Un juez en apuros (XIV)

Una vez que se hizo pública por eldiario.es la grabación de la reunión que mantuvieron el magistrado Salvador Alba con el empresario Miguel Ángel Ramírez, que se puede calificar, como mínimo, de indecente, el abogado de la magistrada Victoria Rosell se puso a trabajar en un escrito, de 39 folios, que presentó nueve días más tarde en el registro del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Como es sabido, decaída la acusación de José Manuel Soria contra Victoria Rosell por los presuntos delitos de injurias y calumnias (delitos privados), sin encomendarse ni a dios ni al diablo Soria hizo suyos los informes elaborados por el magistrado Salvador Alba contra su compañera de profesión Victoria Rosell, desde el Juzgado de Instrucción Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria, donde la sustituía provisionalmente por el paso de aquélla a la política.

Esos informes elaborados por el magistrado Salvador Alba, y hechos como propios por Eligio Hernández, abogado de José Manuel Soria, para utilizarlos contra Victoria Rosell, acusándola de los delitos públicos de cohecho, prevaricación y retraso malicioso en la administración de justicia. Para ello Soria cambiaba de rol y, en lugar de actuar como acusación particular (por los presuntos delitos de injurias y calumnias), se convertía en acusador popular por unos presuntos delitos que no le afectaban, todo ello sin cumplir con los requisitos legales para estos casos y sin que le fueran exigidos por el Tribunal Supremo.

En el escrito que antes mencionaba, que fue elaborado por el abogado de la magistrada Victoria Rosell y presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se hizo un minucioso repaso de las que, la defensa de la magistrada, entiende como irregularidades del procedimiento.

Repasando, hay que recordar que el exministro Soria llevó a los tribunales a Victoria Rosell en plena campaña electoral de la Elecciones Generales celebrada el pasado 20 de diciembre, cuando la magistrada había dejado el ejercicio de su carrera profesional para presentarse, como cabeza de lista por la provincia de Las Palmas en la candidatura de Podemos, al Congreso de los Diputados. Coincidiendo con el inicio de esa campaña electoral, la Fiscalía Provincial de Las Palmas hizo público que se investigaba a la candidata de Podemos en unas diligencias prejudiciales, y esa noticia le venía como anillo al dedo a Soria, porque era el cabeza de lista del PP y rival de Victoria Rosell en esas elecciones.

Rosell vio en la publicación de esa noticia una maniobra política en su contra, y acusó a José Manuel Soria de estar detrás de la actuación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas en su contra.

Soria se querelló contra Rosell por injurias y calumnias ante los Juzgados de la Plaza de Castilla (Madrid), y, por reparto, esa querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, que la admitió a trámite “a pesar de su clamorosa incompetencia” porque, en esas fechas Victoria Rosell ya era diputada nacional y estaba aforada ante el Tribunal Supremo por esa condición. Una vez admitida a trámite la señalada querella (primera sorpresa), el juez titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid la remitió al Tribunal Supremo, que era el foro adecuado, al tener Rosell la condición de diputada nacional.

A la defensa de Victoria Rosell sorprendió también la interpretación de la Ley que hizo la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el conservador Manuel Marchena, amigo personal de Eligio Hernández, abogado de Soria, que condujo a la admisión a trámite de la querella de Soria en contra de la oposición, en dos ocasiones, de la Fiscalía del Supremo.

José Manuel Soria aparecía ante el Tribunal Supremo como acusación particular contra Victoria Rosell de unos delitos públicos que no le afectan personalmente (cohecho, prevaricación y retraso malicioso en la administración de justicia). La Fiscalía del Supremo solicitó la “la inadmisión a trámite de la querella por tal motivo”, sin embargo, el Tribunal Supremo, en contra del criterio de la Fiscalía, permitió a Soria subsanar tal anomalía legal, pero no le exigió la preceptiva fianza.

Una vez subsanado por José Manuel Soria el cambio de acusación particular a acusación popular, la Fiscalía vuelve a pronunciarse: no aprecia delito en la conducta de Victoria Rosell. Entonces, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo echa mano del artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para admitir la querella de Soria.

Para la defensa de Victoria Rosell, ese artículo está destinado a “filtrar las querellas interesadas contra jueces y magistrados”, pero entiende que Manuel Marchena traiciona el “tenor literal y finalidad” de dicho artículo 410 LOPJ.

La consecuencia inmediata de la admisión de la querella por parte del Tribunal Supremo no es que pida documentación al Juzgado de Instrucción Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria, para valorar si Victoria Rosell cometió los delitos que le imputa Soria, sino que su sustituto, Salvador Alba “elabore un informe sobre la instrucción que su antecesora había desarrollado en el caso del empresario y que le remita las declaraciones que había realizado éste en marzo”.

Pero, como se supo más tarde, ese informe está basado en unas declaraciones prefabricadas el día 16 de marzo, de las que ya se ha retractado el propio empresario ante la sustituta de Salvador Alba en el Juzgado de Instrucción Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Para la defensa de Victoria Rosell, ese informe “se halla muy lejos de constituir una información veraz y objetiva sobre el objeto interesado: no solo contiene datos objetivos falsos, susceptibles de ser calificados como delito de falsedad documental, sino que obedece a una sucesión de informes que denotan una evidente falta de imparcialidad y animadversión hacia mi representada, a quien se persigue y perjudica de forma evidente, como queda de manifiesto en la grabación”.

La objetividad e imparcialidad del magistrado Salvador Alba en relación con su compañera Victoria Rosell quedó en entredicho cuando la llamó “hija de puta” en la reunión preparatoria celebrada con Miguel Ángel Ramírez, tal y como se escucha en la grabación publicada de esa reunión.

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.