en materias que pretenden coordinar los comités: la ordenación del territorio, la accesibilidad, la intermodalidad y el medio ambiente.

 

“Resulta cuanto menos asombroso que el legislador estatal desconozca la norma básica del ordenamiento jurídico español, es decir, la Constitución Española de 1978, que en su artículo 141.4 determina que, en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos o consejos”, subraya el texto.