El embrollo judicial

Con la que está cayendo, uno se pregunta qué necesidad hay de introducir más ingredientes en la coctelera de la bronca continua en que se ha convertido el debate político. Lo digo a cuenta de la propuesta del Gobierno del PSOE y Podemos para modificar el sistema de elección de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva ya demasiado tiempo en fase de interinidad, pues su mandato expiró y ahí siguen a la espera de que haya la mayoría reforzada que fija la ley vigente.

Vaya por delante que esto de la designación de la cúpula judicial es una asignatura pendiente de nuestra democracia. Básicamente había dos formas de hacerlo: elegían los propios jueces en función de la correlación de fuerzas entre las asociaciones que representan a la judicatura, o lo hacia el poder legislativo. Se mire como se mire, aparecen argumentos para oponerse o defender cualquiera de las dos vías.

Básicamente una suena a endogámica y corporativista, mientras que a la otra se la achaca una intermediación de la política en otro poder real, lo que dinamitaría la teórica independencia judicial. Pero ya que hablamos de politización, a veces se nos olvida que las Cortes no son la representación de los partidos, sino de la voluntad popular, de manera que, puestos a elegir, suena más democrático todo lo que salga del Congreso que la resultante de una sobremesa entre asociaciones a ver cómo se reparten los cromos de los cargos.

Lo que chirría es que ahora se dé prisa a la renovación judicial, cuando sobre la mesa está resolver una crisis sanitaria sin precedentes que está pulverizando el tejido productivo. Como también me chirría que los integrantes del CGPJ anden tan preocupados con lo suyo y sean tan perezosos a la hora de explicar cómo hay tanta disparidad de criterios en las resoluciones judiciales cuando toca revisar las medidas contra el coronavirus, pues lo que en una autonomía se rechaza, en la de al lado se acepta.

De la misma forma, sorprende un poco la celeridad con que la Comisión Europea ha tomado cartas en el asunto. Lo digo porque se trata de la misma Comisión que en todo el estallido de la crisis sanitaria y su desarrollo ha sido incapaz de unificar criterios sobre cómo actuar, y cuando lo ha intentado, ha cosechado un fracaso estrepitoso. Ahí está lo ocurrido cada vez que se intenta unificar un criterio en torno a la movilidad entre países.

Con todo esto, creo que lo único que se logra es incrementar el descrédito en las instituciones. De manera que el discurso antisistema parte del propio sistema. O sea, el mundo al revés.

Francisco Suárez Álamo es director de Canarias7.