La información jurídica que maneja el Ayuntamiento indica que a Gómez del Castillo no le corresponde indemnización por La Mareta

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Telde.- La Institución municipal, basándose en la información jurídica que maneja, ha llegado ahora a la conclusión de que el empresario Julián Gómez del Castillo, representante de la empresa Urbagest y poseedor del derecho de superficie (alquiler) de las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta, no tiene derecho alguno a recibir cantidad indemnizatoria por no haber podido ejecutar, por los más diversos motivos, el proyecto que le fue aprobado en 2003.

Así lo avanzó esta mañana la alcaldesa Carmen Hernández a los medios de comunicación que acudieron a su encuentro tras la celebración de la Junta de Gobierno. La regidora dedicó varios minutos al repaso de las últimas negociaciones, infructuosas por otra parte, mantenidas entre el inversor y el Consistorio mediante la figura de la mediación judicial y que no buscaban otra cosas más que desbloquear una iniciativa empantanada en tribunales y luchas político-económicas desde hace más de una década.

Hernández manifestó que durante las reuniones no se habló de cantidad indemnizatoria concreta, aunque el empresario sí ha manifestado en diversos foros que ha reclamado hasta 90 millones al no poder ejecutar su propuesta. Lo cierto es que, en palabras de la presidenta de la Corporación, “las posturas estaban absolutamente alejadas y no había posibilidad alguna de acercamiento. Sus propuestas eran inasumibles por la Administración local”, enfatizó.

Gómez del Castillo acusó a políticos de Telde de trabajar a las órdenes del promotor Ambrosio Jiménez y también reprochó en las ondas un presunto desinterés de la alcaldesa por buscar una salida al conflicto, pero esta rechazó hoy de forma contundente esta última acusación. Para ello, manifestó que ha estado plenamente informada del desarrollo de la mediación y “correctamente asesorada, siguiéndose las directrices dadas de no aceptar acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico o al interés de Telde”.

Cabe recordarse que, con la mediación a través del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, ambas partes buscaban un mecanismo para dar cumplimiento a la sentencia que obliga al consistorio a poner en manos del empresario los terrenos para su explotación. Al margen de esta vía, hay otros frentes abiertos en cuanto a las exigencias indemnizatorias lanzadas por Urbagest.

Hernández volvió a recalcar ante los periodistas que la recepción de las parcelas por parte de la firma y el pago del canon al que Urbagest está obligado, alrededor de 14 millones de euros, supondría “un balón de oxígeno para las arcas municipales” y una iniciativa de sumo provecho ante la previsible creación de gran cantidad de puestos de trabajo. “Un salvavidas económico para los próximos años”, redundó la mandataria.

En anteriores ocasiones, Gómez del Castillo criticó abiertamente al grupo de gobierno por no haber enviado a la mesa negociadora algún cargo público. A esta acudieron, por parte del consistorio, letrados. Una decisión adecuada según el criterio de la regidora, quien recalcó que el marco jurídico actual establece que es cada parte quien elige a sus representantes y que los designados por parte del Ayuntamiento estaban más que legitimados para dicha función.

A expensas del juzgado

Así las cosas, la alcaldesa llegó a la conclusión de que “esto lo tendrá que resolver ahora el juzgado, con una sentencia que respetaremos”, al tiempo que subrayó que, “hasta que no exista pronunciamiento judicial, no existirá fundamento legal para abonar ningún tipo de cantidad indemnizatoria”.

A preguntas de los periodistas, también desveló que “el Ayuntamiento no ha podido formalizar administrativamente la devolución de los terrenos porque el demandante no los acepta, y la jueza ha querido ver si a través de la mediación se llegaba a un acuerdo”.

Por último, concretó que “oficialmente lo que se nos ha pedido en un proceso que data de 2013 son 42 millones de euros. El resto son cantidades que se dicen en los medios”.