Luz menos costosa

Algo se mueve. Por un lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que el Gobierno suprimirá temporalmente los efectos del impuesto del 7% que abonan las compañías productoras de electricidad y que repercute en la facturación final de los consumidores.

Ello significa que la recaudación estatal se reducirá en unos mil millones de euros. Esta merma se corregirá con modificaciones en otras partidas presupuestarias, Esta reducción, en efecto, se verá compensada, por ejemplo, con lo que se obtenga por los derechos de emisiones de C02 cuyo precio, en los últimos meses, se ha triplicado.

Y por otro, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado en sede parlamentaria que la deficiente regulación del mercado eléctrico obliga a adoptar medidas estructurales que ello deje de generar constantes subidas en el precio de la luz y, por consiguiente, en el coste del recibo de la luz para los ciudadanos.

Bueno, es un avance. Ante la resignación y la impotencia de los consumidores -alguna organización, como FACUA, es la excepción-, las primeras consecuencias apuntan a una reducción de la factura para los consumidores domésticos entre un 2 y un 4%, es decir, una reducción de dos euros para un cliente tipo medio. Algo es algo.

Así las cosas, y a la espera de conocer la reacción del imperio de las eléctricas, hay que dar más pasos que confieran credibilidad a la voluntad política manifestada por el Gobierno con estas primeras medidas. Esa pretendida reforma del mercado eléctrico no puede demorarse: precisa un gran pacto, sí; y la negociación seguro que será a brazo partido, pero requiere cierta urgencia para propiciar unas medidas que tranquilicen y alivien los gastos fijos de los ciudadanos. El gran objetivo es evitar el encarecimiento de la electricidad.

Por eso, independientemente de que esa regulación consigne medidas estructurales, no es menos importante para los consumidores comprueben que es factible ampliar la cobertura del denominado 'bono social eléctrico' y establecer ayudas para el uso de la calefacción pues son conocidas algunas lacerantes consecuencias, especialmente en los sectores más vulnerables.

Y ahora también habrá que estar muy atentos para que la rebaja del impuesto que se anuncia tenga una repercusión real y efectiva en el precio de la electricidad, tanto en lo que identificaríamos como el mercado mayorista como el recibo de la luz que pagan los usuarios. No menos atentos con otro concepto, el autoconsumo, que también necesita de regulación sólida, precisamente para evitar situaciones de discriminación.

Todos estos pasos se dan, suponemos, sin renunciar a un nuevo modelo, el de las energías renovables, el más limpio y el más eficiente, según reiteran los testimonios de los entendidos. Para algo habrá pensado Pedro Sánchez en eso, la transición ecológica, que da nombre a la cartera ministerial. El 32% de la generación renovable, fijado como objetivo para el año 2030, o sea, ahí mismo, es una meta ambiciosa a la que no será fácil llegar, menos si los planes de los que se disponga no son asumidos con decisión, coraje y buenas dosis de información para que haya conciencia de que lo energético sí que importa y a todos nos afecta.

Por ahora, algo se mueve.

Salvador García Llanos es periodista.