Parece un sarcasmo, pero no lo es, desde luego. Será un representante del partido ultraderechista Vox quien presida la comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento de Andalucía, en la que, finalmente, queda residenciado todo lo concerniente a la memoria histórica, concepto al que ponen todos los reparos posibles hasta el punto de haber forzado al Partido Popular -al que apoyan en la Junta- a sustituirla por una inicialmente denominada Ley de Concordia.
La norma andaluza de Memoria Histórica fue aprobada sin votos en contra, pero eso da igual con tal de estrechar asideros gubernamentales y satisfacer anhelos ideológicos.
No es un sarcasmo, no. Esa presidencia, el mismo cambio de denominación y la supresión de la idea sin ambages anticipan los derroteros. La resistencia a reparar olvidos, abandonos, daños morales, oscurantismos históricos e injusticias así como a eliminar simbología y derivados del régimen político anterior a la democracia, va a cobrar relevancia a tenor de los escarceos políticos que se van apreciando.
Mucho cabe temer que esa comisión y el tratamiento de las competencias que le sean asignadas sean un campo de confrontación ideológico-política que, tal como van las cosas últimamente en este país, abonará el encono y la crispación. Cabe prever que volverá a hablarse -ojalá que no- de revanchismo, de guerracivilismo, de inmovilismo, de reescritura de la historia y de un tercer tiempo que solo servirá para acentuar las diferencias. Si con ello, llegado el caso, es recurrente para desviar la atención de otros asuntos más gruesos y más delicados, misión cumplida.
No es un sarcasmo, claro que no. Que sea la formación ultraderechista, la partidaria de acabar con estos planteamientos memorísticos, la que presida ahora una comisión parlamentaria donde van a ser tratados y debatidos -es un decir-, resulta que ni adrede. Esa formación aspiraba a contar con una Comisión de Familias -menos mal que sin municipios ni sindicatos: hubiera sido ostensible, si nos permiten la digresión- pero la complicación de desgajar competencias de varios departamentos de la administración andaluza y los riesgos de solapamiento, impidieron que se consumara la intención.
Salvador García Llanos es periodista.

























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