Lo peor de todo es acostumbrarse al cinismo. Uno se acostumbra a que las cosas son así porque deben ser, como la noche sucede al día, y no hay razón de que los convenzan de lo contrario.
Sin embargo, no por gritar más alto se tiene más razón, ni por más común y repetido el acto es más válido. Lo que es una ilegalidad lo es, la cometa quien la cometa. El que hayamos ensanchado nuestro grado de permisividad hasta lo intolerable frente a la corrupción no justifica los desmanes que vivimos y aceptamos últimamente.
Que un decano de la facultad plagie y no dimita, o que un director de cine, como Pedro Almodóvar, defraude a Hacienda y siga acudiendo a Goyas y eventos nacionales como si no pasara nada, es sólo una muestra de lo que tomamos como “norma” a fuerza de hacerse costumbre.
En cierta manera subyace en todos nosotros la idea proveniente del siglo XVII de que está en el ADN del buen español ser un pícaro y un ladino, y que esto está intrínseco, en cierta forma, en nuestra manera de ser. Es esta y no otra la razón de que no salgamos a la calle a manifestarnos aireados ante la libertad provisional de Urdangarín, o las declaraciones del fiscal López Bernal sobre presiones y coacciones sufridas contra su persona. En todo español hay un corrupto, queremos pensar, en su lugar, a buen seguro, habríamos hecho lo mismo.
Tampoco ayuda el hecho de que aún vivamos en la transición hacia un estado de derecho, por mucho que algunos intenten hacernos creer que vivimos en un estado democrático: el matonismo, las corruptelas, las presiones a los jueces, son propias de un estado atrasado y en construcción.
Así como los Gal fueron un ejemplo de lo que las cloacas del estado pueden hacer a expensas de la ley y los ciudadanos, la corrupción reinante a todos los niveles es un reflejo de la huella de épocas pretéritas.
Muchos de los actuales políticos son hijos de esa misma dictadura y de sus mismas mañas para hacer y deshacer. La costumbre, ya digo, es difícil de desarraigar. Se comienza riéndole la gracia a una política que acuse a su partido de ofrecer cargos para la obtención de votos, como ha manifestado Cristina Tavío entre risas hace unos días, y se acaba permitiendo que un párroco salga inmune ante acusaciones de pederastia.
Nuestra capacidad de tolerancia no tiene límites. Lo peor de todo es que para aquellos que se rebelan contra este estado de cosas, como Ana Garrido, denunciante del caso Gürtel, o Azhara Peralta, denunciante de Acuamed, sólo les queda el despido y la incomprensión popular como respuesta. “El español medio piensa que somos unos idiotas” declararon hace unos días en El País. Siguen a la espera del juicio, sufrieron amenazas de muerte y siguen sin trabajo después de las denuncias. Dicen que lo han perdido casi todo. Y aún así, afirman que lo harían de nuevo. Aún nos queda esperanza.
Nieves Rodríguez Rivera es profesora de Lengua y Literatura.

























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.217.73