Transparencia, realidad o ficción

La Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

A esto le debemos unir el que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española.

Es por ello que un Gobierno transparente debe facilitar la información, sus planes de actuación y debe fomentar la rendición de cuentas a la vez que promover el control de la sociedad. Pero ¿por qué la transparencia? Indiscutiblemente  mejora el conocimiento de lo que se hace,  las actuaciones políticas y administrativas están abiertas a la sociedad, lo que lleva a que los cargos públicos sean más íntegros, con ello se eviten nuevos casos de corrupción y devuelva la confianza a los ciudadanos en sus gobernantes.

Los elementos que han hecho que la transparencia sea una "cuasirealidad", a mi entender, son los siguientes: por un lado la democracia, en sí misma, lleva a que la ciudadanía participe y esté informada de lo que se hace con su voto. La libertad en un estado democrático tiene que llevar aparejada una transparencia tal que no haga dudar a la ciudadanía de cómo están actuando sus dirigentes.

En una sociedad de la información, es ilógico que lo que haga el gobierno y los empleados públicos no sea de libre acceso a cualquier ciudadano (salvo aquellos temas relacionados con la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente). Por último, y no por ello menos importante, es el derecho de los ciudadanos a ser informados.

Por otro lado, los elementos necesarios para su desarrollo, son: En primer lugar la mayor conciencia ciudadana. Creo que este elemento es el punto básico y necesario para que se den los siguientes. En segundo lugar un papel esencial en la evolución  de las TIC, herramientas web con información de la administración donde aparezcan los sueldos de los gobernantes, los altos cargos, contratos, subvenciones, etc. En tercer lugar los últimos acontecimientos políticos en Europa y América han derivado  en un deseo cada vez mayor de la ciudadanía por conocer lo que hace su Gobierno. Finalmente está la corrupción política, que ha generado un movimiento social de lucha desde todos los ámbitos y sobre todo partiendo de la base, el pueblo llano.

Todo esto,  nos lleva a lo que realmente es la transparencia que no es otra cosa que la rendición de cuentas, que es la que argumenta la acciones de gobierno,  conduce a asumir responsabilidades y a informar y responder a la gestión. Esto es un gesto de responsabilidad pública, el hacer llegar a la ciudadanía la gestión de la manera más clara y accesible. Pero yo me pregunto ¿es la transparencia una realidad o todavía ciencia ficción? ¿La ciudadanía tiene acceso a toda la información? ¿Los ciudadanos están interesados en conocer las entrañas de la administración? Algo se está moviendo, pero mucho queda por hacer.

Finalizo con este párrafo del preámbulo de la Ley de Transparencia que dice: " Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico".

Esteban Gabriel Santana Cabrera es maestro y asesor educativo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.